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Mariano Alvear Sofán, el hombre que construyó un imperio económico alrededor de la Fundación Universitaria San Martín, será llevado a juicio. El Espectador conoció el escrito de acusación contra Alvear, el ex representante legal de la San Martín, José Ricardo Caballero Calderón, y el exrepresentante legal de varias empresas de la familia Alvear, Juan Carlos Mahecha Cárdenas. Los tres, al parecer, fueron los cerebros de las triangulaciones ilegales –algunas transacciones se hicieron a cuentas en el exterior– que se efectuaron entre las sociedades vinculadas con la fundación universitaria para apropiarse de los dineros de las matrículas de 1.036 estudiantes y de los créditos bancarios que supuestamente serían la salvación económica de la universidad.
En el expediente reposan más de 60 pruebas documentales –entre oficios fallos, sentencias, inscripciones de matrículas, documentos contables, declaraciones del Ministerio de Educación– que demostrarían que los supuestos fondos y fundaciones para fomentar la educación no eran más que una fachada del clan Alvear para apropiarse de más de $3.000 millones de los pagos de matrículas de estudiantes. Para las autoridades su objetivo era evitar que la justicia les arrebatara sus bienes, debido a que por una serie de fallos judiciales –algunos de la Corte Suprema de Justicia– debían pagar los derechos a más de 14 extrabajadores que los habían demandado.
Según las pesquisas, Alvear y compañía no reintegraron un solo peso ya que, a pesar de tener embargadas las propiedades de la Fundación San Martín, se valieron de documentos falsos como resoluciones judiciales para levantar las medidas cautelares. “Se dieron a la tarea de imposibilitar a estos reconocidos acreedores la imposición de medidas cautelares sobre bienes de la universidad, transfiriendo la propiedad de los inmuebles (…) de esa manera eludir las acciones en su contra, para ello crean fondos y fundaciones, que están en cabeza de las mismas personas que detentan el poder en la universidad”, señaló la Fiscalía.
En el escrito de acusación se lee que contrataron a la Fiduciaria Colpatria para mantener los bienes a salvo y así obtener créditos por más de $50.000millones entre 2009 y 2014. El cerebro de esta operación, según las autoridades, fue José Ricardo Caballero Calderón. “Procedieron a ofrecer y matricular a estudiantes en carreras que tenían el registro calificado cancelado, lo que les hará imposible a estos jóvenes graduarse en esas carreras y menos aún que les devuelvan el dinero, el tiempo perdido (…) Se ha podido establecer que el valor de los derechos de matrícula de los estudiantes se pagaba en cuentas de Fundaciones, Fondos y empresas que tienen la apariencia de no pertenecer a la Universidad”, puntualizó el ente investigador.
Las carreras que tenían sus programas cancelados por el Ministerio de Educación a partir del segundo semestre de 2012 y que permitieron a la San Martín estafar a cientos de estudiantes fueron: Odontología en las sedes de Bogotá, y Barranquilla; Ingeniería de Sistemas y Medicina en las sedes de Bogotá, Sabaneta, Barranquilla, Armenia y Cali; Administración de empresas en Bogotá; Ingeniería de Sistemas en Barranquilla, Riohacha y a distancia; Veterinaria y Zootecnia en las sedes Armenia y Cali; y Finanzas y Relaciones Internacionales en Cúcuta.
Esos cuestionamientos los hizo la senadora Claudia López en una carta que envió a la Fiscalía, en la que precisaba que entre 2002 a 2013 la Fundación San Martín “pasó de tener 7.411 estudiantes a 26.480 estudiantes, presentando un crecimiento del 257 % del alumnado, siendo la segunda universidad privada en crecimiento de los últimos 11 años. No obstante, se han presentado incumplimientos reiterados de sus obligaciones laborales, fiscales y civiles; no siendo claro entonces, cómo pese a triplicar el número de matrículas en los últimos años, la fundación universitaria tenga problemas de insolvencia económica”.
La conclusión de la Fiscalía: el dinero terminó en cuentas paralelas de sociedades que estaban constituidas por los mismos directivos de la San Martín. Las principales: Fondo para el Fomento para la Educación, la sociedad en la que fueron a parar miles de millones de las matrículas estudiantes, y el Centro Internacional de Biotecnología reproductiva (CIBRE), del que Juan Carlos Mahecha era el representante legal y al que se transfirieron irregularmente la mayoría de bienes –en 2014 tuvo activos por $55.250 millones–.
Asimismo, la Fundación Qualite Fish Meat and Vegetable Corporation, otras de las que tomaron posesión de las propiedades y era representada por Mariano Alvear; Fondo para el Mejoramiento y Crecimiento de las Necesidades Básicas, Alimento, Salud y Educación (Foneducar), que tras el escándalo en 2014 fue la que empezó a recibir los dineros de las matrículas; y otras 17 empresas, entre estas las firmas Gráficas San Martín y Giro Manufacturing de Colombia, las que vendían la papelería y uniformes a la universidad para lograr la triangulación de dineros.
Las pesquisas de la Fiscalía permitieron demostrar cómo en 22 oportunidades la Fundación San Martín evadió las decisiones de la justicia y no pagó las cesantías, primas, compensación de vacaciones, seguridad social, subsidio familia e indemnización por despido injustificado a sus extrabajadores. Una de las denunciantes fue Rosalba Nieto de Malagón, quien laboró en la San Martín desde enero de 1995 hasta septiembre de 2012. Desempeño varios cargos como coordinadora Académica de la Facultad de Contaduría y decana (e) de la misma. La mujer, al ver que los Alvear y compañía no cumplían con los fallos judiciales, decidió acudir a un proceso ejecutivo para que les embargaran las propiedades.
Sin embargo, fue cuando se evidenció la estrategia de ocultar bienes por parte de la San Martín, ya que luego de que un juez ordenara los embargos de cuentas de bancos se descubrió que la fundación universitaria no tenía cuentas propias sino que sus recursos estaban guardados en una cuenta de Colpatria que estaba a nombre del Fondo para el Fomento de la Educación. Lo mismo sucedía con las propiedades, las cuales pasaron, en su mayoría, a nombre del Fondo Para el Fomento de la Educación o el CIBRE. Estos últimos movimientos lograron realizarse gracias a la falsificación de oficios de despachos judiciales que supuestamente ordenaban levantar las medidas cautelares.
Otros de los documentos que falsificaron fueron oficios del ICETEX y de la Secretaria de Hacienda Pública de Bogotá, entidades que también habían ordenado embargar bienes por las irregularidades en contratación. Así recuperaron bienes en Armenia, Bogotá, Villavicencio y otras ciudades del país, que posteriormente eran negociados entre las mismas empresas de la familia Alvear por montos que superaban los $2.000 millones. Agentes del CTI allanaron las oficinas de los organismos distritales y los despachos judiciales, encontrando que los propios funcionaron admitían que las firmas en esos registros no eran suyas –o correspondían a personas que ni trabajan en la entidad–, no reposaban en los expedientes o los sellos estaban falsificados.
Fueron más de 14 fraudes procesales los que se presentaron. Muchos de ellos, sobre un mismo bien. Por ahora la Fiscalía arremeterá contra las cabezas del desfalco a la San Martín. Otras 20 personas salpicadas en el expediente están en la lista de espera. Tanto Mariano Alvear, como Caballero y Mahecha afrontarán cargos por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa y fraude a resolución judicial.
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