Protección para Consejo Comunitario 'La Larga – Tumaradó'

La Unidad de Restitución de Tierras y la Defensoría del Pueblo presentaron la solicitud para garantizar los derechos de las comunidades que habitan un territorio colectivo de 107.064 hectáreas en la jurisdicción de los departamentos de Chocó y Antioquia.

/Cortesía Unidad de Restitución de Tierras

La emoción y alegría que se sentía entre los afrosdecendientes y campesinos que regresaron a sus tierras en el Bajo Atrato chocoano y antioqueño esperando que se les otorgara el título colectivo ‘La Larga-Tumardó”, se opacó por cuenta de un hecho que ya está siendo investigado: fueron amenazados por desconocidos que buscan apoderarse de sus tierras.

Periodistas del portal verdadabierta.com ya lo habían advertido en noviembre pasado al develar las intenciones de un grupo de ganaderos de expulsar a las comunidades que se asientan en el territorio comprendido por el Consejo Comunitario ‘La Larga – Tumaradó’ , lo que pondría en riesgo no sólo el proceso de restitución adelantado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) sino también el derecho a la tierra y los derechos humanos de las comunidades raizales y campesinas que habitan el territorio.

El caso fue denunciado por la URT y la Defensoría del Pueblo y derivó en un fallo emitido por el juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, mediante Auto Interlocutorio 0181 del 12 de diciembre de 2014, que ordena medidas cautelares con miras a proteger las comunidades beneficiarias del título colectivo de ‘La Larga – Tumaradó’.

Aunque provisionales, las medidas cautelares impedirán que los pobladores sean despojados o lanzados de dichas tierras en caso de algún otro reclamante adelante un proceso para iniciar actividades de minería o de tipo extractivas, dijeron voceros de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a El Espectador. “Según el Artículo 116 de la norma señalada, con las medidas cautelares se aplican en caso de gravedad o urgencia o cuandoquiera que los derechos territoriales resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares”, señalaron.

“El juez le ordenó a las autoridades municipales administrativas, policivas y judiciales de Riosucio, Chocó, Turbo y Mutatá, Antioquia abstenerse de realizar diligencias de lanzamientos y desalojos en contra de comunidades del Consejo Comunitario ‘La Larga – Tumaradó’, hasta tanto se haya surtido y resuelto el proceso de restitución de tierras mediante el cual se determinen los legítimos
habitantes, ocupantes, tenedores, poseedores y propietarios del territorio”, puntualiza la URT mediante un comunicado de prensa.

La URT señaló que muchos de los pobladores que valientemente decidieron regresar a sus tierras, en el Bajo Atrato de forma autónoma y autogestionada, han sido amenazados, impulsando a un nuevo escenario de desplazamiento. A eso se suma la tensión en la que viven los habitantes de los municipios de la zona por los constantes combates entre el Eln y los reductos de las Autodefensas Gaitanistas que operan en la región.

Voceros de la URT también informaron que mediante la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) y con el apoyo de organizaciones como el CINEP, se encuentra adelantando la caracterización de las afectaciones territoriales siguiendo el Decreto – Ley 4635 de 2011.

La Unidad de Restitución de Tierras también acompaña varios procesos de restitución en la región, mediante su dirección territorial en el Chocó y Antioquia, entre ellos el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato -COCOMOPOCA-, ubicado en jurisdicción de los municipios de Atrato, Bagadó, Certeguí y Lloró. Los derechos territoriales a restituir implican el uso y goce sobre una superficie de 73.317 ha, que beneficiaría a 44 comunidades; 12.116 personas representadas en 2.319 familias.