Procuraduría solicitó revisión de impacto económico tras fallo de Corte Constitucional

Se presentó el recurso frente al fallo que ordena convocar a un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de procurador judicial.

El procurador General, Alejandro Ordóñez
El procurador General, Alejandro Ordóñez

Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Procuraduría General presentó una solicitud para que inicie el incidente de impacto fiscal frente al fallo que ordenó convocar a un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de procurador judicial. (Ver Procuraduría tiene un año para nombrar a procuradores judiciales por carrera administrativa)

En la decisión conocida el pasado 28 de febrero se indicó que en menos de seis meses el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, deberá convocar un concurso para la elección de nuevos procuradores judiciales que intervienen en los diversos procesos.

El Ministerio Público consideró que se debe revisar el impacto que contiene dicha sentencia puesto que tiene unos efectos económicos que deben ser moderados para evitar un daño en las finanzas del Ministerio Público. (Ver Procurador, con menos superpoderes)

Para la Procuraduría, la implementación de la carrera administrativa para los cargos de procuradores judiciales requiere necesariamente la creación de un órgano que pueda administrar la misma, el cual debe contar con recursos adecuados desde lo operativo y lo financiero, así como unos procedimientos y factores de calificación especiales para la función a ser evaluada con miras a la permanencia en la carrera. (Ver Procuradores con salario de hasta $19 millones no podrán elegirse a dedo)

En la sentencia C-101 de 2013, que ordena al Ministerio Público “que en un término máximo de 6 meses contados a partir de la notificación del fallo convoque a un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de procurador judicial, que deberá culminar a más tardar en un año de la misma notificación”, por haberse aceptado los impedimentos presentados. 

En el fallo la Corte Constitucional tumbó el Decreto-ley 262 de 2000, que permitía al jefe del Ministerio Público elegir a dedo a los aspirantes a esos cargos, considerados hasta ayer de libre nombramiento y remoción.

Con ponencia del magistrado Mauricio González, la Corte concluyó que esta norma viola el artículo 280 de la Carta Política, según el cual “los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derecho y prestaciones de los magistrados y jueces ante quienes ejercen el cargo”.

“La Corte ordenó someter a concurso público los cargos de procuradores judiciales que habían sido categorizados legalmente como de libre nombramiento y remoción para su designación por la Procuraduría General”, precisa uno de los apartes de la decisión.

La Corporación tuvo como fundamento lo establecido en el artículo 280 de la Constitución “el cual prevé que los agentes del Ministerio Público que ejerzan cargos ante magistrados y jueces, serán objeto de equiparación en cuando a sus derechos, y como el ingreso de los servidores judiciales es por carrera, la misma consecuencia acarrea para los procuradores judiciales, que armoniza con la regla general de que los empleos en las entidades del Estado sean provistos por carrera administrativa”.