Las pruebas contra Hernando Molina, exgobernador del Cesar

La Fiscalía, que lo llamó a juicio por el asesinato de un indígena kankuamo, le dio validez al testimonio de dos ‘exparas’. El móvil del crimen sería una venganza por el homicidio de la exministra Consuelo Araujo.

En 2010 la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador Hernando Molina Araujo por parapolítica. /Archivo

Liberado en septiembre de 2010 tras haber cumplido las tres quintas partes de su condena por 'parapolítica', el exgobernador del Cesar Hernando Molina Araujo podrá volver a prisión.  Tras determinar que las pruebas en su contra son contundentes, la Fiscalía 44 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió orden de captura y lo llamó a juicio por el homicidio del profesor Óscar Enrique Montero Arias, que hacía parte de la comunidad indígena kankuama y fue asesinado a tiros en zona rural de Valledupar en 2004. En un fallo proferido el 5 de mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia determinó que el exdirigente político había hecho parte orgánica del bloque Norte de las autodefensas, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

Hijo de la asesinada exministra de Cultura Consuelo Araujo, e hijastro del actual Contralor, Edgardo Maya Villazón, Molina alcanzó el principal cargo político del departamento en 2004 gracias al apoyo del bloque. Según testimonios recopilados por la Fiscalía, su cercanía con las autodefensas se remonta a 1999, cuando fungía como comandante en el corregimiento de Patillal. Su relación con el paramilitarismo, donde se le conocía con el alias de ‘35’, lo tiene ad portas de ser juzgado por el homicidio de Montero. El Espectador conoció la resolución de acusación de 183 páginas en la que el ente acusador consideró que existían méritos suficientes para iniciar un juicio en su contra. En el documento se le da plena validez a las declaraciones de dos ‘exparas’, que dan cuenta de cómo se orquestó el crimen.

El primero es el de Jhon Jairo Hernández Sánchez, alias ‘Centella’, comandante financiero del frente Mártires del Cesar. En diligencias rendidas ante la Fiscalía entre 2008 y 2010, Hernández aseguró que “quien insistió para que mataran al profesor fue el exgobernador Hernando Molina Araujo, todo por el simple capricho de que supuestamente el profesor era familiar de alias ‘Tito Arias’, quien secuestró y asesinó a la cacica Consuelo Araujo Noguera (…) En una reunión que se realizó en el corregimiento La Mesa, el señor Molina le pidió al comandante del frente, alias ‘39’, que asesinara al profesor”.  El segundo testimonio es el de Ómar David Celedón Calderón, alias ‘Cocoliso’, quien ingresó al frente siendo menor de edad y ejercía labores de patrullaje y comunicaciones. 

Según él, días antes del homicidio “subió hasta El Mamón el gobernador del Cesar, muy amigo del difunto ‘39’. Entonces, ‘39’ nos mandó a buscar a Rafael Meriño, alias Manon; a alias ‘Jhon Jairo’, a alias ‘Centella’, a alias ‘Jasa Jasa’ y a mí. Nos reunieron en un palo de níspero que hoy está mocho, y ‘39’ nos dijo que nos tenía una misión. Dijo que asesináramos al profesor y a los días se hizo el retén”, en el que Montero fue bajado de su vehículo y posteriormente asesinado. Celedón también declaró que “el motivo era que el profesor era familiar de quien ejecutó el secuestro de la cacica Consuelo Araujo Noguera” y que el día de la reunión “el gobernador dio los nombres y apellidos del difunto. Alias ‘39’ dijo que tocaba matarlo y Molina, en sus palabras, daba a entender que sí, pero que lo desapareciéramos, que no quedara rastro de nada”.

Y es que, de acuerdo a algunas declaraciones que obran en el expediente, el exgobernador Hernando Molina habría dado la orden de asesinar a todos los indígenas kankuamos que llevaran ciertos apellidos, en venganza por la muerte de su madre. Según declaración rendida por el exparamilitar Julio Manuel Argumedo, “Molina Araujo, alias ‘35’, había ordenado dar muerte a varias personas que llevaran los apellidos Montero y Arias, según lo dicho por alias ‘39’ en una reunión”. Igualmente, Luz Marina Gnecco Plá, quien fungió como testigo ante la Corte e integra una de las familias más poderosas del Cesar, refirió que “según comentan en Valledupar, una vez Consuelo Araujo es asesinada aparentemente por la guerrilla y teniendo conocimiento de que uno de los guerrilleros de Patillal tenía el apellido Arias, supuestamente Molina dio la orden de asesinar a todos los Arias”.

En el mismo sentido, el excombatiente de las autodefensas Gerónimo Costa afirmó que “el apellido Arias era un trofeo para nosotros, porque la guerrilla permanecía en la zona de los indios y se llevaba muchos indios a trabajar con ellos.

Entonces, nosotros pensábamos que todos eran igual y por sospecha murieron muchos inocentemente, aunque también había varios que sí trabajaban en esa organización”.

Según la Fiscalía, la supuesta vinculación del profesor Montero con las Farc también pudo haber estado motivada por un informe elaborado por el Servicio de Inteligencia de la Policía (Sipol), fechado el 5 de octubre de 2001, en el que aparece el nombre de Carmen Enrique Montero Arias como profesor e ideólogo del frente 59 de las Farc, cuya función era reclutar nuevos combatientes.

Para el ente acusador, “el hecho de tener la víctima el apellido Arias, así como su calidad de profesor —pues tan solo él ejercía dicha profesión en la zona rural de Valledupar—, se tienen como circunstancias probables para que lo hayan relacionado como uno de los perpetradores del secuestro y homicidio de Consuelo Araujo Noguera.

En consecuencia, se configura el motivo por el cual el exgobernador Molina quisiera acabar con su vida y con los demás participes de los hechos, donde se ubican a integrantes de la comunidad kankuama”. Aun así, la Fiscalía reconoció, con base en información suministrada por líderes de esa comunidad y por desmovilizados de las Farc, que varios miembros de esa etnia sí militaron en la guerrilla y participaron en el crimen, lo que costó la vida de decenas de civiles.

Al respecto, el general Publio Hernán Mejía, condenado por el homicidio de Montero y designado como comandante del Batallón de Artillería La Popa tras el asesinato de Consuelo Araujo, declaró que el kakuamo conocido como “‘Tito Arias’, era el segundo cabecilla de la escuadra 59 de las Farc y autor material del secuestro, tortura y asesinato de la exministra.

Todos los actos criminales cometidos por las Farc, que llevaron a la muerte de Consuelo Araujo, se consumaron en territorio de la comunidad indígena kankuama y los cabecillas de la cuadrilla 59 eran kankuamos”. Sin embargo, la Fiscalía ha podido establecer que nada tuvo que ver el profesor Montero con esos hechos y que alias ‘Tito Arias’ responde al nombre de Uriel Arias Martínez.

Respecto a las acusaciones contra Hernando Molina, su defensor alegó que existen serias inconsistencias en los testimonios y que alias ‘Centella’ acusó al exgobernador con el fin de extorsionarlo. Su tesis fue respaldada por el también exparamilitar Gerónimo Costa, quien declaró, en palabras de la Fiscalía, que “‘Centella’ es un embaucador que solo pretende extorsionar a Molina Araujo para que le entregue dinero a cambio”. Asimismo, que alias ‘Cocoliso’ ha sido “seleccionado e instruido por ‘Centella’, manipulándolo al grado que aquel hace y dice todo lo que le indica este, como en este caso”. Al respecto, el ente acusador señaló que esos señalamientos son falsos y que los testimonios de los dos primeros desmovilizados son “absolutamente consistentes y pertinentes”. 

Así las cosas, el ente acusador llamó a juicio al exgobernador Molina, ante lo cual la defensa apeló la decisión y pidió la preclusión de la investigación. Mientras se resuelve esa petición, la Fiscalía 44 solicitó adelantar las pesquisas correspondientes sobre la presunta responsabilidad de ‘Jorge 40’ en estos hechos y compulsó copias para investigar a dos exparamilitares por falso testimonio.

De encontrarse culpable, Molina podrá pagar hasta 60 años de cárcel por el asesinato del profesor Óscar Montero, crimen agravado por “la posición distinguida que Molina ocupaba en la sociedad, al ser ni más ni menos que la primera autoridad civil del departamento, al momento de ejecutar los hechos”.

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