Procuraduría pide revisar terna del Partido Conservador a la alcaldía de Cartagena

Cartagena está sin alcalde desde mayo de este año. El Tribunal Administrativo de Bolívar lo suspendió luego de recibir una demanda de la Procuraduría en contra de su elección. / Alcaldía de Cartagena

Cartagena no se merece otro alcalde inhabilitado o impedido moralmente. Con esta frase, el procurador Fernando Carrillo le pidió al presidente Iván Duque que revise la trayectoria de la terna que presentó el Partido Conservador a la alcaldía de Cartagena. Los nombres de los candidatos son: Antonella Farah, Óscar Torres y Pedro Pereira. El ganador reemplazará a Antonio Quinto Guerra, de la misma colectividad, quien fue suspendido de su cargo luego de que la Procuraduría presentara una demanda en contra de su elección.

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El procurador Carrillo advirtió que el nuevo mandatario "tiene que ser una persona de las más altas calidades éticas, las mejores condiciones profesionales y una gran trayectoria que garantice con mano fuerte que no va a haber más corrupción en la ciudad". El jefe del Ministerio Público agregó que desde la “Procuraduría se ha dado la batalla contra la corrupción y la recuperación de la ética pública en La Heroica, y que el balón está en manos del Gobierno Nacional que tiene la responsabilidad de escoger un gran alcalde para Cartagena”.

La Procuraduría señaló que el presidente, quien debe elegir al alcalde, debe hacer una investigación para establecer si los candidatos tienen inhabilidades en la Procuraduría o en la Contraloría, o si tienen procesos abiertos en la Fiscalía. “Por favor examínelo detenidamente y si no hay nadie que reúna las condiciones, devuelva la terna", concluyó Carrillo en su intervención. Es precisamente su entidad la que motivó la suspensión del Quinto Guerra de la alcaldía. Según su investigación, el hoy suspendido habría tenido una ventaja “desproporcionada” frente al resto de candidatos porque, cuando se postuló, era funcionario de la alcaldía.

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“Con antelación a los 12 meses de su elección tuvo la oportunidad de participar en la gestión, desarrollo y asesoramiento en programas y proyectos que redundaban en beneficio de los habitantes del Departamento, especialmente el Cartagena, relacionados con el servicio público esencial: el saneamiento básico y el agua potable”, precisó el Ministerio Público en la demanda. Para el Tribunal Administrativo de Bolívar, que tomó la primera decisión de suspensión, es claro que la medida era necesaria.