Procuraduría solicitó que se decrete la pérdida de investidura para el exsenador Merlano

Aseguró que esta demostrado que el excongresista incurrió en tráfico de influencias.

El procurador delegado, Isnardo Jaimes le solicitó a la Sala Plena del Consejo de Estado que se decrete la pérdida de investidura al excongresista Eduardo Carlos Merlano por haber incurrido en el tráfico de influencias.

En su intervención de 25 minutos, el delegado del Ministerio Público indicó que el entonces senador incurrió en hechos contrarios a los que debe demostrar un congresista puesto que mediante amenazas y abusando de su credencial buscó un beneficio. (Ver Procuraduría allegó pruebas en proceso de pérdida de investidura contra senador Merlano)

Y es que Merlano les mostró su calidad de congresista por lo que calificó como "un irrespeto" el hecho de que los agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla le quisieran practicar una prueba de alcoholemia cuando presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol en una de las principales calles de la capital del Atlántico.

“El senador Merlano presionó y constriñó a los uniformados para que estos no inmovilizaran su vehículo cuando se negó a practicarse la prueba de alcoholemia”, indicó el procurador delegado al reitera que usando su investidura el congresista intentó zafarse de una multa de tránsito.

“Le mintió a los policías y es que no era que no lo portara su licencia de conducción sino que no lo había obtenido”, indicó Jaimes al señalar que ante las preguntas de los patrulleros el senador les presentó su credencial y les advirtió que él había sacado 50 mil votos por lo que era una falta de respeto lo que le estaban haciendo, “y no lo hizo una sino ocho veces”.

Indicó además que después de que los uniformados le manifestaron que debido a que creían que estaban conduciendo bajo los efectos del alcohol y no se había dejado hacer la prueba de alcoholemia le iban a inmovilizar la camioneta particular que él iba conduciendo como medida preventiva Merlano los amenazó y llamó a sus superiores.

Por estos mismos hechos, hace tres semanas, la Procuraduría General lo destituyó de su cargo y lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos. 
 

 

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