Protegen a indígenas que se enfrentan a la banda criminal La Cordillera

Un juez de tierras de Pereira ordenó, entre otras, que se instale un puesto de control de la Policía y que el Ejército aumente su pie de fuerza en la zona. La amenaza es un cartel que fundó alias “Macaco”.

Los emberas chamí habitan en resguardos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle. / Cristian Garavito
Los emberas chamí habitan en resguardos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle. / Cristian Garavito

De la reconfiguración de grupos paramilitares no se habla mucho en el país y menos en las entidades de la justicia. Un juzgado de Tierras de Pereira, sin embargo, al estudiar las medidas de protección que solicitó una comunidad indígena en noviembre pasado, dio el paso y lo dijo claramente: “El conflicto armado en Colombia ha sido reorientado a actividades relacionadas con el narcotráfico y por consiguiente es un factor de riesgo para la existencia de los pueblos indígenas”. Se refería en específico al pueblo embera chamí del resguardo La Albania, ubicado en Caldas, cuyos 286 integrantes se encuentran en peligro inminente por cuenta de carteles de droga que se conformaron tras la desmovilización del Bloque Central Bolívar (BCB).

Tratando de disminuir los riesgos que corren solo por vivir en donde viven, los embera chamí de La Albania recurrieron al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, el cual le acaba de ordenar a la Unidad Nacional de Protección que haga todo lo necesario para proteger al exgobernador del resguardo Arnoldo Arcila “y demás miembros y líderes del comité de gobierno del resguardo La Albania, amenazados por parte de los grupos delincuenciales organizados”. Y, adicionalmente, trabajar con el Ministerio del Interior, la Policía y el Ejército para ayudar a fortalecer la guardia indígena.

Es que las amenazas que enfrenta el resguardo La Albania, ubicado entre los municipios de Belalcázar, San José y Risaralda (Caldas), no son de poca monta. Los responsables de esos hostigamientos son, por una parte, la gente de La Cordillera, un cartel de drogas que conformó en el Eje Cafetero el exjefe paramilitar del bloque BCB, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco (extraditado a Estados Unidos en 2008). Por el otro lado están los integrantes del clan del Golfo –aún reconocidos como los Urabeños, que fundó el exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Y, por si fuera poco, la disputa de estos dos es con otro “peso pesado” del narcotráfico: la organización armada los Rastrojos, es decir, el cartel del norte del Valle.

Los indígenas denunciaron ante la justicia que, especialmente La Cordillera, controla el territorio con el propósito de, a su vez, controlar “el tránsito de drogas y expendio dentro de territorio indígena”. Lo más grave, aseguran, es que están obligándolos a todos al consumo: “Las acciones de los grupos delincuenciales consisten en forzar a los pobladores a expender drogas, distribuir dosis a menores de edad para estimular el consumo e intimidar y amenazar a los integrantes del resguardo, especialmente líderes y guardianes indígenas, quienes se encuentran en un grave estado de indefensión y temor de que las amenazas se materialicen en hechos fatales”.

Precisamente por meterse con el expendio y consumo de dogas es que el hoy exgobernador Arnoldo Arcila –presiones internas lo sacaron de su cargo el pasado 31 de diciembre– teme por su seguridad. “El microtráfico se ha venido consolidando en el resguardo desde hace tres años, porque estuvo en manos de tres gobernadores que no apretaron ni hicieron nada para solucionarlo. Mi período era de dos años, pero apenas completé el primero y ya me quieren sacar. Yo sé que estas presiones se han dado porque desde que empecé mi período, con la Guardia Indígena comenzamos a apretar y castigar a los muchachos que consumían y vendían”, le dijo a este diario.

Forzar a indígenas, campesinos o pobladores de zonas rurales a consumir drogas es un fenómeno que desde hace poco ha venido detectando el Ministerio de Justicia. La razón: debido a la gran cantidad de incautaciones que se vienen presentando, los carteles están enfrentando serios obstáculos para sacar su mercancía del país. Por eso están recurriendo a fomentar, por las buenas o por las malas, el consumo de estupefacientes. Un buen ejemplo de este panorama es lo que está pasando en el resguardo La Albania, donde los indígenas denunciaron también que las amenazas contra su gobernador empezaron en 2013, luego de que él se negara a permitir que los narcotraficantes usaran la carretera del resguardo para movilizar insumos hacia los laboratorios.

De hecho, fue el consumo al interior del resguardo lo que movió a Arnoldo Arcila a postularse para el cargo de gobernador. Dice que “veía a los niños de 10, 11 o 12 años que se reunían con otros compañeritos más grandes a consumir ahí en el resguardo. Para mí fue impactante y triste ver lo que nunca veía yo”. Y asegura que si bien autoridades como el Bienestar familiar estaban al tanto de este consumo de drogas en los menores de edad, “nunca hicieron nada”. En La Albania, la violencia que trae consigo la droga ya dejó un muerto: un joven indígena de 25 años fue asesinado en Belalcázar (Caldas) en agosto de 2015, presuntamente porque tenía deudas con las personas que le vendían la droga que consumía.

Ahora, por orden del juez de Tierras de Pereira, la Policía, el Ejército y la Unidad Nacional de Protección tienen la tarea de llevar más hombres a los municipios donde se sitúa el resguardo, así como “garantizar la protección al territorio colectivo y la seguridad de las personas integrantes de la comunidad de cualquier tipo de acción, amenaza o represalia de parte de los grupos delincuenciales o personas que realizan actividades ilícitas en el resguardo”. Asimismo, el juez accedió a la solicitud de los indígenas y determinó que la policía de Caldas debe establecer en ese lugar un puesto de control permanente.

Para tomar estas decisiones, el juzgado de Tierras de Pereira se apoyó en dos documentos claves. El primero es el informe de riesgo de inminencia 024-16 de la Defensoría del Pueblo, que "da a conocer que la integridad física de los líderes chamíes de La Albania se encuentra en riesgo potencial por acciones violentas de grupos delincuenciales surgidos a partir de la desmovilización de paramilitares, reconocidos ahora como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños, La Cordillera y Águilas Negras. Grupos que han consolidado el dominio de expendios de drogas y rutas de tráfico, quienes siguen en disputa por la expansión de la dominación territorial”. Oponerse a la venta de drogas, advierte el documento, le costó la vida al líder Héctor Fabio Vásquez el 8 de mayo de 2016.

El segundo es el reporte de un estudio preliminar hecho por la Unidad de Restitución de Tierras, cuya Dirección de Asuntos Étnicos asesoró a los indígenas del resguardo La Albania para presentar esta solicitud de medidas cautelares o de protección. Este "coincide en que los grupos delincuenciales organizados, cuya presencia y actuaciones delictivas afectan a la comunidad indígena en cuestión, surge como rezago de la presencia de grupos armados organizados que diversificaron sus actuaciones a la extorsión, minería ilegal, microtráfico, trata de personas y contrabando. Por lo que se trata de conductas que trasciende el carácter meramente delincuencial para convertirse en una evidente manifestación más del multiforme conflicto armando".

Los peligros que acechan al resguardo indígena La Albania, consideró el juez, son un asunto de interés para todo el Estado. Por eso le envió a la Fiscalía el estudio preliminar de la Unidad de Restitución de Tierras para investigar las denuncias de los líderes indígenas; a la Agencia Nacional de Tierras le solicitó adelantar el procedimiento de posesión de los predios donde está localizado el resguardo; a la Unidad de Restitución le ordenó hacer un censo de las familias y otro de quienes se declararon víctimas de desplazamiento; a la Unidad de Víctimas le indicó que tiene que otorgar ayudas humanitarias y a las autoridades regionales, que deben mejorar las vías de acceso al resguardo. Proteger a esta comunidad requiere intervenciones desde todos los frentes.