Suspenden a alcalde de Tierralta por hechos que "derivaron" en asesinato de líder social

Procurador general, Fernando Carrillo. / El Espectador

La Procuraduría General ordenó la suspensión por tres meses del alcalde de Tierralta, Córdoba, Fabio Leonardo Otero Avilez. La decisión del Ministerio Público se da dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta en contra del mandatario local, por las presuntas irregularidades en el control del orden público (relacionadas con la invasión de unos lotes) y que habrían derivado en el homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado Montaño, el pasado viernes 21 de junio.

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Cinco días después del asesinato de Hurtado, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra del alcalde de Tierralta para analizar si sus acciones habrían derivado en el asesinato de la mujer, el cual conmocionó a todo al país. En ese momento el Ministerio Público señaló que buscaba "determinar la gestión de la administración frente a la ocupación de predios por parte de un sector de la comunidad, así como el manejo que dieron a las presuntas amenazas de que fue víctima la lideresa, representante de la comunidad que habría invadido algunos lotes en el municipio".

Hurtado vivía en un barrio popular de Tierralta que se constituyó producto también de una invasión en 2013. Como explicó El Espectador el pasado 24 de junio, María del Pilar, de 34 años, sin tierra, casa ni dinero, optó por levantar un rancho junto con su familia en estos lotes, uno de ellos de propiedad de Fabio Otero Paternina, un terrateniente de la región, padre del actual alcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilés, del partido Centro Democrático.

La Procuraduría Provincial de Montería aseguró que con la permanencia de Otero en su cargo podría haber una interferencia al proceso disciplinario, "ante la eventualidad de que el mandatario despliegue acciones sobre la administración, presuntamente encaminadas a la recuperación de uno de los predios invadidos, que sería de propiedad de su padre".

Hurtado, líder comunitaria de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor) del Cauca, se había desplazado a Tierralta (Córdoba) hace un año, porque había sido amenazada tras denunciar los lugares de desaparición forzada, asesinatos y torturas conocidas popularmente como “casas de pique” que tenían los narcos y paramilitares en Puerto Tejada, Cauca.

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Entre las pruebas que evalúa la Procuraduría las órdenes que habría impartido el alcalde Otero Avilez en el Consejo de Seguridad del pasado 30 de mayo, en las que habría dado instrucciones a la Policía para la recuperación del predio de su familia. Por este caso también es investigado el secretario de Gobierno de Tierralta, Willington Ortiz Naranjo.