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Este martes 10 de marzo se conoció el llamado a juicio disciplinario al director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, por supuestas irregularidades en un proyecto de viviendas fiscales en Tolima en el que se habría extralimitado en sus funciones y traficado influencias como director del Fondo Rotatorio de la institución. El Espectador conoció toda la acusación disciplinaria contra el alto oficial: la Procuraduría le imputó cuatro cargos, en un documento de 72 páginas, en el que se dan detalles de las presuntas irregularidades que habrían sido detectadas en noviembre de 2019 por el inspector de la Policía, el general William Salamanca. El asunto es tan delicado que la Procuraduría le pidió a la Fiscalía, a través de sus delegados ante la Corte Suprema, que investigue a Atehortúa por estos hechos.
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Según el Ministerio Público, en cabeza del procurador general Fernando Carrillo, Atehortúa habría tenido un "desconocimiento del principio de responsabilidad, faltado a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado" en el desarrollo del proyecto. El general Atehortúa fungió como director del Fondo Rotatorio de marzo de 2014 a junio de 2016. Sin embargo, el contrato por el que hoy se le investiga disciplinariamente fue suscrito en octubre de 2011 por la entonces cabeza del Fondo, el coronel Saúl Torres Mejía. En la acusación, la Procuraduría cita varios apartes del marco contractual del ahora documento cuestionado.
En el contrato para la construcción de 59 casas fiscales de la Policía en San Luis, Tolima, se hizo bajo la modalidad de llave en mano por cerca de $10.930 millones. Duró desde octubre de 2011 hasta que fue liquidado el 17 de diciembre de 2015 y, además, el proceso de construcción del proyecto inmobiliario fue vigilado por una interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el informe final de la institución de educativa, de junio de 2014, se informó que la obra tenía un retraso del 3 %. Sin embargo, meses después otro informe de interventoría determinó que era del 11 %, equivalente a $1.238 millones.
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La Procuraduría dice que el general Atehortúa, ya como cabeza del Fondo Rotatorio, a pesar de los "graves retrasos" en la obra, suscribió un acuerdo con el contratista en el que le daba plazo hasta mayo de 2015 para terminar las 59 casas fiscales. No obstante, dice el Ministerio Público, en julio de ese año, la Dirección de Bienestar Social de la Policía revisó las casas y encontró "serias falencias en la calidad de la obra", como "aires acondicionados en mal estado, vidrios rotos, sanitarios dañados, enchapes con fisuras, tomacorrientes sin funcionamiento", entre otras.
No le correspondía al general Atehortúa, dice la acusación, archivarle al contratista de la obra ante los evidentes incumplimientos. El propio oficial, quien ahora es general de la Policía y dirige la institución, dejó constancia cuando recibió la obra a finales de julio de 2015 de las deficiencias, asegura el Ministerio Público. Un mes antes, Bienestar Social de la Policía le había dado 30 días más a los constructores para que dejaran impecable la obra. "En lugar del archivo realizado, demandaban la imposición de las medidas correctivas en aras de velar por la calidad del objeto contratado y salvaguardar el patrimonio público", aseguró la Procuraduría.
Aunque avanzaba una investigación en su contra por el tema de las viviendas, el general Atehortúa no se declaró impedido mientras fungió como inspector de la Policía entre abril y diciembre de 2018, reprocha la Procuraduría. En junio de ese año, el predecesor a la cabeza de la Policía, Jorge Hernando Nieto, le pidió al general Atehortúa que delegara a personal de la Inspección para que se revisara la auditoría realizada sobre las 59 casas fiscales de San Luis, Tolima y en las que se habrían cometido presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto. Segun la Procuraduría, Atehortúa conoció la documentación que hacía parte de la investigación interna.
"Durante el periodo transcurrido entre el 25 de junio de 2018, fecha en la que se profirió apertura de la indagación preliminar por el proyecto inmobiliario y la fecha en la que el aquí investigado dejó la inspección (13 de diciembre de 2018) no manifestó estar incurso en el causal impedimento que pesaba sobre él (...)", dice el Ministerio Público, quien añadió que en ese expediente Atehortúa tenía interés directo que en la actuación disciplinaria no lo comprometiera. La Procuraduría dice que el tercer cargo que se le imputa a Atehortúa se habría cometido en una suerte de efecto dominó.
Ya como director de la Policía, en diciembre de 2018, el general Atehortúa habría tratado de inmiscuirse en ese proceso a través de un subordinado. Según el pliego de cargos, el director de la Policía recurrió a un capitán para que le suministrara una línea de tiempo de todo el proceso en el que él estaba siendo investigado, lo que constituiría una extralimitación en sus funciones. "Durante el trámite de la investigación, Atehortúa accedió a esta a través del capitán José Fernando Llanos a información que por reserva legal solo debe ser conocida por el funcionario a cargo de la investigación", aseguró el Ministerio Público.
Y añadió que "se determinó que el capitán Llanos Narváez, a pesar de que se encontraba haciendo curso de ascenso cuando suministró la información requerida por el Director General de la Policía, seguía siendo el jefe del Grupo Especial de Investigación de la Inspección General de la Policía, posición desde la cual podía averiguar por el proceso tramitado en esa dependencia". La Procuraduría explica que mientras Llanos hacía su curso, este le pidió a una subalterna de su grupo que pidiera el expediente al Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia. El capitán Llanos, dice el Ministerio Público, realizó un informe detallado del proceso por las casas fiscales.
"Así las cosas, con la extralimitación de funciones verificada a partir de la obtención de información de un proceso que no era de su competencia, por parte de quien ostenta la segunda instancia (el capitán Llanos) se puso en riesgo y se podría afectar la independencia, autonomía e imparcialidad que se debe predicar de las autoridades disciplinarias, vulnerando así el principio de moralidad que rige a la función administrativa". En esa cadena de irregularidades que dice la Procuraduría cometió el general Atehortúa, está una supuesta solicitud al inspector general de la Policía, el general William Salamanca, de que ese expediente, basicamente, no avanzara.
Por último, el cuarto cargo endilgado al general Atehortúa tiene que ver con que mandó a unas vacaciones de 400 días al inspector del Policía, cuando éste estaba investigándolo. Esa decisión desencadenó a finales de 2019 choques en la cúpula de la institución que se hicieron públicos. Por orden presidencial, el general Salamanca pudo regresar a su cargo. No obstante, para la Procuraduría, la decisión podría constituir un uso indebido de la influencia derivada del ejercicio de su cargo. Es decir, el director pudo haberse aprovechado de su prominencia en la institución para buscarse un resultado favorable.