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El ingeniero Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, es el mandatario local que tiene más procesos disciplinarios alcalde del país: 25 en total, 9 indagaciones preliminares y 15 investigaciones ya formales por distintos temas. Este viernes, la Procuraduría General tomó la decisión de suspenderlo por uno de esos casos, que se inició luego que acusara, sin prueba alguna, a un funcionario de la alcaldía de estar incurso en hechos de corrupción.
La sanción disciplinaria asegura que Hernández trató de manera irrespetuosa y sin imparcialidad al funcionario, a quien señaló públicamente de estarse robando los recursos destinados a la contratación del municipio en abril de 2017. El alcalde, de hecho, expuso su número celular a medios de comunicación en una rueda de prensa y pidió a la ciudadanía que lo obligara a rendir explicaciones.
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Para la Procuraduría, todas las acciones de Hernández son reprochables. Por un lado, certificó que el alcalde calumnió al funcionario implicado y que le vulneró sus derechos al debido proceso y la dignidad humana. Y, por el otro, dijo el Ministerio Público, afectó a esta persona emocionalmente con la revelación de su número de teléfono, porque lo expuso a amenazas.
El fallo de primera instancia, según explicó la entidad en un comunicado, “calificó la conducta del alcalde Hernández Suárez como faltas graves a título de culpa gravísima, por violación de normas de obligatorio cumplimiento y menoscabo del capital moral de una persona, siendo la máxima autoridad administrativa de la ciudad de Bucaramanga”. Hernández, lo apeló.
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De los restantes 24 procesos que reposan en la Procuraduría, el más conocido es el que se adelanta por la cachetada que le dio al concejal John Claro en 2018. Por ejemplo, entre las preliminares, está un expediente que se abrió a raíz de las declaraciones frecuentes que ha dado y que, al parecer, afectan la imagen del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga; al menos dos por presunto acoso laboral; una más por injuria y calumnia; otra porque alguien denunció que él exigió ciertas donaciones a contratistas de la Alcaldía.
Hay también una denuncia de irrespeto a un contralor, un reporte de interferencia en política y un presunto abuso de autoridad. En la lista de investigaciones formales figuran temas como conflicto de intereses, expresiones a ciudadanos desobligantes (a un hombre lo habría llamado “lavaculos de la politiquería”), anomalías en contrataciones y despidos arbitrarios. Se investiga si violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades porque antes de ser alcalde habría demandado a Metrolínea y ahora hace parte de su junta directiva, o si tenía un conflicto de intereses en la adquisición de predios en los cerros orientales de Bucaramanga.
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