A través de una acción popular, la Procuraduría pidió a las autoridades ambientales de Santa Marta que se adopten las medidas necesarias para lograr la descontaminación y recuperación de la Bahía de la ciudad. La acción fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Ministerio Público pidió que se declaren vulnerados los derechos de los habitantes de la región a “gozar de un ambiente sano, un equilibrio ecológico y un manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales”.
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Dentro de las solicitudes de la Procuraduría se pidió al Tribunal que exija a las empresas del sector industrial, comercial y de servicios, que suspendan de manera inmediata sus vertimientos a los cuerpos de agua de la bahía. El Ministerio Publico también requirió que se inicien los procesos sancionatorios por el daño ya causado.
De igual forma, el ente de control pidió que se ordene a la Dirección General Marítima, la inspección y control de la operación de buques de carga y comerciales, con el fin de impedir que se hagan vertimientos de cargas contaminadas en el área de la bahía.
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Finalmente, el Ministerio Público solicitó que se realice una inspección judicial en la que intervenga el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) para verificar el estado de los vertimientos. Así como la toma de muestras para evaluar la calidad del agua y determinar las causas que están originando la contaminación ambiental en la bahía de Santa Marta.
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La acción popular se realizó en contra del Ministerio de Defensa Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Dirección General Marítima (Dimar) la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpomag), la Alcaldía de Santa Marta, el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental de la capital del Magdalena (Dadsa) y Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P.