Las pruebas de la Fiscalía en contra de Francisco Rojas Birry por el 'carrusel'

El próximo 5 de diciembre la Fiscalía General le imputará el delito de cohecho propio al expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birry en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en los hechos que rodearon el llamado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

El ente investigador cuenta con cuatro testimonios que enredan al expersondero distrital en la solicitud de una comisión para omitir sus funciones de control y vigilancia para el efectivo cumplimiento del contrato para la prestación del servicio de ambulancias en Bogotá, celebrado en 2009 y que tuvo un valor cercano a los 67 mil millones de pesos.

La Fiscalía tuvo en cuenta las declaraciones rendidas por el exsubdirector técnico y jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Inocencio Meléndez Julio; el exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano; el expresidente del Concejo Distrital, Hipólito Moreno y el contratista Emilio Tapia. (Ver Inocencio Meléndez señaló a Rojas Birry de tener intereses en el 'carrusel')

En este sentido se considera que existen pruebas claras que permiten inferir que Rojas Birry habría recibido 400 millones de pesos con el fin de omitir las claras irregularidades en la celebración de este contrato y de evadir sus funciones para la defensa del patrimonio del Distrito, sus bienes y la seguridad de los bogotanos para recibir un buen servicio en este derecho fundamental.

Igualmente el exfuncionario tenía la obligación de alertar a las autoridades frente a las falencias que encontrará en esta celebración contractual en el marco de la revisión que le adelantó a ese contrato, el cual le fue entregado a una empresa que no tenía la experiencia exigida y la cual se vio ampliamente beneficiada de la modificación del pliego de condiciones en el proceso de licitación.

Otros testigos señalaron a Rojas Birry de ejercer presiones con el fin de beneficiarse de los contratos 071 y 072 para la reparación de la malla vial en la capital de la República durante la administración de Samuel Moreno Rojas.

Por estos mismos hechos en las próximas semanas la Fiscalía General llamará a interrogatorio a 15 concejales, exconcejales, funcionarios de la Secretaria de Salud del Distrito y contratistas adscritos a la Oficina de Obras Públicas de Bogotá.

El expersonero se encuentra actualmente en la cárcel La Picota de Bogotá pagando una condena de ocho años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito tras ser hallado culpable en primera y segunda instancia de recibir 200 millones de pesos por parte de David Murcia Guzmán, representante de la intervenida captadora ilegal de dinero DMG.