Procuraduría pide que se deje en firme elección de Alberto Rojas como magistrado

Considera que no se avale la demanda de nulidad presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas.

El representante de la Procuraduría General le solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado que rechace la demanda de nulidad presentada en contra de la elección de Alberto Rojas Ríos como magistrado de la Corte Constitucional.

En este sentido solicitó que se rechace la demanda de nulidad presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas que considera que no se cumplieron los requisitos exigidos puesto que no contaba con los certificados profesionales para acceder a ese cargo.

En este sentido aseguró que no se presentaron elementos materiales probatorios que permitan inferir la existencia de fallas en el resultado de la elección de Rojas Ríos por parte de la Plenaria del Senado de la República el 10 de abril de 2013.

Para la Red de Veedurías contra la elección al considerar que se violó el artículo 232 de la Constitución en el que indica qué requisitos se deben tener para ser magistrado de las altas cortes.

Igualmente se tuvo en cuenta el hecho de los escándalos protagonizados por el magistrado durante su carrera como abogado. (Ver Son calumnias en mi contra: magistrado Alberto Rojas Ríos)

“La votación que se hizo de pie o sentado no comprometía el resultado de la elección del ternado Alberto Rojas Ríos. No se pueden crear prohibiciones argumentando falta de requisitos para ser magistrado”, precisó el representante del Ministerio Público en su intervención ante el tribunal de lo contencioso administrativo.

En este punto se manifestó que el ahora magistrado no ha practicado su profesión de abogado con “buen crédito” recordando el escándalo denunciado en los medios de comunicación en el que se indicó se habría apropiado de manera ilegal de la pensión de una viuda que representó en un proceso administrativo y pena.

Por su parte la defensa del togado aseguró que no se presentó una vulneración de la ley puesto que el reglamento permite que se hagan este tipo de elecciones si después de varias votaciones no se presente un consenso.

Se espera que en un plazo de 30 días la magistrada ponente emita una decisión definitiva sobre esta demanda.