La audiencia de imputación de cargos contra los 13 capturados por, supuestamente, estar detrás de los atentados en Bogotá tiene una particularidad: no todos están siendo señalados de pertenecer a las estructuras urbanas del Eln. Fuentes de la Fiscalía explicaron que entre los detenidos hay dos grupos. El primero, conformado por tres hombres que serían los responsables de siete ataques a la capital con artefactos explosivos, quienes serían milicianos. Y el segundo, los otros 10 ¬entre los que están defensores sociales, contratistas del Distrito y estudiantes¬, quienes habrían incitado las revueltas del pasado 20 de mayo en la Universidad Nacional. Al parecer, antes de la revuelta se habrían reunido con líderes guerrilleros y transportado papas bomba.
Los tres primeros, David Camilo Rodríguez Hernández, alias el Profe, Heiler Anderson Lamprea Flórez, alias el Mechudo, y Gerson Alexánder Yacumal Ruiz, alias Nicolás, son procesados por los delitos de rebelión, terrorismo, lesiones personales y daño a bien ajeno. Según las autoridades ellos estarían detrás de la explosión de un artefacto, en hechos ocurridos el 20 de junio de 2014 junto al CAI del parque Lourdes. Allí resultaron heridos un policía y un civil. Asimismo, supuestamente habrían planeado la activación de paquetes explosivos en cinco diferentes puntos de la capital el 29 de julio de 2014 y otro atentado el 6 de octubre de ese año.
Fuentes del ente investigador indicaron que la identificación de estos personajes fue posible gracias a la desactivación de uno de los cinco paquetes y de la reacción de la Policía antes de que se ejecutará el atentado del 6 de octubre pasado. En esa ocasión se recuperaron los celulares que servirían como detonadores. A estos dispositivos los investigadores les hicieron un rastreo y hallaron una serie de números que empezaron a interceptar.
Así entraron en el radar de las autoridades el Profe, el Mechudo y Nicolás. Además de las interceptaciones, les realizaron seguimientos. Luego empezaron a identificar a nuevas personas, quienes supuestamente asistían a reuniones clandestinas y sostenían constantes comunicaciones con los tres primeros.
Los investigadores les tomaron fotos y los siguieron hasta sus puntos de encuentro ya que por celular jamás daban direcciones. Uno a uno fueron identificados. Una de las casas que servía como centro de reuniones estaba ubicada en el barrio El Tunal, al sur de Bogotá, pero los investigadores no dieron con su ubicación al principio: a varios de los hoy capturados los recogían en el portal de Transmilenio de El Tunal y posteriormente los transportaban en carro.
Las líneas interceptadas empezaron a revelar detalles de un plan que el Profe, al parecer, estaba ideando junto con un grupo de jóvenes para protagonizar una revuelta en la Universidad Nacional. Hecho que finalmente ocurrió el pasado 20 de mayo. Fuentes consultadas señalaron que en las conversaciones interceptadas se les escuchó hablar de elementos explosivos. “Traiga azufre” o “hace falta potasio” eran algunas de las frases. Para las autoridades nada de índole académico.
Días antes de que se diera rienda suelta a los enfrentamientos en la Universidad Nacional, donde quedaron heridos 14 hombres del ESMAD, agentes de la Sijín de la Policía siguieron al Profe, quien habría sido retratado junto a varios sospechosos en diferentes almacenes comprando capuchas y maderas que servirían como escudos al momento del choque contra las autoridades.
Es más, uno de los hechos que fue clave en las pesquisas ocurrió un día antes de los enfrentamientos en la Nacional. Esa noche, 19 de mayo, los investigadores, luego de haber identificado la casa en la que se reunían en El Tunal, vieron a unos de los detenidos cargando cajas al interior de un vehículo que finalmente llegó a una vivienda ubicada en el barrio Galerías. Al siguiente día las autoridades tomaron una serie de fotos en la que se veía a una mujer saliendo de la residencia y cargando las mismas cajas al interior de un vehículo.
Horas después la mujer entró en el carro a la Nacional. Sin embargo, los vigilantes alertaron que algo irregular había en las cajas, se las quitaron y encontraron que se trataba de unas papa bomba. Un total de 810 artefactos explosivos fueron decomisados ese día. Un funcionario de alto rango de la Fiscalía precisó que la mujer también había sido vista el día anterior en una reunión con el Profe en una cafetería. Con foto en mano explicó esa fuente que se trataba de Paola Andrea Salgado, la mujer a la que distintas organizaciones sociales han defendido asegurando que ella no es ninguna guerrillera sino una reconocida abogada y activista por los derechos sexuales de las mujeres.
En pocas palabras, la Fiscalía aseguró que tiene en su poder una serie fotos en las que, al parecer, claramente se ve a Salgado reunida con el Profe. Aún más, que ella habría material explosivo. Ese tipo de pruebas serían las mismas contra el resto de estudiantes que, según las autoridades, no pueden ser catalogados como miembros de las estructuras urbanas del Eln, pero sí como simpatizantes. Por ahora, la audiencia de imputación de cargos avanza, pero será en la solicitud de medida de aseguramiento donde la Fiscalía destape los elementos probatorios contra los 13 capturados. Además, el ente investigador, tras los allanamientos, tienen casi 200 objetos, entre revistas, celulares, computadores, USB, agendas, que podrían constituir nuevas pruebas. Familiares y abogados de los detenidos insisten en la tesis de un “falso positivo” de la Fiscalía y aseguran que van a demostrarlo ante un juez.
Los contratistas
Tres de los capturados son contratistas del Distrito y algunos de ellos son reconocidos por su trabajo social. Se trata de Paola Andrea Salgado Piedrahíta, Sergio Segura Guiza y Stefany Lorena Romo Muñoz. En el momento de su detención, Salgado, abogada de la Universidad Nacional, se desempeñaba como contratista de la Secretaría de Salud, puntualmente como coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva para mujeres del Hospital de Suba. Segura, por su parte, es comunicador social de la Universidad Cooperativa y candidato a magíster en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica. En el momento de su detención se desempeñaba como contratista de la Secretaría de Educación y periodista del medio alternativo Colombia Informa. Romo, por su parte, es politóloga de la Universidad Nacional. Tiene 23 años, hizo parte de la Comisión Académica de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y trabajaba en la Secretaría de Educación. Su familia ha dicho que ellos son defensores de derechos humanos.
Los estudiantes y profesionales
Del resto de capturados, cinco son estudiantes de la Universidad Pedagógica (Víctor Orlando Ariza, Félix Mauricio Rodríguez, Daniel E. Hernández y los hermanos Licet Johana y John Fernando Acosta) y dos son profesionales (Luis Daniel Jiménez Calderón y Andrés Felipe Rodríguez Parra). Los estudiantes son todos menores de 23 años. En el caso de los dos profesionales, Jiménez Calderón, de 34 años, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional y representante de la ONG Corporación Arando; por su parte, Rodríguez Parra, de 23 años de edad, es filósofo de la Universidad Nacional y trabajaba en la ONG Fundación Paz y Reconciliación, que dirige León Valencia; no obstante, Valencia anunció la suspensión de su contrato hasta que estos hechos “se aclaren”. A estas siete personas, al igual que a los tres contratistas del Distrito, se les investiga por su presunta participación en el ingreso de artefactos explosivos que luego fueron usados en una manifestación el 20 de mayo en la Universidad Nacional, en Bogotá.