Publicidad sin austeridad por $662 millones

Otalvaro adjudicó 100 contratos publicitarios que tenían objetos similares a los que ya había adjudicado a la Universidad de Medellín y Tele Antioquía.

Según la Auditoría General de la República (AGR), La Contraloría de Antioquía adjudicó, en 2011, cien contratos para publicitarse que, “trasgreden las disposiciones referentes a las normas de austeridad, que establece que no se pueden realizar gastos en publicidad”. De acuerdo con la AGR, dichos procesos produjeron un presunto detrimento por $662.542 millones. Por esta contratación se abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Jorge Rojas Otalvaro, excontralor de Antioquia, y a cuatro exfuncionarios más. Jaime Ardila Barrera, auditor General, informó que el hallazgo “ya se encuentra en la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la AGR, dependencia que ya evaluó la viabilidad del mismo”.

Con el objetivo de “publicitar su imagen, difundir programas y promover el control social”, la Contraloría de Antioquia adjudicó 100 contratos a varios medios nacionales y regionales en 2011, año en el que Otalvaro ejercía el cargo de contralor en ese departamento. Una operación contractual aparentemente normal hasta que la Auditoría General de la República realizó un proceso auditor. En la investigación se encontró que ya existía un convenio contractual con la Universidad de Medellín y con Tele Antioquía para la emisión de un programa institucional llamado “Cuentas Claras, Manos Limpias” y, según la Auditoría, ya ‘cumplían actividades similares y de mayor cubrimiento en la jurisdicción de la Entidad de Control’.

Ardila aseguró que “al no advertir la inconveniencia en la celebración de los 100 contratos de publicidad, la Contraloría no actúo con diligencia en beneficio del recurso de la Entidad, sino por el contrario, celebró contratos con los mismos fines que se estaban desarrollando con la Universidad de Medellín y el canal Teleantioquia, a través de la producción y emisión del programa de televisión “Cuentas Claras, Manos Limpias”

El auditor General de la República explicó además que “por lo anterior, los recursos utilizados por la Contraloría en la contratación con diferentes medios de comunicación de carácter nacional, regional y local en la vigencia 2011, para la divulgación de los resultados de su gestión, publicitar el software de Gestión Transparente y promocionar la participación de la comunidad en el control fiscal, generó una gestión antieconómica para la Entidad, con un presunto detrimento por la cuantía total de los contratos de $662.542.873, vulnerando el principio de economía consagrado en el artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993”.

Otros de los presuntos responsables fiscales son Octavio Duque Jiménez, exdirector Administrativo y Financiero, Luis Fernando Bustamante Arizmendy, exdirector Administrativo y Financiero (E), Luz Adriana Monsalve Tobón, subdirectora Operativa, y Luz Dary Cortes Taborda, exsubdirectora Operativa (E).

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