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El procurador general, Fernando Carrillo, pidió al Gobierno del presidente Iván Duque tomar medidas “inmediatas y urgentes” para luchar contra la deforestación en la Amazonía colombiana, la cual ha venido en aumento, según las alertas tempranas del el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Los reportes del instituto vienen alertando desde 2016 sobre la crisis ambiental en el sur del país.
:: La Amazonía concentró el 75% de la deforestación del país, alerta el IDEAM::
El jefe del Ministerio Público pidió intensificar la presencia del Estado, a través de las Fuerzas Militares y de Policía, con el fin de velar por el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, y evaluar la posibilidad de que una oficina presidencial se responsabilice de manejar los diferentes temas relacionados con el control de la deforestación en el país.
Carrillo Flórez lamentó que no exista continuidad en la implementación de políticas públicas para cuidar el ecosistema, “ni proporcionalidad entre la magnitud del problema y la adopción de medidas para contrarrestarlo”. Asimismo, advirtió que es “inaplazable que entidades, organismos estatales y entes territoriales articulen y coordinen acciones que permitan evitar y controlar la tragedia ambiental que se presenta en la Amazonía”.
En detalle, el procurador general pidió a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), conformado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y las corporaciones autónomas regionales, para que construyan un nuevo modelo de desarrollo en la región que resuelva la crítica situación en el sur del país.
Otra de las peticiones de Carrillo, especificamente dirigida al Ministerio Ambiente, es que implemente una nueva política para salvaguardar los bosques de plantaciones forestales y de control de deforestación en el país, y a proceder con carácter prioritario a su reglamentación.
Otro punto clave de la petición de Carrillo fue dirigida a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para que verifique el cumplimiento de todos los requisitos previos a la concesión de permisos, autorizaciones y licencias ambientales. Además, solicitó a las corporaciones autónomas regionales realizar un seguimiento "permanente y un control exhaustivo a las actividades extractivas y de deforestación que no cuenten con los permisos y autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental, teniendo en cuenta su competencia territorial en Amazonas, Vaupés, Guainía, Caquetá, Guaviare y Putumayo".
Por último solicitó al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, adelantar las investigaciones que permitan dar con los responsables de los delitos ambientales (tráfico ilegal de especies de flora y fauna, tala indiscriminada de especies maderables y minería ilegal).