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En la cuenca que forman los caños Pedeguita y Mancilla en Riosucio (Chocó), hay un territorio que fue entregado oficialmente por el gobierno, a través del Incora, a una comunidad negra hace 15 años. Hoy, decenas de personas reclaman propiedades individuales sobre ese territorio y cientos sobre la propiedad colectiva. Los reclamantes de esos predios se están enfrentado a desalojos violentos, amenazas y a falsos reclamantes. Y, en particular, tienen problemas que van desde el repoblamiento de las tierras por parceleros que llegaron durante la reforma agraria promovida por Asoprobeba –la organización manejada por Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño Gil y piedra angular del despojo paramilitar en Urabá y Cordoba–, y los convenios firmados por el consejo comunitario con la empresa palmicultora y ganadera Cultivos Recife.
Luego de la restitución, el consejo comunitario será el encargado de administrar la tierra del título colectivo. La comunidad teme que al final sus predios sigan en manos de los empresarios. El Espectador recorrió la zona y evidenció este pulso.
Los líos entre reclamantes
Según las personas que reclaman tierra en Pedeguita y Mancilla, las diferencias con el consejo nacieron, principalmente, de la relación que éste ha establecido con la empresa palmicultora Recife, pues dicen que no pueden permitir que la compañía continúe en la zona y menos que los predios que les devuelvan sigan sembrados de palma. Los reclamantes aseguran que el consejo comunitario se comprometió a darle 400 hectáreas (de las 48.971 del título colectivo) a Recife para que las explote con palma y ganadería, luego de que sea proferida la sentencia de restitución.
A su vez los reclamantes, muchos de los cuales ya volvieron a la región sin acompañamiento de las autoridades, expresan que están siendo víctimas de intimidación y amenazas por el apoyo que han recibido de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Un escenario difícil, en una región olvidada por el Estado y con la presencia de organizaciones ilegales que han sabido burlar la mano de la justicia.
Baldoíno Mosquera, representante del consejo comunitario, y Juan Guillermo González, representante legal de Recife, han respondido ante las acusaciones que los cultivos de palma y el ganado, que están en la zona de Bijao Onofre y Playa Roja, son usufructuados por el propio consejo y no por Recife, porque, según ellos, la empresa se fue en 2007. Mosquera precisó: “Los empresarios se dieron cuenta que estaban en territorios colectivos e hicieron acuerdos con la comunidad. Se devolvieron las tierras a los consejos (…). Ellos, (Recife) hicieron unos acuerdos de devolución, nos entregaron 1.600 hectáreas que estaban en poder de Juan Guillermo González. La presencia de Recife en la zona se explica porque todavía hay bienes de ellos, pero que nosotros como consejo hemos permitido”.
Otro de los disgustos de la comunidad resulta de la respuesta que les está dando el consejo comunitario a los reclamantes, pues el consejo les ha dicho que no les va a devolver la misma extensión de tierra que están reclamando. Baldoíno Mosquera, quien fue elegido en medio de muchas críticas como representante legal del consejo de Pedeguita y Mancilla, y cuya elección fue impugnada, explicó que la pelea de la tierra en la cuenca es un tema entre negros y mestizos, pero no por algo ligado al color de la piel, sino a la forma como han ejercido su derecho de posesión y a las alianzas que el consejo ha establecido. Según Mosquera, “no todo el que reclama es dueño de la tierra. Hoy, hay una invasión del territorio colectivo. El problema aquí no es con los negros, es con los mestizos. El 80% de ellos vendió la tierra por decisión propia y hoy dicen que fueron desplazados”.
Además, agregó que sí es verdad que van a devolver menos tierra a los reclamantes, pero es porque ahora hay más gente que antes. “Hoy no podemos seguir peleando por la tierra, porque hay mucha. Lo que la gente quiere es la tierra para trabajar y eso vamos a darle. El problema es que ahora todos están reclamando su parte dentro de las 1.600 hectáreas que fueron de Recife, porque es donde están las mejoras, los drenajes y la tierra lista para cultivar”.
La Palma
Cultivos Recife llegó a las cuencas de Pedeguita y Mancilla y Curvaradó en 2002. Dos años atrás esas tierras habían sido adjudicadas a los consejos comunitarios étnicos con esos mismos nombres, pero según Juan Guillermo González, no fue sino hasta 2004 que se enteraron de que esos predios eran bienes inembargables, imprescriptibles e inalienables por pertenecer a un título colectivo. González sostuvo que en 2007 se le reconoció la propiedad de la tierra al consejo y se la devolvieron, pero firmaron unos contratos de comodato para mantener en la zona cultivos de palma y reses de engorde.
La palma ha sido la responsable de muchos de los grandes líos por la tierra en Urabá, y los testimonios de los desmovilizados han sido determinantes. Ever Veloza García, alias H.H. dijo en alguna audiencia de versión libre: “La siembra de palma africana fue liderada directamente por (el jefe de las autodefensas) Vicente Castaño (…) El megaproyecto de Vicente se encontraba en una zona ubicada estratégicamente con un futuro económico inmenso. Todo esto ocurre por ahí desde 1996, cuando Vicente comienza a adquirir gran cantidad de tierra en ese sector del país”. Estos testimonios hacen que hasta que no haya decisiones judiciales de fondo, el manto de duda sobre las empresas será una constante en los procesos de restitución.
Juan Guillermo González fue detenido en 2010 por cargos relacionados con desplazamiento forzado, pero fue dejado en libertad días después de haber rendido indagatoria. El proceso precluyó un año y medio más tarde. Y, aunque su nombre no aparece en ninguna sentencia de restitución, Cultivos Recife S.A sí aparece en la lista de poseedores a quienes se les ordenó devolver tierras del consejo comunitario de Curvaradó en 2009. Un antecedente que, sin embargo, sigue alimentando la desconfianza de los reclamantes de tierras de la zona.
Repoblamiento de parceleros
A la vereda Santa María, también de la cuenca de Pedeguita y Mancilla, llegaron en 2001, por invitación de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), 164 familias. La primera representante legal de la agremiación fue Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño y quien está vinculada a un proceso judicial desde 2013. Para 2009 ya había en la zona 250 parceleros, quienes son ahora parte del problema que enfrenta la Unidad de Restitución para devolver la tierra. Esos parceleros son considerados segundos ocupantes porque llegaron a la tierra luego del desplazamiento forzado de la mayoría de la población a mediados de los 90.
Según la Unidad de Restitución, la ley contempló un programa para la reubicación de los segundos ocupantes de buena fe. El meollo del asunto es que Asoprebeba tiene un título de 1.100 hectáreas que le fue entregado por el Incoder, a pesar de que ese territorio ya había sido entregado en un título colectivo a una comunidad negra. O sea que hay dos títulos sobre el mismo territorio y los parceleros no se quieren ir, ni quieren ser reubicados pues son campesinos como los otros. Un galimatías jurídico por el retorno y por la tierra.
Los choques entre los reclamantes y los parceleros de Santa María han llegado a niveles de mucha tensión. El 18 de marzo, tres reclamantes de los que han retornado a la zona, denunciaron haber sido atacados por parceleros. Los ranchos que habían construido fueron quemados y ellos golpeados. El más afectado fue el señor Felipe Triana. Según los reclamantes, el comodato por el que se le otorgaron las 1.100 hectáreas a las familias era por 10 años, pero ellas llevan 14. Hoy, dicen, hay más de 700 familias allí.
Víctimas de la ley de víctimas
A mediados de mayo se llevó a cabo el Comité Local de Restitución de Tierras en Apartadó (Antioquia), un encuentro en el que participaron la Procuraduría, campesinos, empresarios, propietarios, responsables de la Unidad de Restitución de Tierras y miembros de la Fuerza Pública. Todos dieron a conocer allí sus preocupaciones sobre cómo se está llevando el proceso de restitución de tierras en la región. A esa reunión asistieron también miembros de la Asociación Colombiana de Propietarios Tierra, Paz y Futuro, que inicialmente se hicieron conocer como Víctimas de la Ley de Víctimas.
Los miembros de la asociación –que se aproximan a los 200– dicen ser víctimas de la ley, y su misión es defenderse de supuestos atropellos que el gobierno está cometiendo, pues aseguran que les están quitando la tierra a pesar de ser poseedores de buena fe. Su tesis se basa en que ellos fueron víctimas de las invasiones promovidas por la guerrilla del EPL en los 80 y lo que hicieron a finales de los 90 fue retornar, no despojar. Por eso pedían que en la evaluación para la restitución se tuviera en cuenta lo acontecido una década atrás.
El problema es que entre esos poseedores reunidos en la asociación puede haber damnificados por la ley, pero también aprovechados que, incluso, tienen prontuarios penales. Uno de ellos es el ganadero Ángel Adriano Palacios Pino, que perdió cuatro de sus predios en las veredas de Macondo, Cuchillo Negro y Bella Rosa cuando se comprobó que los había adquirido de forma ilegítima. Otro de ellos es Luis Felipe Molano, un coronel retirado del Ejército, que fue declarado poseedor de mala fe en una sentencia del Tribunal Administrativo de Chocó de 2009.
Queda claro que el capítulo de la restitución de tierras en Chocó tiene serios problemas, no solo por las demoras en los procesos que pretenden devolverles a los campesinos despojados sus predios, sino porque las comunidades no se terminan de poner de acuerdo sobre la explotación de la palma africana. Un escenario de polarización que constataron reporteros de este diario.