Procuraduría pide rechazar solicitud para revisar fallo que tumbó consulta antitaurina

En un concepto ante la Corte Constitucional señala que el entonces alcalde Gustavo Petro se extralimitó en sus facultades.

En un concepto presentado ante la Corte Constitucional la Procuraduría General le solicitó formalmente que niegue las pretensiones de la acción judicial que busca revivir la consulta antitaurina en Bogotá. En el documento radicado se le pide al alto tribunal que deje en firme la decisión tomada por el Consejo de Estado en septiembre de 2015.

El Ministerio Público argumenta en el documento que no existen motivos para revisar de nuevo este caso, puesto que como lo señaló en su momento el máximo tribunal de lo contencioso administrativo el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego se extralimitó en sus funciones al convocar dicha consulta al intentar regular estos asuntos de interés popular mediante la consulta popular.

En este sentido explica que la figura de la consulta popular no “es el mecanismo idóneo” para revisar una práctica que está estipulada en una ley, resaltando que la misma no tiene la facultad para derogar una norma del Congreso de la República puesto que esta tiene una “competencia legislativa y que, por lo tanto, es vinculante y de obligatorio cumplimiento”.

Debido a esto pide dejar en firme la decisión del Consejo de Estado que determinó en su momento que se había presentado una violación al debido proceso tras pronunciarse en “única instancia” dentro del trámite de la consulta popular de iniciativa del Alcalde Mayor de Bogotá. (Ver Consejo de Estado tumbó consulta antitaurina en Bogotá)

El alto tribunal consideró que se desconoció “de manera flagrante el precedente constitucional” establecido en las sentencias C-889 de 2012 y en la T-296 de 2013, en esta última se definió que en la capital si se podían hacer corridas de toros. (Ver ¿Y de dónde saldrán los $25.000 millones para la consulta antitaurina?)

“Se definió expresamente que en el Distrito Capital está habilitada la actividad de la tauromaquia al precisar que en la Plaza de Toros de Santamaría debe permitirse de manera permanente “la realización de espectáculos taurinos”, señala el fallo que fue motivo de fuertes cuestionamientos por parte de las personas que están en contra de las corridas de toros.

Hecho por el cual, a partir de esas decisiones, se desconoció el papel del legislativo que es el único que puede establecer de manera general o particular la prohibición de la denominada “fiesta brava”.

“No es dable acudir al mecanismo de la consulta para que, por una decisión mayoritaria, se determine si se puede o no practicar el referido espectáculo en la edificación dispuesta para el efecto: la Plaza de Toros de Santamaría”, precisa el fallo.

Por estos hechos se señala que el entonces Alcalde Mayor de Bogotá no podría hacer obligatoria la decisión de la consulta, “so pena desconocer los efectos y la fuerza vinculante de las decisiones judiciales”, en este caso, las proferidas por el Tribunal Constitucional, lo que impone amparar, se repite, el derecho al debido proceso por violación del precedente constitucional.