Procuraduría pidió nulidad de medida de aseguramiento contra 13 procesados por explosiones en Bogotá

El delegado del Ministerio Público consideró que la jueza 72 de control de garantías no valoró cada uno de los casos de manera individual, vulnerando así los derechos de la defensa.

Al presentar su recurso de apelación el representante de la Procuraduría General solicitó que se anule la medida de aseguramiento en centro carcelario emitida por la jueza 73 de control de garantías en contra de las 13 personas procesadas por su presunta participación en las explosiones registradas entre junio de 2014 y mayo de 2015 en la capital de la República.

En su intervención el delegado del Ministerio Público consideró que en la decisión emitida el pasado martes la funcionaria judicial no tuvo en cuenta los argumentos de la defensa de los procesados puesto que en ningún momento hizo referencia a los mismos, además valoró el caso de manera abstracta y no individualizó cada uno de los casos.

En este sentido señaló que la jueza debió atender la solicitud de medida de aseguramiento de manera individual, por lo que pidió la nulidad de la decisión por falta de motivación ya que no se ocupó de la relación de los elementos de participación de cada uno de los 13 jóvenes procesados.

Con esta actitud se habría afectado el derecho a la defensa de los procesados. Este recurso será estudiado por un juez de conocimiento quien en un mes deberá definir si avala o no la solicitud de nulidad presentada por los abogados defensores y el representante de la Procuraduría General.

La Fiscalía General les imputó los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público a David Camilo Rodríguez Hernández, más conocido con el sobrenombre de 'El Profe', Heiler Anderson Lamprea Florez y Gerson Alexander Yacumal Ruiz, quienes se exponen a una pena de máximo 15 años de prisión.

Mientras que a Paola Andrea Salgado Piedrahita, Estefany Lorena Romo Muñoz, Félix Mauricio Augusto Gutiérrez Díaz, Luis Daniel Jiménez Caldeón, Sergio Esteban Segura Guiza, Liset Johana Acosta Bogotá, Jhon Fernando Acosta Bogotá y Andrés Felipe Rodríguez Parra les imputaron los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares y violencia contra servidor público por lo que se exponen a penas entre los 22 y 30 años.

Mientras que a Víctor Orlando Ariza Gutiérrez solamente le imputaron el delito de violencia contra servidor público puesto que no se pudo inferir que participara en la fabricación de las papas bomba.