La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible el decreto a través del cual el Gobierno Nacional prorrogó durante 20 días más la emergencia social mediante la cual buscó conjurar la crisis provocada por la ola invernal.
El Ministerio Público sostuvo que la disposición fue expedida en momentos en los que el Estado de excepción no estaba vigente y de ahí que no fuera viable declararla como una iniciativa acorde a la Carta política del 91.
Indicó que el decreto tiene fecha de expedición del 7 de enero y que el estado de emergencia social inicialmente declarado se venció dos días antes, el 5 de enero.
La Procuraduría había solicitado a la Corte que declarara la constitucionalidad del decreto madre inicial, por considerar que se daban los suficientes hechos de imprevisibilidad que obligaban al Gobierno a recurrir a facultades extraordinarias para atender la emergencia que vivían varias comunidades por efectos de las lluvias.
Si la Corte accede a la petición del ente de control, perderán todo efecto jurídico los decretos emitidos después del 7 de enero, incluidos los subsidios destinados al consumo de servicios públicos domiciliarios gratuitos para los damnificados, así como las exenciones tributarias, entre otras medidas que buscan librarlos de algunas cargas económicas con las que, de momento, no pueden cumplir.
Tampoco podrán ejecutarse los nuevos planes de reforestación anunciados por el Gobierno en las zonas afectadas, ni de reconstrucción o intervención en los colegios privados que terminaron en condiciones no aptas para el desarrollo de clases.