El entramado de corrupción, protagonizado por las empresas Inassa y Triple A en Barranquilla, es uno más en la ya larga lista de escándalos judiciales en Colombia. Aunque no es tan famoso como el del cartel del a toga o el de Odebrecht, quienes saben de las repercusiones de este caso, no dudan en afirmar que es de las mismas proporciones del de los brasileños. Por eso mismo, la Procuraduría acaba de anunciar que presentó una acción popular para proteger los derechos de los ciudadanos barranquilleros, afectados por el desvío de dinero público.
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El propio procurador general, Fernando Carrillo, anunció la presentación de este recurso judicial. El funcionario explicó que se trata de una jugada para recuperar por lo menos $80 millones de dólares, dinero del erario público que habría terminado en las cuentas bancarias de importantes empresarios españoles y colombianos. “El dinero es para mejorar la calidad del servicio público y demostrar que recuperar los dineros que se lleva la corrupción, es una prioridad”, aclaró Carrillo.
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El Ministerio Público ya llamó a juicio disciplinario a Ramón Navarro, Julia Serrano y a Ramón Heráclito Hermer Redondo, en su calidad de gerentes generales de la Triple A. Por su parte, la Fiscalía ya llamó a indagatoria a 11 directivos y exdirectivos de Inassa quienes estarían detrás de un desfalco de más de $237.000 millones.