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En 2012, líderes de toda América y el Caribe se dieron cita en Cartagena en la VI cumbre de las Américas. La reunión que fue convocada para discutir las problemáticas que afectaban a la región tienen en el ojo del huracán a dos funcionarios de la Cancillería. Se trata de María Margarita Salas y Alexander Potdevin Gutiérrez, secretaria General y representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y coordinador de Privilegios e Inmunidades de la Dirección de Protocolo, respectivamente. La Procuraduría decidió suspenderlos de sus cargos luego de encontrar irregularidades en la ejecución y pagos de un contrato firmado para la cumbre.
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De acuerdo con la Procuraduría, los funcionarios no hicieron una vigilancia juiciosa del destino de los $55.000 millones del contrato 200 de 2011 detrás de la Cumbre celebrada en Cartagena. Inicialmente, se había acordado que por un valor total de $43.000 millones que, con el tiempo, se le fueron adicionando $12.000 millones para, supuestamente, cubrir actividades que estaban contempladas en el contrato inicial, como servicios de salud, imprevistos y gastos generales. Además, el ente de control encontró que los contratistas no cumplieron realmente con todos los compromisos que se habían pactado.
De acuerdo con las investigaciones, Alexander Potdevin, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y supervisor del contrato, “contando con las herramientas y facultades para esmerarse en la vigilancia y control de los recursos públicos confiados, de manera imprudente avaló y certificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista, sin ningún rigor en el análisis de las relaciones de bienes y servicios prestados”. La omisión del funcionario, según el Ministerio Público, le costaron a la entidad un valor superior a los $4.169 millones de pesos entre lo facturado y lo realmente ejecutado en cada una de las 19 actividades relacionadas con acreditaciones, alimentos y bebidas, comunicaciones, equipo de sistemas, impresiones, muebles, papelería, prensa, hoteles, tiquetes, entre otros”.
En contrato participaron el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y empresas como Aviatur, Gema Tours S.A., Contactos S.A.S., Marketmedios Comunicaciones S.A. y Creativa Producciones S.A., adscritas a Unión Temporal Cumbre de las Américas. El representante legal de este convenio, Antonio Porras Gutiérrez, también fue acusado por la Fiscalía en 2017 por irregularidades en este contrato.
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La Procuraduría diio que la secretaria General y representante legal del Fondo del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Margarita Salas “desatendió la norma relacionada con el ejercicio de la correcta vigilancia del objeto contratado para la cumbre”. Según lo que dice el documento, entre sus deberes Salas debía supervisar la ejecución del millonario contrato 200 de 2011. Sin embargo, el seguimiento de los recursos del contrato no se hizo por parte de la funcionaria. “Como directivo y responsable del fondo, con una inversión cuantiosa de más de $55 mil millones de pesos, se esperaba alguna acción de seguimiento en cuanto al real destino de estos recursos”, reiteró la Procuraduría. Salas fue suspendida seis meses y la falta de ambos funcionarios fue calificada por el ente de control como gravísima a título de culpa grave.
Salas, quien hasta hace poco fue la jefe de la misión consular de la Embajada de Colombia en Madrid (España) también fue investigada por la Fiscalía. En diciembre de 2017 los primeros coletazos del mal manejo de recursos destinados para la realización de la cumbre se empezaban a sentir. La Fiscalía imputó el delito de peculado a tanto a la secretaria general como a Potdevin, quienes en ese momento eran funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que al principio fue catalogado como un éxito diplomático y político, se convirtió en, por lo menos, $6.500 millones en contratos con irregularidades.