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La Corte Suprema de Justicia le puso punto final al expediente Andrés Uriel Gallego. Se trata de los dos últimos procesos que faltaban por resolver en relación con el alto exfuncionario, quien falleció el Jueves Santo de 2014 por un cáncer que le causó complicaciones cardíacas y respiratorias. Su muerte fue muy lamentada por el expresidente Uribe y por su partido, el Centro Democrático, pero también significó la interrupción de todas las indagaciones que se estaban llevando a cabo para saber si Gallego, ministro de Transporte durante los ocho años que Álvaro Uribe Vélez fue presidente, cometió o no delitos o irregularidades mientras fue funcionario público.
Los procesos que se cerraron tienen que ver con un par de asuntos: uno, el proyecto Autopistas de la Montaña, en relación con el cual el exministro era investigado por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. En julio de 2009, un año antes de que la era Uribe llegara a su fin, Gallego firmó el convenio con el que se autorizaba el desembolso de $2 billones para el que fue considerado “el proyecto vial más importante que se haya hecho en Antioquia en toda la historia”, que buscaba conectar a Medellín con el Pacífico, el Urabá, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca y el Eje Cafetero. El gobierno Santos le cambió el nombre a la iniciativa y la bautizó Autopistas de la Prosperidad.
El proyecto sigue avanzando y las administraciones anteriores y actuales de Medellín y de Antioquia han resaltado su importancia. En febrero de 2012, sin embargo, fue cuestionado cuando los medios revelaron un informe inicial de la Procuraduría que indicaba al menos cinco posibles irregularidades que se habrían cometido al estructurarlo. Se dijo que posiblemente se había pactado de forma irregular el convenio interadministrativo entre ISA y el Gobierno. En ese escenario, se supone, Andrés Uriel Gallego tenía responsabilidad. No obstante, la indagación en su contra por este asunto no pasó de su estado preliminar y no se pudo establecer nada más.
El segundo proceso vigente en la Corte Suprema en contra de Andrés Uriel Gallego, tres años después de su muerte, tenía que ver con de una doble calzada entre el municipio de Madrid (Cundinamarca) y un peaje conocido como El Corzo, trayecto sobre el cual Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del expresidente Álvaro Uribe, tenían propiedades. El denunciante de este asunto fue el entonces senador del Polo Democrático Gustavo Petro, quien señaló que de esa forma los hermanos Uribe Moreno habían logrado valorizar sus bienes. Petro aseguró que Tomás Uribe se había reunido con el entonces ministro de Transporte y el gobernador de Cundinamarca para influir en la toma de decisiones.
Gallego negó cualquier anomalía en esa decisión, argumentando que la doble calzada entre Madrid y Facatativá, que incluía el tramo de la vía donde estaban las propiedades de los Uribe Moreno, era una obra que la comunidad llevaba pidiendo más de 20 años. Al final, sin embargo, el tema nunca avanzó del estado preliminar y, de nuevo, la muerte de Gallego determinó el cierre de la indagación por interés indebido en la celebración de contratos, como indicó ayer la Corte Suprema. En este caso en particular, la Procuraduría no pidió preclusión como lo hizo con el de las Autopista de la Montaña, sino que le solicitó a la Fiscalía que siguiera investigando.
En estos últimos años hubo otros procesos que también llegaron a su fin por cuenta del fallecimiento de Gallego. El más importante: el de Odebrecht. En febrero de este año, el exprocurador Alejandro Ordóñez reveló que el organismo a su cargo había abierto formalmente una investigación por este tema, pero que “hubo de terminarse en el año 2014 por la muerte del investigado”. En ese momento, cuando el escándalo de corrupción de Odebrecht estaba en pleno furor, Ordóñez fue duramente cuestionado por no haber escudriñado seriamente en las irregularidades de la constructora brasileña, que, como se sabe ahora, pagó sobornos a funcionarios para conseguir millonarios contratos.
Hoy se sabe que mientras Gallego era ministro de Transporte, su viceministro, Gabriel García Morales, aceptó un soborno de US$4,6 millones para entregarle en 2009 al consorcio Ruta del Sol, conformado por Odebrecht y una empresa inversora de Corficolombiana, la concesión de la Ruta del Sol II, uno de los proyectos viales más ambiciosos planteados en la era Uribe. El expresidente Uribe ha asegurado que García Morales “traicionó” a Gallego. Pero la Procuraduría alcanzó a abrirle una investigación preliminar y la Corte Suprema también, sobre todo después de que Miguel Nule hubiera expresado que Gallego sabía de las anomalías alrededor del proyecto.
A lo largo de los dos períodos que estuvo Uribe Vélez en el poder, Andrés Uriel Gallego fue uno de sus escuderos más fieles. En las entrevistas se refería a él como “mi presidente” y siempre mostró la convicción de que en el gobierno Uribe sólo había aciertos. No obstante, las investigaciones en su contra fueron varias y todas inconclusas. Su responsabilidad o su inocencia frente al carrusel de la contratación de Bogotá nunca quedaron claras tampoco. El expresidente Uribe, por su parte, repitió hasta la saciedad que Gallego había sido uno de los ministros más transparentes de su gobierno.