Puerta política hacia la paz

Las fallas para resolver el conflicto impulsaron la iniciativa que busca soluciones para miembros de grupos ilegales y el Estado.

Los mecanismos de justicia transicional que se han creado en el país, como la Ley de Justicia y Paz (JyP), están en profunda crisis y no han sido eficientes, pese a las buenas intenciones. Esto ha impedido que el Estado cuente con una herramienta para buscar punto final al conflicto en el país. Las cifras sobre desmovilizados, postulados y condenados en JyP evidencian esa crisis.

Por eso, para corregir las fallas de los mecanismos que están en vigencia, hace trámite en la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo número 94, con el que se busca modificar la Constitución Política para precisar “un marco jurídico que perfeccione la justicia transicional”, dice la iniciativa que despierta polémica.

En el documento, que le entregó el representante Carlos Edward Osorio a la congresista Adriana Franco, presidenta de la Comisión primera de la Cámara de Representantes, hay una larga exposición de motivos sobre la necesidad del proyecto.

La meta es crear un artículo transitorio en la Constitución para fortalecer los instrumentos de justicia transicional, entregando al Estado la potestad de autorizar un trato diferenciado a todas las partes del conflicto (incluso militares y policías); la posibilidad de renunciar a la persecución penal en algunos casos menores aplicando mecanismos no judiciales, y la de modificar el artículo 122 de la Constitución para abrir una puerta política a los futuros guerrilleros desmovilizados.

No obstante, algunos analistas consideran que este proyecto constituye la separación definitiva entre el uribismo y el santismo, y aunque el gobierno cree que abrir esta puerta política no significa mostrar señales de debilidad con las Farc o el Eln, desde la otra orilla existen recelos sobre los alcances de una iniciativa como la que plantea este proyecto de justicia transicional.

“El acto legislativo responde a la crisis del modelo de justicia transicional implementado en el país. Pese al esfuerzo y los logros como la ubicación de 4 mil cuerpos de desaparecidos, de no tomar medidas pronto el modelo de justicia transicional en el país está en riesgo de colapsar”, dice el documento.

Como padrino de esta iniciativa está Sergio Jaramillo, Alto Consejero de Seguridad Nacional, quien argumenta la importancia de hacer algo a tiempo, en caso de un eventual proceso de paz con las guerrillas en Colombia. Si un jefe guerrillero quisiera desmovilizarse no existe un mecanismo jurídico para ofrecerle beneficios y que dé ese salto a la reinserción social, sostiene el alto funcionario.

Según Jaramillo, en Colombia falta una estrategia integral y coherente para cerrar los distintos capítulos del conflicto. “Lo que se busca es darle herramientas a los poderes públicos para diseñar estrategias coherentes, que permitan darles un trato excepcional a las violaciones masivas, producto del conflicto. El proyecto busca ser hoja de ruta que posibilite a las fuerzas políticas garantizar una transición legítima hacia una paz duradera”, dice la iniciativa.

La importancia del cambio lo respaldan con cifras. A la fecha hay 54 mil desmovilizados registrados y en los seis años que cumple la ley de Justicia y Paz sólo 4.800 están postulados, de los cuales hay cuatro condenados y sólo uno con sentencia en firme por un delito menor: falsedad en documento. Este balance preocupa, si se tiene en cuenta que la mayoría de los postulados en 2014 cumplirá ocho años de detención, sin expectativas de que su caso sea resuelto.

El cuello de botella se tiene identificado: la obligación que tiene la Fiscalía de abrir una investigación por cada delito que confiesen los postulados. A la fecha, el ente acusador ha conocido 350 mil delitos en las versiones libres. Se calcula que para formular imputación por estos casos, el ente acusador podría tardar 100 años.

Ante la demora y la crisis en Justicia y Paz, muchos de los postulados están renunciando al proceso, lo que se traduce en no conocer la verdad detrás del conflicto. “Es necesario crear un mecanismo de justicia transicional eficiente que abra la puerta a la verdadera reconciliación y que se convierta en una herramienta que nos lleve a la paz”, indicó el Alto Consejero de Seguridad.

La idea es redireccionar el enfoque de investigación de los procesos de Justicia y Paz, para garantizar que la Rama Judicial se concentre en investigar y sancionar a los más responsables y permita esclarecer, en un tiempo razonable, los crímenes atroces. “Si nuestra justicia se dedica a investigar cada delito de forma separada, no será posible llegar a comprender la verdad del conflicto”, dice Jaramillo.

Por eso, se buscan tener mecanismos no judiciales de selección de casos para cesar la acción penal. Esto podría ser considerado una limitación al derecho a la justicia, pero apunta a la no repetición. “Son estrategias de lucha contra la impunidad. Si no se implementan, estaremos más cerca de ella”. En medio del debate, la propuesta arranca un largo camino en el Congreso y comienza la discusión sobre la necesidad de un marco sólido de justicia transicional en medio del conflicto nacional.