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La Procuraduría General pidió formalmente evacuar la cárcel de mujeres en San Diego –ubicada en Cartagena- ante el grave deterioro que presentan las instalaciones. En la acción se advierte que existe un riesgo de desplome hecho por el cual se deben tomar las acciones inmediatas para proteger la vida e integridad de las reclusas y el personal administrativo.
El Ministerio Público resaltó que se ha desconocido por completo la orden judicial para adelantar un mantenimiento, adecuación y reparación de la edificación. La Corte Constitucional, por medio de la tutela T-126 de 2009, dio órdenes precisas para proteger los derechos fundamentales de la comunidad carcelaria. (Ver Interno, el restaurante de las reclusas de San Diego)
La Procuraduría presentó un informe de la visita adelantada al plantel en el que se evidenció “el aumento de vigas y columnas, que incrementa la posibilidad de desplome de la estructura en algunas zonas del lugar, lo que genera un peligro inminente sobre la integridad de las internas, el personal administrativo y las guardianías”.
La acción de desacato fue presentada ante el Ministerio de Justicia, el Instituto Penitencario y Carcelario (Inpec), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena.