Las propuestas de los LGBT para implementar los acuerdos de género de La Habana

En entrevista con El Espectador, la directora de Colombia Diversa, Marcela Sánchez, comentó los retos que tendrá la implementación del enfoque de género que se pactó en La Habana respecto a la comunidad LGBT.

Archivo - El Espectador

El pasado fin de semana, la subcomisión de género de la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc publicó el enfoque de género que atravesará la totalidad de los acuerdos que pacten la guerrilla y el Gobierno Colombiano. La iniciativa fue aplaudida desde todos las orillas, pues esta es la primera vez un proceso de paz incluye un enfoque de género y diversidad sexual desde la etapa de las negociaciones.

Los acuerdos logrados se enfocaron en garantizar a la igualdad de las mujeres a la hora de implementar los acuerdos. Así, por ejemplo, se reconoció el importante rol que juegan en la economía campesina y la necesidad de garantizar su acceso a la tierra en condiciones justas; abogó por su participación política a través de una Campaña Nacional de Cedulación Masiva, sobre todo en pueblos afectados por la guerra; el fortalecimiento de organizaciones de mujeres campesinas que tengan proyectos para la sustitución de cultivos y finalmente; negó la posibilidad de amnistiar los delitos sexuales en el marco del conflicto y planteó la necesidad de mejorar la atención psicosocial a las víctimas de este tipo de delitos.

En la ceremonia, en la que estuvieron presentes la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka; y Zainab Bangura, representante especial del Secretario General de la ONU para la violencia sexual en los conflictos armados, también participaron representantes de organizaciones sociales en Colombia que defienden los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT. Una de ellas es Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa, y quien en entrevista con El Espectador, comentó lo pactado ese día.

Si bien los acuerdos en cuanto a los derechos de las mujeres fueron explícitos, lo relativo a los derechos de la comunidad LGBT no fue tan detallado. Al preguntarle sobre las medidas de prevención y protección especiales hay para víctimas de la comunidad LGBT en los acuerdos, Marcela Sánchez dice que, en lugar de tener un desarrollo puntual, se trata más bien de “una serie de lineamientos generales. Nuestra percepción es que el acuerdo sobre la inclusión de perspectiva de género y la diversidad sexual es bastante general, específicamente en lo que tiene que ver con identidad sexual. Creo que este asunto se dejó como reto a futuro”.

No obstante, Sánchez aclaró que “no fue difícil que la subcomisión entendiera la importancia de tener en cuenta los derechos de la comunidad LGBT, pues los movimientos que abogan por los derechos de las mujeres siempre han sido grandes aliados, porque siempre hemos entendido que el tema de género no solamente se refiere a hombres y mujeres, sino que también tiene que ver con los temas de identidad y sexualidad. Esa alianza se vio reflejada en este trabajo, pues desde las primeras reuniones hubo invitación a organizaciones LGBT a participar para presentar documentos y puntos de vista”, señaló Sánchez.

A las reuniones de la subcomisión asistieron, a lo largo de los tres años de trabajo, cinco delegaciones de víctimas que viajaron a Cuba y 18 organizaciones de mujeres y de la comunidad LGBT. Además, la mesa recibió los conceptos de diez expertas internacionales en violencia sexual y recomendaciones y testimonios de exguerrilleras de distintos países. Por eso, además de ser un asunto inédito en el mundo, tal como lo señaló en la ceremonia Maria Paulina Riveros, la plenipotenciaria del Gobierno, son una construcción que busca romper con las condiciones de inequidad socialmente construidas contra las mujeres y la comunidad LGBT, en los cuatro ejes de las negociaciones en La Habana: desarrollo rural, participación política, drogas y víctimas.

En el tema rural, Marcela Sánchez expresó que la igualdad territorial, donde la garantía de derechos no quede relegada a las grandes capitales, es el reto fundamental del posconflicto. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha sido en contextos rurales en los que más han sido violentadas las identidades sexuales diversas durante el conflicto armado. Según esa entidad, 1.795 gays, lesbianas, bisexuales y trans han sido victimizados en el conflicto por su orientación sexual.

Aún así, para Marcela Sánchez, “lo que nos interesa no es tanto la cantidad o el número de casos de personas LGBT que hayan sido víctimas en el marco del conflicto armado. Nuestra postura es que hay que analizar por qué los actores armados han violentado sus derechos. No es suficiente con sancionar ni con pena privativa de la libertad, ni con trabajo comunitario a un perpetrador, sino que es necesario proponer medidas más globales para la no repetición, que ataquen el problema de una sociedad prejuiciosa y homofóbica”.

De todos modos consideró importante que para los temas de justicia transicional la comunidad LGBT tenga “incidencia en la selección de las personas que van a estar encargadas del Tribunal de Paz, para que los comisionados de la verdad puedan tener una formación o protocolo frente a los temas de violencia sexual o de diversidad sexual que permita realmente hacer preguntas que lleven a conocer los hechos de violación de derechos humanos a los miembros de la comunidad LGBT”, así como la aplicación de metodologías que no revictimicen.

“También es importante haya una adecuada formación a la misión tripartita que va a hacer la verificación, para que tengan en cuenta que en las zonas donde se hará este proceso la violencia sexual debe estar como parte fundamental de la verificación. Es decir, para que la misión entienda que la violencia sexual es parte de las hostilidades entre armados, y que hay que vigilarla tal como al cese al fuego”, señaló Sánchez. Asimismo, se refirió a los excombatientes que, una vez entregadas las armas, se reincorporarán a la vida civil.

“Tenemos que pensar no solo en los excombatientes que puedan ser gays, lesbianas, bisexuales y trans, a quienes les tenemos que garantizar una serie de derechos en los procesos de reincorporación a la vida civil; sino que también tenemos que dialogar con los excombatientes que no son LGBT, pero se van a encontrar con una realidad cambiada, una realidad muy distinta a la que existían hace 10 años, por ejemplo. Hay que hacer pedagogía para que entiendan que la sociedad ha avanzado hacia un mayor reconocimiento de la diversidad sexual”, concluyó la activista.