Procuraduría pide absolver al coronel (r) Luis Gonzaga en proceso por tortura

"Es mejor dejar libre a un culpable que castigar a un inocente", precisó el representante del Ministerio Público.

Ante una jueza especializada, el representante de la Procuraduría General solicitó que se emita fallo absolutorio a favor del coronel (r) Luis Gonzaga en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en el delito de tortura.

En su intervención, el delegado del Ministerio Público indicó que durante el juicio los testigos incurrieron en contradicciones sobre los hechos que rodearon la tortura de un civil el 24 de agosto de 1994.

En este punto indicó que pese a que existen elementos probatorios suficientes para inferir que la víctima fue retenida de manera ilegal y sufrió lesiones en su humanidad, sin embargo no se puede determinar que el uniformado incurrió en estos hechos.

Ante esto presentó una serie de elementos materiales probatorios, como el testimonio de un médico, que indican que no existe una certificación sobre una lesión en el recto. “De manera científica se ha descartado esta agresión (...) es mejor dejar libre a un culpable que castigar a un inocente".

A primera hora, el representante de la Fiscalía General pidió fallo condenatorio al señalar que existen pruebas que permiten inferir y demostrar que el hombre fue víctima de torturas, por lo que presentó una valoración psicológica y psiquiátrica.

Para el representante del ente investigador, la víctima era incapaz de auto infringirse estas lesiones, rechazado así los argumentos esgrimidos por la defensa del oficial.

"Se suprime tal posibilidad y con esto se desvirtúa la tesis de la defensa, quienes afirmaban todo era un montaje y una mentira de Gutierrez Soles, pues no es sostenible que este hombre se hubiera ocasionado estas heridas en la zona genital", indicó.

El 17 de septiembre de 2008, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la investigación, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por el caso.

La investigación

Los acontecimientos materia de investigación ocurrieron el 24 de agosto de 1994, cuando el civil, Wilson Gutiérrez Soler, fue sometido a un sinnúmero de torturas por parte de un grupo de uniformados que lo detuvieron en la calle 63 con carrera 13 en Chapinero, al norte de la capital.

La víctima indicó que los agentes de la fuerza pública le causaron daños irreparables, pues llegaron a quemarle sus genitales y fue objeto de grotescas agresiones sexuales, que le generaron lesiones en el ano, entre otros vejámenes.

Según su relato, los castigos físicos que recibió por parte de agentes de la Unidad Antiextorsión y Antisecuestro, Unase, de la Policía iban a encaminados a que aceptara su responsabilidad en casos de extorsión de los que no tenía idea.

Aparentemente, esto lo llevó a permanecer durante seis meses detenido injustamente, pues fue tal la presión física y sicológica que se vio obligado a declararse responsable de los hechos, como integrante de una banda a la que nunca perteneció.

El Tribunal Superior Militar había ordenado el archivo del proceso, pero diez años más tarde, el 17 de septiembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la investigación, tras percatarse de la falta de diligencia con la cual se adelantaron las indagaciones.

La decisión de la Sala Penal había estado precedida por la condena que sufrió la Nación a manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado colombiano había incurrido en una violación a la Convención Americana (de los DDHH).

El fiscal de segundo grado confirmó la determinación de primera instancia en la cual Gonzaga Enciso Barón había sido acusado de tortura y privación ilegal de la libertad, al tiempo que reiteró la imposición de media de aseguramiento en su contra.