Procuraduría tiene en sus cuentas 32 casos por presunto abuso policial en el Paro

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reconoce la muerte de 37 personas en el Paro Nacional.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La Procuraduría acaba de entregar un balance con los procesos disciplinarios que adelanta por presunta violación de derechos humanos en el marco del Paro Nacional, el cual fue convocado desde el pasado 28 de abril en contra de la fallida reforma tributaria del gobierno Duque. De acuerdo con la institución, investigadores han advertido un total de 32 posibles vulneraciones a la ciudadanía.

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“La Procuraduría a través de las 32 regionales, 50 provinciales y dos distritales, documentó más de 30 procesos disciplinarios por presunta violación de los derechos humanos durante las jornadas de protestas en el país, e inició 30 acciones preventivas para conocer las labores y procedimientos adoptados por las autoridades territoriales para proteger la vida, la salud y la integridad de todos los ciudadanos”, explicó el Ministerio Público.

La Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos Humanos asumió 18 investigaciones por poder preferente, es decir, propuso a otras instituciones dejar la competencia de los casos en sus manos. La procuradurías regionales y provinciales tienen bajo su tutela 14 indagaciones, con las cuales se pretende aclarar la responsabilidad de funcionarios públicos en posibles excesos del uso de la fuerza y violación a los derechos de los manifestantes.

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La oficina delegada para los Derechos Humanos visitó a la Inspección General de la Policía, tras lo cual reveló que dentro de la institución de la Fuerza Pública están latentes 49 investigaciones disciplinarias. Esa procuraduría solicitó soportes documentales sobre los 18 procesos que tiene por poder preferente, dada la gravedad de los hechos acusados a los uniformados.

“Por lo anterior, se inició indagación preliminar en averiguación de responsables en contra de servidores públicos (Integrantes de la Policía Nacional) por las muertes de un menor de 17 años, y seis adultos en Cali (Valle del Cauca), dos ciudadanos de 19 años y 24 años, ocurridas en Ibagué (Tolima) y Madrid (Cundinamarca). Asimismo, se avanza en dos procesos disciplinarios por presunto abuso sexual ocurrido en Cali (Valle del Cauca), y Manizales (Caldas)”, agregó la Procuraduría.

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En cuanto al Tolima, aunque la Procuraduría no entregó detalles, los datos coinciden con la muerte del joven de 19 años Santiago Murillo, quien fue baleado presuntamente por miembros de la Policía el pasado 1° de mayo. La Clínica Nuestra de Ibagué confirmó su deceso un día después y, entre tanto, su madre Sandra Meneses ha acompañado las siguientes jornadas de protestas en la capital tolimense.

Otro de los casos que coincide con lo discriminado por la Procuraduría delegada para los Derechos Humanos es el de Diana Fernanda Díaz, quien denunció públicamente que un integrante del Esmad la habría abusado sexualmente el pasado 30 de abril. Díaz asegura que la Fuerza pública intervino la manifestación de forma violenta y que, tras ser separada junto a un grupo de 10 personas, un policía se sobrepasó. Todo bajo la mirada de otros cuatro uniformados, entre ellos una mujer.

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Asimismo, los datos sobre Madrid (Cundinamarca) estarían relacionados con la muerte fulminante del joven de 24 años Brayan Niño, quien fue arrollado por una tanqueta del Esmad el pasado 1° de mayo. De acuerdo con testigos, en una denuncia plasmada en la Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todos y Todas, el vehículo oficial involucrado sería el 193261. Esa procuraduría también trabaja en dos casos de presunto abuso de autoridad en Bogotá y Risaralda, lesiones personales en Bucaramanga y agresiones físicas en Medellín.

“Frente a las otras 32 investigaciones disciplinarias que avanza la Inspección de la Policía, se ejercerá por parte de la Procuraduría General de la Nación, la súper vigilancia administrativa que consiste en la potestad que ostenta la Entidad para intervenir como sujeto procesal en investigaciones disciplinarias que se adelantan en los distintos entes u órganos del Estado, en defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales”, agregó la entidad.

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Por otro lado, las procuradurías regionales y provinciales tienen serias denuncias por presunto abuso de funciones. En Fusagasugá (Cundinamarca) se tienen dos casos de presunta agresión a manifestantes en Soacha. En Cauca, dos casos de uso excesivo de fuerza y otro hecho relacionado con agresiones a un defensor de derechos humanos. En Manizales, le siguen la pista a una agresión con gases lacrimógenos contra ciudadanos que viajaban en un bus. En Meta, una denuncia prestada por un líder indígena.

La regional Santander maneja una queja por agresiones a ciudadanos en el marco de las protestas. En Boyacá se habla de violaciones a los derechos humanos de representantes de ONG’S. En Pasto, una funcionaria de la Defensoría manifestó haber sido agredida por miembros de la Policía. En Montería hay una queja contra ocho policías por presuntamente atentar contra el derecho a la protesta. En Yarumal habrían sido agredidos campesinos.

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“La Procuraduría regional de Risaralda, Bolívar, Magdalena, iniciaron indagación preliminar al alcalde de Pereira, Carlos Maya, el Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y el alcalde de Cartagena, William Dau, por manifestaciones con ocasión de las jornadas de protesta, y a efectos de determinar si incurrieron en falta disciplinaria”, agregó el Ministerio Público.

Temblores ONG, por su parte, lleva un recuento de 1773 denuncias por posibles casos de violencia policial durante los últimos 10 días. De acuerdo con su plataforma Grita, por el Paro Nacional hay 37 víctimas de “violencia homicida”, 936 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 275 víctimas de violencia física por parte de la Policía y 11 presuntos casos de violencia sexual. “Insistimos en nuestra preocupación sobre el aumento en las cifras de violencia por parte la fuerza pública en el marco de las movilizaciones”, explica la organización.