Prohíben traslado de presos a cárcel de Bucaramanga

Tal como ya había pasado en La Modelo, un juez pidió que no sean trasladados más reclusos por causa del hacinamiento.

En un mes ya van tres jueces que han dado la misma orden: no recibir más internos en cárceles por causa del hacinamiento. La primera y la segunda vez fueron con respecto a la cárcel La Modelo, a la que prohibieron trasladar presos durante tres meses. Y ahora el turno fue para el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga.

Según una tutela que acaba de resolver el juez primero de Menores de la capital santandereana, durante tres meses, ningún condenado o sindicado podrá ser recibido en el pabellón 4 de ese centro y se tendrán que contemplar traslados con base en el “arraigo familiar”.

El juez de Bucaramanga, al igual que lo habían señalado en las dos ocasiones anteriores un juez de Bogotá y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, señaló que en las cárceles colombianas persiste un “estado de cosas inconstitucional”, tal como lo estableció la Corte Constitucional desde 1998. Poco o nada en ese panorama ha cambiado.

El problema, sin embargo, es que la grave problemática del hacinamiento en las cárceles nacionales –que llega, en promedio, a ser del 53% según cifras oficiales– difícilmente se solucionará con este tipo de decisiones judiciales. El Inpec recibe la orden de no trasladar internos a cierta cárcel y, por ser decisión judicial, tiene que acatarla. Pero esos internos irán a parar a otro centro penitenciario igual de atestado, porque el problema no es sólo de La Modelo o la cárcel de Bucaramanga.

“La situación es crítica”, señaló el director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, quien insiste en convocar a todas las instituciones del Estado para atacar esta difícil coyuntura: “El hacinamiento no lo genera el Inpec porque nosotros no tenemos injerencia en definir los delitos o las penas, no solicitamos ni (…) tenemos la facultad legal de (otorgar) la libertad de ninguno de nuestros internos”.

Hasta la fecha, de esas tres tutelas que se han proferido en un mes, sólo el Consejo Seccional de la Judicatura ha ido más allá: el alto tribunal les ordenó a los ministerios de Hacienda y de Salud, Planeación Nacional, el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, junto con representantes de los reclusos, integrar mesas de trabajo en un período máximo de seis meses para diseñar “estrategias y acciones claras, concretas y definidas en el tiempo”.

La Judicatura espera en dos años recibir un informe con las políticas allí concebidas y hace dos días, justamente, magistrados del Consejo Superior de la Judicatura visitaron La Modelo, en donde se comprometieron a establecer mesas de trabajo con jueces para discutir temas como las solicitudes de libertad, de detenciones domiciliarias o de vigilancia electrónica.

El Inpec, por su parte, insiste en su posición que cada vez suena más a súplica: el hacinamiento es un problema de Estado. Y una bomba de tiempo.

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