Protestan ante la Procuraduría por destitución de Guillermo Asprilla

Calificaron el fallo como una "persecución política".

Ante la sede de la Procuraduría General, en el centro de Bogotá, cientos de manifestantes cuestionaron el fallo del Ministerio Público que destituyó e inhabilitó por 12 años al secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla.

Los manifestantes, víctimas de la explosión del relleno de Doña Juana, calificaron como una “persecución política” la sanción disciplinaria emitida contra Asprilla quien el pasado jueves fue notificado oficialmente por el órgano de control disciplinario por lo que tuvo que abandonar el cargo.

Sin importar la fuerte lluvia, con pancartas y canticos los manifestantes indicaron que el procurador General abusó de su poder, indicando que no entienden el porqué del fallo disciplinario en contra de Asprilla quien fue el encargado de representarlos en una demanda en contra del Distrito.

"Es un fallo antijurídico con efectos políticos, (...) porque desconoció toda lógica procesal", precisó uno de las personas que protestaba con una foto de Asprilla Coronado en las afueras del Ministerio Público.

El pasado 4 de abril, en decisión de segunda instancia, la Procuraduría General confirmó la sanción disciplinaria en contra del actual secretario de Bogotá, Guillermo Raúl Asprilla Coronado, por violar el régimen de inhabilidades para ocupar cargos públicos.

En la decisión se confirmó el fallo de primera instancia emitido el pasado 19 de diciembre en el cual Asprilla fue sancionado con destitución e inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos al considerar que se había posesionado como concejal distrital de manera irregular puesto que era el representante de un grupo de familias afectadas por el derrumbe del relleno sanitario de Doña Juana en una demanda contra el Distrito.

En la lectura del fallo disciplinario en contra del secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla, la Procuraduría Segunda Distrital señaló que el funcionario era consciente que estaba incurriendo en una violación al régimen de inhabilidades cuando ocupó el cargo de concejal distrital.

En este sentido consideró que debido a su formación académica y profesional, Asprilla sabía que estaba incurriendo en una falta disciplinaria, puesto que era clave que al momento de su nombramiento como cabildante revisar y verificar su situación.

Para el Ministerio Público, Asprilla tuvo todas las herramientas para verificar si seguía apareciendo como apoderado en una demanda contra el Distrito por el derrumbe del relleno de Doña Juana en 1997, hechos por los cuales fue condenada la ciudad. (Ver Condenan al Distrito al pago de $227 mil millones por derrumbe de Doña Juana)

“La falta dolosa o culposa al posesionarse en el cargo siendo apoderado en una demanda contra el Estado fue evidentemente clara. Tuvo conocimiento de todo esto incluso mucho antes de salir del país, puesto que entregó un poder a su sobrina para que lo representara en actos públicos y políticos”, indicó el procurador del caso.

En este sentido la Procuraduría insistió en que para la época de los hechos el secretario de Gobierno vulneró lo establecido en la ley sobre la prohibición y compatibilidad de los concejales.

“No está bien por ética profesional que un concejal de Bogotá aparezca como apoderado en un proceso judicial contra el Distrito (…) Cuando se posesionó no advirtió estar inmerso en el régimen de inhabilidades”, indicó la Procuraduría.

Igualmente se mencionó el hecho que hace menos de un mes el Consejo de Estado emitió un fallo en contra del Distrito y se le ordenó el pago de 227 mil millones de pesos, advirtiendo que en dicha acción judicial seguía apareciendo como apoderado Guillermo Asprilla.

“En las pruebas documentales y testimoniales se tiene que infringió el artículo que establece incompatibilidades a concejales de ser apoderados de casos relacionados con el Distrito”, indicó el fallo.

La falta se calificó como gravísima a título de dolo porque confluyó en el sancionado el conocimiento de la prohibición y su conciencia de capacidad individual de acción y no realizó actuación alguna para evitar infringir la Ley, máxime cuando con su experiencia como litigante, debía saber que el poder general que otorgó a la abogada Florian Asprilla, para que tuviera efectos legales, debía registrarse ante los estrados judiciales.