Los testimonios que hay contra los policías que interceptaron al “Ñeñe” Hernández

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La Fiscalía cuenta con cuatro declaraciones que podrían poner en aprietos al mayor Yefferson Tocarruncho y al sargento Wadith Velásquez. Las cuatro fueron obtenidas después de que se conociera el contenido de la conversación interceptada a José “Ñeñe” Hernández que dio origen a la llamada ñeñepolítica.

No solo la Fiscalía está detrás de las interceptaciones ilegales que, presuntamente, cometieron los mismos investigadores de la Dijín que tuvieron a su cargo la interceptación del teléfono de José Ñeñe Hernández, el mayor Yefferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez. Al tanto de esas irregularidades también lo está la Inspección General de la Policía: así lo confirmó Edwin Calderón Vargas, un patrullero de la Dijín que hacía parte del grupo que viajó a Cali en mayo de 2018 y que, luego de ese viaje, terminó señalado de haberse apropiado de un dinero. Por esa razón, su celular habría sido “chuzado” por sus propios superiores de la Policía. (El “Ñeñe” Hernández que conocían las autoridades)

Así se lo informó el mismo Calderón Vargas a la Fiscalía el pasado 12 de marzo, cuando el despacho del fiscal Daniel Hernández ya estaba en la tarea de entender por qué el teléfono de Calderón y de otros cuatro policías de la Dijín que estuvieron en una diligencia en Cali justo días antes de que la Fiscalía comenzara a interceptar al Ñeñe Hernández. El fiscal Hernández conocía la versión del patrullero de la Dijín -confirmó el propio uniformado- desde hacía nueve meses, pues en junio de 2019 él mismo le envió un derecho de petición en el que le contó “las injusticias y arbitrariedades” que, señaló, habían cometido con él: señalarlo de un robo, “chuzar” su teléfono y afectar su carrera.

El de Calderón Vargas es uno de los cuatro testimonios con que cuenta la Fiscalía para asegurar que el oficial Tocarruncho y el suboficial Velásquez utilizaron el expediente del homicidio de Óscar Rodríguez, hijo del sastre y prestamista Carlos Rodríguez, para escuchar los teléfonos de cinco policías de la Dijín, subalternos de Tocarruncho. Rodríguez fue asesinado en agosto de 2011 y, siete años después, un informante que perteneció a la banda criminal de Marquitos Figueroa le dijo a Tocarruncho y a Velásquez que en ese crimen había participado José Ñeñe Hernández. Ese informante era José Carlos García, más conocido como La Penca. Según la Fiscalía, un colaborador de efectividad comprobada.

En ese dato radica la génesis de lo que hoy se conoce como la ñeñepolítica: al escuchar a Hernández, se descubrió que este hablaba con una mujer –luego se sabría que era María Claudia Daza, colaboradora cercana del senador Álvaro Uribe y exmiembro de su UTL– sobre las elecciones y dijo que quería buscar dinero “por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos”. Lo particular de la conversación es que se dio el 3 de junio de 2018, justo antes de la segunda vuelta electoral en la que Iván Duque se proclamó presidente. El Ñeñe Hernández fue un asiduo promotor de la campaña presidencial de Duque en la Costa Caribe; Duque ha asegurado que la contabilidad de esta se manejó legalmente. (El audio completo que originó el escándalo de la “Ñeñepolítica”)

La Fiscalía conoce sobre esa conversación entre Hernández y “Caya” Daza desde entonces. Pero solo cuando su contenido se hizo público a través de medios de comunicación el pasado 3 de marzo fue que pidió a la Corte Suprema, a la Comisión de Investigación y Acusación de y al Consejo Nacional Electoral que indagaran. Esa compulsa de copias ocurrió el 9 de marzo pasado, casi dos años después de la conversación interceptada y casi un año luego de que el Ñeñe Hernández fuera asesinado en Brasil. Con su muerte, la Fiscalía perdió la oportunidad de averiguar más sobre sus posibles nexos con la organización de Marquitos y si sabía de alguna anomalía en la campaña del presidente Duque.

A este punto, el avance de la Fiscalía en el caso de la ñeñepolítica es la compulsa de copias y la citación a interrogatorio a María Claudia Daza, quien se fue a Estados Unidos tras renunciar a la UTL del senador Uribe, justo cuando trascendió que era ella la persona que hablaba con el Ñeñe Hernández. Su abogado, Iván Cancino, asegura que tiene toda la disposición de regresar, pero dice que la pandemia por el COVID-19 se lo ha impedido, pues los vuelos internacionales están suspendidos hasta septiembre. El pasado 3 de junio se llevó a cabo la diligencia de manera virtual. “utilizó por recomendación de la defensa, su derecho constitucional a guardar silencio”, confirmó el propio Cancino.

En contraste, el avance de la Fiscalía es mucho mayor en las pesquisas por las supuestas interceptaciones ilegales que habrían realizado los mismos policías que interceptaron al Ñeñe Hernández. El pasado 3 de junio en la noche, Tocarruncho y Velásquez se presentaron en la Dijín y fueron detenidos. En la audiencia de imputación de cargos, ambos se declararon inocentes, aunque los testimonios que tiene la Fiscalía pueden resultar comprometedores para ellos. Entre esos está el de Frank Beltrán, el analista que fue asignado para oír las líneas de cinco de sus compañeros, detalle que él ignoraba. A él le dijeron que oiría a integrantes de “un grupo criminal del Urabá”, sin más especificaciones. (Declaraciones de exfiscal del caso “Ñeñe” Hernández enredan el expediente)

El pasado 17 de marzo Beltrán le dijo a la Fiscalía que, a los 15 días de estar escuchando a los cinco hombres, concluyó que las interceptaciones debían terminarse porque las charlas que allí se daban no aportaban para una investigación relacionada con sicarios, traficantes de drogas y homicidios: “Inmediatamente solicité la cancelación de los números, ya que no tenía que ver con los motivos fundados”. Pero quien trabajaba con él, quien pidió que se ingresaran los números a la plataforma Esperanza, el sargento Wadith Velásquez, se negó a hacerlo. Beltrán pidió lo mismo unas tres veces más a lo largo de cuatro meses, hasta que un día, por orden de un superior del mayor Tocarruncho, las interceptaciones se cancelaron.

Luis Alberto Zeta, quien hacía parte del grupo de investigadores designados al caso por el homicidio de Óscar Rodríguez, también habló con la Fiscalía. Lo hizo el pasado 18 de marzo, un día después de Beltrán. Zeta le contó a la Fiscalía con detalles cómo se dio cuenta de que Velásquez y el mayor Tocarruncho habían metido las cinco líneas de sus compañeros en un caso en el que nada tenían que ver, y aseguró que tanto él como el patrullero Harold López, quien estaba en su mismo grupo, quedaron apartados del asunto. “A nosotros dos nos apartaron de esas investigaciones, no nos decían nada, era un misterio con esas interceptaciones”.

El funcionario –quien hoy trabaja para la Fiscalía– declaró bajo juramento que fue él quien puso en alerta a sus compañeros de la Dijín, pues creía que con ellos se estaba cometiendo una injustica por haber sido tildados de ladrones sin un proceso debido y por haber sido interceptados de forma subrepticia. “No legalizaron las líneas”, afirmó. O sea: la Fiscalía no informó a un juez de la República que había escuchado a esos cinco policías, por qué lo hizo o para qué. En enero de este año, Zeta fue citado por la Inspección General de la Policía “por posibles actos de interceptaciones ilegales”. Pero se trataba de una indagación preliminar y él, dice, no contó nada pensando que el propósito de la Policía era tapar lo ocurrido. (El negocio de "Ñeñe" Hernández con el hermano de "Kiko" Gómez y otros audios)

El último uniformado en hablar con la Fiscalía fue Jefferson Rodríguez, otro de los policías que estuvo en la diligencia de Cali en mayo de 2018 y que resultó interceptados. Su entrevista fue el 18 de mayo pasado. Contó que a su WhatsApp le hicieron llegar una imagen de la orden por la que él y su grupo fueron interceptados. Tanto él como Edwin Calderón Vargas pusieron el asunto en conocimiento de la Procuraduría: “Nos dijeron que sí les pareció irregular, pero nunca nos llamaron a nada”, dice hoy Rodríguez. Él, además, dio otro dato crucial: “Tenemos escuchas (no legales) en el que Wadith (Velásquez) habla con la Penca en Barranquilla, cuadrando para que él se sostuviera en lo dicho”.

Se supone que fue la Penca quien dio los números de los policías interceptados, señalándolos de ser miembros del grupo criminal de Marquitos Figueroa. De hecho, en una declaración entregada a El Tiempo que fue publicada este lunes 8 de junio, la Penca manifestó que estaba “listo a declarar que yo entregué esos celulares, incluido el del Ñeñe”. Hoy martes se define si el mayor Yefferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez quedan detenidos mientras la investigación continúa. El abogado de este último, Miguel Del Río, ha sido enfático en que todo este tema ha sido una cortina de humo para alejar la atención pública de la ñeñepolítica.

En la Fiscalía sostienen que las interceptaciones al Ñeñe Hernández están blindadas porque ya un juez las legalizó y que, por eso, ese material seguirá intacto como prueba, independiente de lo que pase con los policías que interceptaron al Ñeñe. En la Fiscalía están seguros de que el mayor Tocarruncho y el sargento Velásquez interceptaron a cinco policías ilegalmente y se dedicaron a buscar las pruebas de ello justo días después de que esta revelación: que, el 3 de junio de 2018, el Ñeñe Hernández y “Caya” Daza hablaron de la campaña presidencial en términos que, a esta misma Fiscalía le parece, deben indagar todas las autoridades competentes para ello.

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