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A través de un informe de vigilancia preventiva, la Procuraduría reclamó el cumplimiento de estándares mínimos de alojamiento, en ocho cárceles del país, para mujeres gestantes y lactantes, con niños menores de tres años. De acuerdo con el Ministerio Público, actualmente entidades el cómo el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y el Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), que han firmado convenios con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), no cumplen con las condiciones suficientes para llevar a cabo integralmente el programa de ‘Cero a Siempre’.
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres recomienda a las tres instituciones que se reforme la estructura de los centros de reclusión femeninos, con el objetivo de disponer los espacios necesarios para que los niños desarrollen sus actividades y tengan condiciones de higiene, salubridad y seguridad. En el documento, conocido por El Espectador, el órgano de control solicita la pronta intervención en tres aspectos fundamentales: infraestructura, salud y educación.
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Los ocho establecimientos carcelarios analizados por la Procuraduría se asociaron con el Icbf en el marco de una estrategia gubernamental de atención a la primera infancia denominada de ‘Cero a Siempre’. El Icbf, en desarrollo del servicio de atención en el aspecto nutricional, por ejemplo, tiene la responsabilidad de garantizar el aporte alimentario que cubra el 100% de la nutrición de los niños y niñas durante todo el año. Además, el instituto debe realizar seguimiento a su desarrollo físico y nutricional y promover su desarrollo psicosocial y cognitivo, procesos que tendrían serias dificultades por falta de infraestructura.
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Por ejemplo, en la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá, la Procuraduría recomienda “distribuir equitativamente el alojamiento de las mujeres privadas de la libertad por pabellón con el fin de evitar condiciones de hacinamiento y sus implicaciones. Mejorar y adecuar servicios básicos en los alojamientos, el funcionamiento de sanitarios y la disposición de basuras”. De acuerdo con estadísticas del Inpec, ese establecimiento tiene capacidad para 1.258 reclusas, sin embargo, el total de la población actual es de 2.241 internas.
Por otro lado, la Cárcel El Pedregal de Medellín tendría fallas tan dicientes en su infraestructura, que el Centro de Desarrollo Infantil está detrás del pabellón de sanidad, lo que para la Procuraduría significa un riesgo para la salud e integridad de los niños. Sin embargo, el Ministerio Público reconoce que el pabellón 7, que está asignado para mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia y madres con hijos menores de tres años, “goza de una ambientación realizada por sus mismos participantes, lo que le da al espacio más vida y color, sentido de pertenencia y concepción del espacio como su entorno hogar”. Además, se verificó que la alimentación de las mujeres cuenta con alto contenido nutricional.
El Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, por su parte, tendría problemas para desarrollar un modelo adecuado de atención en salud. La Procuraduría recomendó brindar servicios de pediatría y ginecoobstetricia. Además, realizar seguimiento a los principales eventos en salud y fortalecer acciones de prevención y promoción de la salud en sexualidad. “En el establecimiento carcelario no se realiza consulta de ginecología y obstetricia; las remisiones a otros centros, son generalmente por amenaza de aborto”, asegura el Ministerio Público.
La Procuraduría evaluó de la misma forma a los otros cinco establecimientos carcelarios, los cuales fueron calificados con respecto a sus falencias y fortalezas, en el marco del desarrollo del programa de ‘Cero a Siempre’. El Ministerio Público reconoce que la mayoría de lugares deberían reformar su infraestructura y cumplir con las condiciones mínimas de alojamiento. “Se recomienda adelantar las gestiones necesarias para que las entidades competentes garanticen el acceso a los servicios públicos domiciliarios básicos de la población privada de la libertad”, agrega el ente de control.
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En cuanto a los servicios de salud, la Procuraduría recomienda fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud en sexualidad y control natal al interior de los ocho centros de reclusión de mujeres a los que les puso la lupa. Así mismo, pidió se utilicen los recursos con que cuenta cada lugar para garantizar prestación de servicios de baja complejidad. Por ejemplo, la evaluación fue deficiente en el caso de la Cárcel de Mujeres de Popayán: “el consultorio médico estaba en deplorable estado, demasiada humedad, paredes en pésimo estado y pintura deteriorada”.
Sobre la educación, el Ministerio Público recomienda ampliar la cobertura de los programas de educación y formación laboral para mejorar las competencias de las mujeres que consigan trabajo una vez salgan de la cárcel. Además, impulsar nuevas estrategias que permitan a las internas mejorar su autoestima y reducir las tensiones entre compañeras. Finalmente, la Procuraduría enfatizó que los ocho centros carcelarios podrían incentivar la participación de las mujeres gestantes y madres lactantes en los programas de educación formal e informal, para ayudar con su proceso de resocialización y reincorporación a la sociedad.
Lo invitamos a seguir nuestro especial Covid 19 en las Cárceles. Un trabajo en conjunto de El Espectador, la Fundación FES en Colombia y el Grupo de Prisiones y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes.