Procuraduría se opone a ingreso en la JEP de dos fichas del caso chuzadas desde la Fiscalía

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Se trata del exfiscal Fabio Martínez Lugo y del excordinador de la Sala Diamante de interceptaciones del ente investigador Luis Carlos Gómez Góngora. El Ministerio Público dijo que las interceptaciones ilegales no se desarrollaron en el marco del conflicto.

La Procuraduría le acaba de pedir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que niegue la solicitud de sometimiento de los exfuncionarios de la Fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Martínez Lugo, procesados por las chuzadas que se realizaron al interior del ente investigador. Según el Ministerio Público, los hechos por los que son procesados el coordinador de la Sala Diamante de interceptaciones y el exfiscal, respectivamente, “no fueron cometidas con ocasión del conflicto armado y tampoco tienen relación directa o indirecta con el mismo”.

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Así como lo reveló El Espectador, desde diciembre pasado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa jurisdicción estudia la solicitud de los dos exfuncionarios de la Fiscalía, señalados de interceptar a miembros del sindicato de pilotos Acdac, el presidente de Enel en Colombia, Lucio Rubio y el abogado Felipe Jaramillo. La Procuraduría señaló que “lo que influyó en Gómez Góngora y Martínez Lugo para realizar la conducta fueron motivaciones personales y no que la existencia del conflicto armado haya determinado su comisión”.

Así mismo, el organismo encabezado por Fernando Carrillo aseguró que los hechos por los que son investigados fueron ejecutados con posterioridad al primero de diciembre de 2016, lo que hace que las conductas cometidas no estén dentro de la órbita de la competencia de la JEP. Gómez Góngora solicitó acogerse a la JEP argumentando que “en el desarrollo de los fines del Estado’ tuvo múltiples tareas que navegaban entre lo legal e ilegal” y señaló que solicitó la interceptación de una línea telefónica que pertenecía al capitán Julián Pinzón a petición de Roberto Carlos Montenegro, conocido como Sebastián, adscrito a la Sala Diamante de la Fiscalía.

Por su parte, Martínez Lugo señaló en su solicitud que “La Fiscalía adelantó reunión del Sistema Esperanza sobre las órdenes emitidas por mi despacho respecto de interceptaciones cumplidas por el CTI en las diferentes salas y que tenía [sic] como sustento los informes del investigador  Gómez Góngora, indicando que los motivos presentados en los informes no correspondían con los verdaderos titulares de las líneas telefónicas [...] Fui capturado el 08 de mayo de 2019, los hechos que nos vinculan son del año 2017, sin embargo, la actividad de interceptación de comunicaciones se realiza de tiempo atrás con la venia de la Fiscalía y otras entidades del Estado [...].

Gómez Góngora fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. La Fiscalía le ofreció inmunidad total para que confesara todo lo que sabía pero señaló que si aceptaba su vida corría peligro. Por su parte, Martínez Lugo se encuentra en juicio  por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal, prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones. 

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