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En la Fiscalía cuentan con que hoy, 12 de junio, el Congreso vote el proyecto de ley anticorrupción que presentó ante el Congreso en 2017 Néstor Humberto Martínez, cuando ejercía como fiscal general, y que se unió a cuatro iniciativas similares que surgieron desde el Congreso mismo. En el borrador final, un artículo determinado ha llamado la atención: el que propone cambiar el Código Penal para el delito de revelación de secreto y utilización indebida de información sometida a secreto o reserva.
El Código Penal, tal como está, indica que “el servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”. La multa va de 20 a 90 salarios mínimos legales, podría haber prisión hasta por cuatro años y medio e inhabilidades para ejercer funciones públicas por seis años. La modificación que se tramita en el Congreso aumenta las sanciones: hasta ocho años de cárcel, hasta 120 salarios mínimos de multa y hasta 10 años de inhabilidad.
::Lecciones para proteger la información reservada::
Las alarmas las han prendido los periodistas: ¿corre riesgo el ejercicio periodístico con este endurecimiento de la ley? Belisario Moreno, asesor del fiscal general encargado, Fabio Espita, aseguró en los micrófonos de la W que no. “No tiene por qué haber ninguna preocupación en el gremio periodístico de que se pongan en riesgo sus fuentes o que las comprometa penalmente. La revelación de secreto tiene un alcance específico. Está orientado para aquellos asuntos que, por su naturaleza, deben permanecer en secreto”.
Moreno explicó que esa reserva “está dada por la ley” y que, por ende, “no se trata de una cortapisa al acceso a la información”. Y agregó: “El mero ejercicio de revelar una noticia que es reservada no es delito en sí. Debe llevar un ánimo protervo, doloso, de afectar a la administración pública. Cuando no se advierte ese ánimo, no estamos ante una conducta delictiva”. El funcionario explicó, además, que este delito se reconoce en Colombia desde hace más de 30 años.
No todos, sin embargo, están de acuerdo con la postura del asesor del fiscal general (e). Entre ellos, Pedro Vaca, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). “En todos los países del mundo, la revelación del secreto es un delito. Lo que pasa es cuando la filtración de información protege un interés público mayor a la reserva, la conducta no puede ser sancionada. La conducta deja de ser antijurídica. Como, por ejemplo, cuando una persona mata a alguien pero en defensa propia”, le explicó Vaca a este diario.
::Las trabas para obtener información reservada en internet podrían desaparecer::
El presidente de la Flip se pronunció también al respecto desde su cuenta de Twitter, donde manifestó más razones para oponerse a este cambio del Código Penal que se tramita en el Congreso. Entre ellas, que este proyecto no diferencia si hay daño o no con la filtración para tomar el camino de la cárcel, y que la OCDE no pide endurecer las penas a quienes filtren información, sino garantizar condiciones de seguridad para los denunciantes. “Quien denuncia hechos reprochables es un valiente, no un delincuente”.
“Si el estado -agregó Vaca- afila su espada para cortar cabezas de los funcionarios se siembra miedo. Los funcionarios verán actos de corrupción pero tendrán temor de denunciarlos. Los periodistas se quedan sin fuentes. Y la sociedad... sin información”.
La semana pasada, el fiscal (e) Fabio Espitia firmó un acuerdo con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y con nueve congresistas, para que se aprobara hoy este proyecto anticorrupción. Entre los firmantes está Germán Varón Cotrino, senador ponente; Alexander López, del Polo Democrático; Angélica Lozano, del Partido Verde; Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; Rodrigo Lara, de Cambio Radical; y Roy Barreras, del Partido de la U.