Escándalo Odebrecht

Procuraduría reabre investigación por contrato de Ruta del Sol

Se trata de una denuncia que recibió el Ministerio Público en 2010 sobre el pago de unas supuestas extorsiones mientras se licitaba el contrato de la Ruta del Sol.

La decisión vincula a cuatro funcionarios públicos, entre ellos, Gabriel García Morales y a Daniel García Arizabaleta.Mauricio Alvarado

En noviembre de 2010, la Red de Veedurías Ciudadanas radicó una denuncia en la Procuraduría en la que advertía una serie de extorsiones a empresas que querían participar en la licitación del contrato de la Ruta del Sol. El Ministerio Público, a cargo en ese entonces de Alejandro Ordóñez, inició la investigación, pero cinco años después fue clausurada. Hoy, el procurador Fernando Carrillo dio la orden de reabrir esa indagación y declaró que todo lo que hizo la pasada administración en este caso no va a ser tenido en cuenta.

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“Al encontrar que en el trámite de esta queja tuvo más importancia el debate sobre quién debía ser el competente para llevar el proceso, dejando de lado esfuerzos institucionales para llegar a la verdad, el procurador ordenó la revocatoria directa de lo actuado y el traslado del expediente a la Comisión Especial Disciplinaria que lleva el caso Odebrecht”, explicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

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Con esta orden de Carrillo, se vinculan de inmediato cuatro funcionarios públicos, varios de ellos ya bajo la lupa de las autoridades por su participación en el escándalo mundial de la empresa brasileña. Se trata de: Daniel García Arizabaleta, director del Invías para la época de los hechos; Gabriel García Morales, viceministro de Transporte y gerente encargado del Inco, Juan Manuel Barraza, director de la Comisión Nacional de Regalías, y Miguel Peñaloza, alto consejero para las Regiones y Participación Ciudadana.

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Además de empezar de ceros la investigación de esta denuncia, la Procuraduría compulsó copias a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios y a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que investiguen si los funcionarios de la Procuraduría que archivaron este expediente cometieron alguna falta disciplinaria o penal.