Procuraduría tomará acciones legales frente a suspensión de extradición de Santrich

Alias "Jesús Santrich" fue capturado el pasado 9 de abril con fines de extradición a Estados Unidos por el delito de narcotráfico. / Archivo.

En el marco del Foro Justicia Internacional y Lucha contra la impunidad, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, el procurador Fernando Carrillo se pronunció frente a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de suspender temporalmente el trámite de extradición del exlíder de las Farc, Seuxis Hernández Olarte, más conocido como Jesús Santrich, quien es solicitado por una Corte de Nueva York por el delito de narcotráfico.

“Tomaremos las acciones legales del caso porque creemos que esa suspensión no es viable en un proceso de extradición cuando esa figura de la suspensión de la extradición no es una figura que exista dentro de nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó Carrillo en medio de su intervención. También criticó el hecho de que se hubiese desconocido a la Procuraduría como sujeto procesal en este caso y calificó tal actuación como un “error jurídico”.

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“No puede fundarse al amparo de un protocolo, de un reglamento interno por cuanto esta materia debe ser regulada por el legislador. Aquí vale la pena hacer un llamado al Congreso para urgirlo en la adopción del código de procedimiento de la JEP”, agregó el jefe del Ministerio Público.

El pasado 17 de mayo el presidente de la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Jesús Ángel Bobadilla dio a conocer la decisión de suspender el trámite de extradición del líder de Farc conocido como Jesús Santrich. También pidió a la Fiscalía que en un término no mayor a cinco días “allegue la información solicitada por la Sección de Revisión en relación con el trámite de extradición y la privación de la libertad”.

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Por su parte, el fiscal Néstor Humberto Martínez solicitó la intervención del Ministerio Público ante Sección de Revisión para pedir la revocatoria de su decisión en defensa del orden constitucional. De igual modo, el jefe del ente acusador aseguró que está siendo amenazada la institucionalidad democrática, la integridad de la justicia ordinaria y la cooperación internacional que se ha llevado en este caso.

El Gobierno, a través de sus ministros de justicia y del interior, Enrique Gil Botero y Guillermo Rivera, afirmó que respeta la decisión tomada por la JEP, pero señala que aún no se ha hecho la solicitud formal de extradición, por lo que no se puede activar la competencia de esta jurisdicción. Del mismo modo, afirmó que la decisión de la JEP está fundamentada en los protocolos que esta misma dispuso.