Las pruebas de la Fiscalía en contra del 'hacker' Sepúlveda

El representante del ente investigador manifestó existen elementos materiales probatorios que permiten inferir que el ‘hacker’ incurrió en acciones ilícitas dirigidas a afectar el proceso de paz. La Procuraduría sostiene que no se cumplen con los requisitos para que sea privado de su libertad.

Un fiscal delegado ante el CTI le solicitó a la jueza 10 de garantías que cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario a Andrés Fernando Sepúlveda Ardila en el marco del proceso que se le adelanta por presuntamente interceptar a dirigentes políticos, miembros de las Farc y funcionarios del Gobierno relacionados directamente con el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba.

En su extensa intervención el representante del ente investigador aseguró que existe suficiente material para inferir que Sepúlveda Ardila representa un peligro para la sociedad y en libertad podría obstruir la recta y efectiva administración de justicia. Para esto citó las actividades ilícitas que adelantó el ahora imputado en su oficina ubicada en un exclusivo sector de la capital de la República.

En este punto manifestó que Sepúlveda hizo parte fundamental de una “empresa criminal” dirigida a obtener y divulgar información privilegiada sobre los diálogos de paz, afectando de esta manera la seguridad nacional de Colombia puesto que con esta actividad se buscaba afectar gravemente el proceso revelando los datos de los negociadores.

Igualmente señaló que hasta el momento desconoce los motivos para que el desarrollador de software de 29 años para afectar el proceso de paz. “La actividad desplegada era la de espiar y obtener de manera indebida estas negociaciones. Se quería tumbar el proceso y así está demostrado en diferentes informes de campo, elementos incautados en su oficina en el norte. Es claro que su objetivo principal era destruir y obtener secretos”.

Para la Fiscalía es claro que existía una campaña, emprendida por Sepúlveda, para desprestigiar los acuerdos que se habían firmado en La Habana utilizando diferentes plataformas tecnológicas para publicar estos datos reservados como la página www.dialogoavoces.com. Además se obtuvieron de manera ilegal correos electrónicos con sus respectivas contraseñas de personas en la mesa de negociación afectando la seguridad nacional.

El ‘hacker’ habría interceptado el correo de alias ‘Boris’, jefe de comunicaciones y prensa de las Farc, lo que pudo desestabilizar las negociaciones puesto que el grupo guerrillero habría podido pensar que era el Gobierno el que estaba detrás de estas interceptaciones. “Pudo llevar a estar personas a tomar la decisión de levantarse al pensar que era el Estado colombiano el que los estaba encriptando y vulnerando sus derechos”.

Sin embargo la información reservada no solamente se dirigió a las personas relacionadas de manera directa o indirecta con el proceso de paz sino que además se interceptó el correo electrónico de Francisco Santos Calderón y su secretaria privada por motivos que hasta el momento son desconocidos.

“Sabía de la ilicitud de las mismas. Conocía que las actividades que en las que estaba participando eran prohibidas por la ley debido a su amplio conocimiento en temas informáticos”, precisó el fiscal del caso.

La relación con la campaña de Zuluaga

En su intervención el fiscal del caso citó las declaraciones del ´hacker’ español Rafael Revert en la que hizo referencia a las conversaciones que sostuvo en repetidas oportunidades con Sepúlveda Ardila vía Skype y de manera personal.

En una de esas charlas Sepúlveda Ardila le manifestó que entre sus clientes esta la Dirección de la Policía, Dirección Nacional de Inteligencia (DNI-que remplazó a DAS), la DEA, el Comando Sur del Ejército, Óscar Iván Zuluaga y un grupo de oficiales cuyos nombres nunca le fueron revelados.

“La Fiscalía exhibirá elementos que corrobora esta información en la cual está demostrado su señoría que el señor Óscar Iván Zuluaga por lo menos iba a las instalaciones de las oficinas donde se desarrollaba la actividad criminal del señor Andrés Sepúlveda”, aseguró el fiscal.

Además aseguró que mediante un software malicioso, que se lo compró a la Dipol, se buscó afectar la campaña del candidato presidente Juan Manuel Santos. Mediante un acceso remoto se crearon estrategias dirigidas a afectar su imagen y atacar los mensajes publicados en su cuenta personal que hicieran referencia a los diálogos de La Habana.

“Es claro que se utilizó para genera un daño”, aseguró el delegado del órgano persecutor del delito en Colombia al hacer referencia al grupo que creó el ahora procesado en su oficina para dividir las funciones y trabajos de los diferentes ataques informáticos que se tenían programados.
Reseñó además que fueron obtenidos datos de carácter privado y confidencial en Migración Colombia sin tener la autorización de un juez de garantías lo que le es exigido a los miembros de las agencias de inteligencia y otros organismos.

Sepúlveda Ardila se declaró inocente de los delitos de violación de datos personales, acceso abusivo a sistemas informáticos, espionaje, concierto para delinquir y uso de software malicioso que le imputó la Fiscalía General en la audiencia celebrada este martes.