Procuraduría pide tiempo para que la Contraloría cambie de sede

La procuradora general encargada manifestó su preocupación por una eventual parálisis en el ente de control fiscal.

Procuraduría General de la Nación. Archivo

A través de un misiva, la procuradora General de la Nación (E), Martha Isabel Castañeda Curvelo manifestó su preocupación por la eventual parálisis de las funciones de la Contraloría General de la Republica debido a que este 31 de diciembre no tendrá sede donde trabajar.

Al respecto la Procuraduría General de la Nación solicitó medida cautelar para garantizar la permanencia de la Contraloría en su sede actual por un lapso no menor a seis meses. “Es necesario ordenar al arrendador el despliegue de acciones y medidas para que la Contraloría cuente con el tiempo necesario para desalojar el edificio que hoy ocupa y conseguir una nueva sede para continuar cumpliendo su labor”, indica el recurso enviado al juez.

Además el ente precisa que “la situación que enfrentan los servidores de esta entidad, les impedirá, en el inmediato futuro, cumplir cabalmente el ejercicio de la función de vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación” y también señala que esta circunstancia “pone en riesgo una función pública estatal de naturaleza esencial, así como los recursos y el patrimonio del Estado, teniendo en cuenta que el control fiscal constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho”.

La procuradora encargada manifestó, también, que ante la inminente terminación del contrato de arrendamiento este 31 de diciembre, “el país se vería abocado a una situación de desinstitucionalización, como quiera que el órgano de Control fiscal no tendría lugar en el cual pudiese continuar desarrollando su función constitucional, lo que comporta adicionalmente una vulneración a los derechos fundamentales de la misma persona jurídica Contraloría General de la República y los derechos de los ciudadanos”, puntualizó.

Y finaliza señalando que “las actividades administrativas de las entidades en todos los niveles se verían seriamente afectadas pues trámites como la expedición del certificado de antecedentes fiscales presentarían inconvenientes”.