Procuraduría pide que plan de recuperación de San Andrés incluya al pueblo raizal

Providencia. AFP

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“Con el objetivo de lograr una mejor articulación entre el Estado y las comunidades como uno de los pasos neurálgicos en el marco de la atención de la emergencia y la fase de reconstrucción, es importante garantizar la participación efectiva del pueblo Raizal, conocedor de su territorio, con características culturales, económicas y sociales particulares”. De esta forma el procurador general, Fernando Carrillo, inició una carta enviada al presidente Iván Duque para que haya coordinación nación-territorio en el plan de recuperación de San Andrés y Providencia, afectados por el paso del huracán Iota.

“La política nacional para la gestión del riesgo garantiza el principio de diversidad cultural, al reconocer los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, por lo cual es primordial que este proceso de reconstrucción, se caracterice por el reconocimiento de las particularidades culturales del pueblo Raizal”, dijo Carrillo al destacar la declaratoria de la situación de desastre en el archipiélago que hizo el gobierno a través del Decreto 1472 del 18 de noviembre de 2020.

No obstante, la entidad instó al Gobierno Nacional “para que agilice las acciones tendientes a la elaboración del plan de acción especifico, involucrando al Pueblo Raizal en la toma de decisiones, con el fin de garantizar sus derechos y a su vez evitar eventuales traumatismos en la elaboración y ejecución del mismo. Es imprescindible que dicho plan de acción no deje de lado aspectos sensibles para la comunidad, como la protección del medio ambiente, fundamental en un hábitat costero, la educación propia de los isleños, su cultura y el desarrollo de infraestructura que corresponda a las necesidades reales de los habitantes de la isla”.

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Carrillo le asignó funciones a Polo Montalvo, procurador Delegado para la Restitución de Tierras, para coordinar al interior de esa entidad el seguimiento preventivo al plan de emergencia que establezca el Gobierno nacional. En días pasados, el Ministerio Público anunció que hará seguimiento a dicho plan y que solicitará “que las nuevas construcciones cumplan con las normas de sismoresistencia y que también puedan enfrentar el impacto de los vientos. Así mismo, insistirá que en las islas se construyan refugios que garanticen albergue a los ciudadanos ante alertas por fenómenos climáticos como huracanas y/o tsunamis”.