'Programa de vivienda gratis se quedó corto'

La contraloría alerta sobre demoras e irregularidades en la ejecución de los proyectos.

En Bogotá, 116.529 familias no tienen vivienda propia. Muchos proyectos están atrasados. / Contraloría

Un fuerte pronunciamiento sobre el programa de vivienda 100% gratis alista la Contraloría luego de constatar serias irregularidades en la construcción y entrega de 11.409 casas en Bogotá y Cundinamarca. En tres funciones de advertencia que están próximas a ser entregadas, el ente de control fiscal le llama la atención al gobernador del departamento, Álvaro Cruz Vargas; al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; y al director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gabriel López Vallejo, por no haber ejecutado adecuadamente los proyectos con los que se pretendía dotar de vivienda a la población más vulnerable del país.

Y es que para el caso de Cundinamarca, 104 de 116 municipios no lograron la aprobación de proyectos, el 75% de ellos por no contar con terrenos disponibles. Según la Contraloría, “el impacto del programa de vivienda gratuita ejecutado por el gobierno nacional, frente a las necesidades de vivienda de interés social para los pobladores de Cundinamarca fue del 1.93%”, un porcentaje mínimo si se tiene en cuenta que 215.663 familias del departamento no tienen casa, un déficit habitacional que requería $9.2 billones para ser subsanado.

En una serie de visitas a los 12 proyectos aprobados, cuyo valor ascendió a los $160.310 millones, el ente de control fiscal encontró que “las unidades residenciales existentes no tienen el suficiente seguimiento y responsabilidad sobre el cumplimiento normativo de obras y calidad de construcción”. En los municipios El Colegio, Fusagasugá, Guachetá, Nemocón y Pasca no se cumplieron las metas de entrega, mientras en Girardot, Pacho, Ricaurte, San Juan de Rioseco, Simijaca, Soacha y Tocaima las entregas fueron parciales. En concepto de la Contraloría, estas situaciones generan “pérdida de la calidad de vida y lesionan la dignidad de las personas”.

A las demoras se suman presuntas anomalías relacionadas con la selección de los beneficiarios. Una de las denuncias más graves al respecto se originó en Tocaima, donde al menos 70 de las 390 personas que resultaron favorecidas ya tenían lotes o casas, razón por la cual no tenían derecho a acceder al programa. Según Olga Lucía Rodríguez, gerente de la Contraloría para Cundinamarca, “con el fin de demostrar esta situación se han obtenido extractos de impuesto predial, encontrando, por ejemplo, que una de ellas paga $36.761.000 por un predio ubicado en otra zona. Algunas de estas viviendas no fueron para las personas en extrema pobreza, como lo estipulaba la norma”.

En Bogotá la situación no es más alentadora. De los 8.110 cupos que le correspondieron al Distrito, tan solo 4.837 fueron asignados. En la función de advertencia dirigida al alcalde Gustavo Petro, se dejó constancia de que “siendo esta la ciudad con mayor recepción de población desplazada en el país, es censurable el hecho de que por aspectos administrativos, lentitud en los trámites y una omisión en las funciones propias de los organismos del distrito encargados de ejecutar la política de vivienda: Secretaría Distrital del Hábitat, Metrovivienda y la Caja de Vivienda Popular, se hayan perdido 3.273 cupos de Subsidio Familiar de Vivienda que representan el 40%”.

En Usme, donde se han entregado 70 viviendas del proyecto Usme-Idipron, la Contraloría asegura que las fallas en la intervención social a cargo del DPS están generando graves problemas. Según Carlos Alberto Maldonado, personero de la localidad, “a esta gente le dieron una vivienda que es de propiedad horizontal, pero ellos no entienden que tienen que convivir con los otros. Esas personas han sido desplazadas, algunas han estado en grupos armados, ya sea Bacrim, guerrillas, paramilitarismo, y otras fueron reubicadas por situaciones de remoción en masa de terrenos. La composición de todos esos grupos familiares es bien compleja y se han presentado problemas de pandillas y microtráfico”.

Rodríguez señaló que “todavía no se sabe cuál va a ser el proceso educativo de los niños que viven en esos apartamentos, cuáles escuelas van a quedar cerca, cuál es la ruta escolar, cómo va a ser su alimentación en el Programa de Alimentación Escolar; no hay nada previsto sobre esto. La Alcaldía de Bogotá tiene una negligencia mortal”. A ello se suma que, según el ente de control fiscal, “algunos de los nuevos habitantes del proyecto de vivienda vienen de barrios marginales o de invasión, donde los servicios públicos se obtienen de manera irregular”, por lo cual “se debe evitar la cultura del no pago o la generación de violencia para la adquisición de servicios vitales”.

Otra de las irregularidades está relacionada con la ejecución de un convenio entre Fonvivienda y la Alcaldía de Bogotá para la construcción de viviendas 100% gratis en 40 predios. Según el Ministerio de Vivienda “el Distrito propuso entregar las viviendas en plazos que superan ampliamente la fecha establecida para la terminación del convenio”. Más aún, las tres convocatorias que abrió la Caja de la Vivienda Popular para contratar la construcción fueron declaradas desiertas debido a múltiples inconvenientes, entre ellos su complejidad y “los aspectos sociales que afectan el desarrollo de los proyectos”.

Teniendo en cuenta estos hallazgos, en los próximos días el gobernador Cruz, el alcalde Petro y el director López deberán informar a la Contraloría qué medidas tomaron para que las familias más pobres de la región se beneficiaran del programa y qué acciones han realizado para mitigar los problemas sociales que hoy aquejan a las comunidades.

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