Pruebas contra Carlos Albornoz

Malos manejos de dos bienes en manos de la DNE lo tienen de nuevo en líos.

Carlos Albornoz, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Carlos Albornoz, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Los malos manejos de dos bienes a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la finca cafetera La Argentina y el hotel Chinauta Resort, así como un posible fraude, tienen al exdirector de esa entidad, Carlos Albornoz, de nuevo en la mira de la justicia.

Por estos hechos la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos. Este proceso se suma al que le lleva la Fiscalía a Albornoz por su presunta participación en el caso de corrupción que derivó en la liquidación de la DNE y tiene a varios congresistas y excongresistas en la mira de la Corte Suprema de Justicia.

Para la Procuraduría hay evidencias de que Albornoz no hizo nada para evitar los malos manejos de la hacienda cafetera La Argentina y del hotel Chinauta Resort. La finca, que era administrada por Luis Vargas Vargas, supuesta cuota del excongresista Ómar Yepes Alzate —investigado por este escándalo—, dejó de repente de generar los $700 millones en ganancias que normalmente producía y empezó a tener pérdidas.

Al parecer Vargas —junto con el dueño del predio Jorge Eduardo Mejía— se apropiaba de la cosecha y la vendía sin informar a Estupefacientes sobre los negocios que hacía. Así se desprende de la declaración dada a la Fiscalía por el excoordinador del Grupo de Bienes Rurales de la DNE, Juan Carlos Andrade, quien fue enfático en que, por los malos manejos de La Argentina, el predio no le dio ni un peso al Estado.

Por ello la propiedad “pasó de ser una finca cafetera productiva a ser un predio que arrojaba pérdidas, situación frente a la cual no se adoptaron medidas que permitieran minimizar el daño”.

Algo similar habría ocurrido con el Hotel Chinauta Resort, que fue de propiedad del capo Justo Pastor Perafán y, después de que el Estado se apropiara de él, pasó a manos de la depositaria Zaira Samira Villamil Álvarez, el 17 de diciembre de 2008. La Procuraduría resalta que cuando la depositaria recibió el Chinauta Resort era “uno de los hoteles mejor posicionados en el mercado y en el momento que fue entregado pasó a ser improductivo”.

Villamil Álvarez no contaba con la experiencia para administrar un hotel —apenas poseía un título como abogada— y durante su administración Chinauta Resort tuvo un bajón. A esto se suma que la depositaria tuvo varios encontrones con los sindicatos de empleados del hotel.

Pero, como indicó la funcionaria de la DNE, Helia Marcela Niño, a la depositaria “no se le podía mover porque tenía un respaldo fuerte. Los manejos que se le dieron (a Chinauta Resort) fueron muy malos, pero el grupo de sociedades comentó que no se podía mover”. Al parecer, Villamil Álvarez era cuota del congresista Álvaro Ashton Giraldo, investigado por este proceso.

Según recuerda Nelson Enrique Sánchez, presidente de uno de los sindicatos de empleados de Chinauta Resort, cuando los trabajadores le advertían que iban a “elevar nuestras quejas ante la Procuraduría y la Fiscalía, ella abiertamente manifestaba que pusiéramos las demandas que quisiéramos, porque al fin y al cabo tenía el respaldo del senador conservador Álvaro Ashton y de los dirigentes de la DNE”.

La Procuraduría alerta que “se puede inferir que la depositaria, además de las falencias que se vieron reflejadas en la baja productividad del hotel, al parecer incurrió en serias conductas de corrupción que afectaban no sólo a los contratistas, sino también a los empleados que se sintieron afectados por este mal ambiente”. En criterio de la Procuraduría, Albornoz era conocedor de la situación, pues siempre estuvo informado. A pesar de ello, no habría hecho nada para evitar el descalabro del Chinauta Resort.

El otro hecho por el que se le formula pliego de cargos a Albornoz tiene que ver con un acta, la Resolución 1000 del 23 de julio de 2008, con la que supuestamente el entonces director de la DNE habría favorecido a la Sociedad Promociones y Construcciones del Caribe al fijar, extemporáneamente, los honorarios del entonces liquidador de esa empresa, el exfiscal Camilo Bula —en proceso con la Fiscalía por este escándalo— y aumentar la lista de bienes de esa sociedad.

Este proceso constituye un nuevo lío para Albornoz, a quien el pasado 18 de enero la Fiscalía le imputó los cargos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, fraude procesal, concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de terceros y obtención de documento público falso porque, al parecer, puso en bandeja varios bienes de la DNE que terminaron en manos de personas cercanas a 13 excongresistas y congresistas, en este momento, bajo la mira de la Corte Suprema de Justicia.

En entrevista con este diario, el exdirector de la DNE Carlos Albornoz lamentó que conociera la noticia del pliego de cargos en su contra a través de los medios de comunicación. Aseguró que no le ha “llegado ningún oficio, ninguna comunicación por parte de la Procuraduría. En mis 40 años de servicio es el primer pliego de cargos que me abren. Igual asumiré mi defensa”.

Respecto a los señalamientos en su contra, expresó que “en la Dirección había 85 mil bienes. Yo no podía estar al frente de todos ellos. No es cierto lo que se dice y ya tendré la oportunidad para desvirtuar esas acusaciones. Yo no he podido tener la oportunidad de dar una versión libre”.

Y agregó que, a diferencia de lo que dice la Procuraduría, el hotel Chinauta Resort no era rentable. “Los depositarios no aguantaban ni un mes porque tenían que lidiar con unos sindicatos muy tremendos”. Además dijo que poner en funcionamiento algunas de las instalaciones del hotel, como la piscina de olas, era bastante costoso y que por ello nadie quería hacerse cargo de él.

Sobre sus supuestos vínculos con el senador conservador Álvaro Ashton indicó que nunca se reunió con él. “Ashton jamás me visitó”, dijo Albornoz, quien se mostró confiado de que podrá demostrar su inocencia ante la Procuraduría. Otros exdirectores de la DNE, funcionarios de esa entidad y 13 congresistas pretenden hacer lo mismo frente a sus respectivos jueces.

En Twitter: @juansjimenezh