Purgas por el caso Andrómeda

El inspector general de las Fuerzas Armadas, vicealmirante César Narváez, precisó que la fachada de inteligencia actuó bajo órdenes de operaciones emitidas legalmente.

Andrómeda, ubicada en el barrio Galerías de Bogotá, fue desmantelada en enero de 2014 por la Fiscalía. / Archivo - El Espectador

Compraventa de información reservada, uniformados sin control sobre la sensible actividad realizada tras la fachada de Andrómeda, ningún estudio de seguridad para seleccionar los agentes que participaron en esta operación secreta y civiles con acceso a documentos clasificados que fueron entregados al hacker Andrés Sepúlveda, entre otro largo etcétera de irregularidades con implicaciones penales y disciplinarias, fue el balance que entregó una auditoría de las Fuerzas Armadas liderada por el vicealmirante César Narváez. En total, cinco uniformados fueron retirados de la Fuerza Pública, entre ellos tres oficiales, un suboficial y un patrullero, y 20 más fueron relevados de sus cargos.

Simultáneamente se iniciaron seis investigaciones disciplinarias, cuatro por el caso de Sepúlveda y dos por el proceso que se abrió tras la denuncia de que existía un listado de inteligencia militar en el que figuraban periodistas, políticos y otras figuras de la vida pública. Por estos dos expedientes hay 11 funcionarios de la Fuerza Pública investigados. En relación con el caso del hacker, que derivó esta semana en llamados a interrogatorio para el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, su hijo David y el exasesor de la campaña Luis Alfonso Hoyos, la auditoría de las FF.MM. determinó que uniformados manejaron de forma irregular información clasificada que, al parecer, Sepúlveda habría utilizado como contratista de la campaña de Zuluaga.

Además se constataron errores de procedimiento de agentes encubiertos en la fachada, “observándose falta de control en la cadena de mando directa: Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec) y la Seccional de Policía Judicial de la Metropolitana de Bogotá”. Asimismo se estableció que en Andrómeda trabajaron sin supervisión personas con un alto conocimiento de asuntos informáticos. Por último, se detectaron fallas en los procesos de seguridad informática y gestión documental en relación con asuntos de inteligencia, aunque no se pudo hallar evidencia de los listados denunciados por la revista Semana sobre un presunto espionaje.

En el informe entregado al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hizo una completa bitácora sobre los hallazgos en cada uno de los temas investigados. Por ejemplo, en cuanto a Andrómeda, se recapituló que fue a través del Batallón de Inteligencia Técnica Nº 3 que se dio la orden de crear una fachada con dos oficiales, cinco suboficiales y un civil en la que se indagara por el mundo de los hackers. La operación empezó el 18 de septiembre de 2012, cuando oficiales de inteligencia fueron capacitados en ciberdefensa. Posteriormente, en noviembre de 2012 y octubre del año siguiente, agentes de inteligencia asistieron a Campus Party de Pereira y Medellín.

Al margen de la controversia, el vicealmirante Narváez, inspector general de las Fuerzas Armadas, reiteró que Andrómeda “estuvo dentro del marco legal y su funcionamiento estuvo soportado en órdenes de operaciones emitidas legalmente” por el Ejército. Lo grave es que desde esa sede alterna se desarrollaron operaciones de inteligencia no supervisadas, supuestos espionajes al proceso de paz en La Habana (Cuba) y un sinnúmero de ventas de documentos de seguridad nacional que terminaron en manos de mercaderes de la información. La auditoría llegó a estas conclusiones después de realizar la prueba del polígrafo a 268 integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales tan sólo ocho no la pasaron.

El oficial Narváez aseguró que se le hicieron 10 recomendaciones al ministro de Defensa con el objetivo de evitar que episodios tan vergonzosos, además de escándalos cruzados como el de Andrómeda y el del hacker, se repitan. Para ello se pidió fortalecer el control de las políticas de inteligencia emanadas por la cadena de mando, activar una unidad encargada de evaluar la credibilidad y confiabilidad del personal —algo así como una unidad de contrainteligencia—, establecer un grupo encubierto para verificar si se están cumpliendo las directrices de seguridad, implementar cuanto antes un sistema nacional de ciberdefensa y desarrollar un software de encriptación de información patentado para uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

Por lo pronto, cuatro coroneles han sido llamados a interrogatorio por el espionaje en Andrómeda, entre los que se encuentran Kurman Hernán Rivera, señalado de manejar información sensible de esa fachada de inteligencia, y los oficiales Mauricio Solano, Carlos Arturo Rojas y Marco Arias. Asimismo, ya rindieron declaración en la Fiscalía los generales Mauricio Zúñiga y Jorge Zuluaga, exjefes de inteligencia del Ejército y la Citec, respectivamente. El hacker Sepúlveda reconoció que compró información de Andrómeda. Las autoridades ya capturaron a cuatro uniformados relacionados con los escándalos del hacker y la sala de inteligencia alterna.

Uno de ellos es Ignacio David Parra Amín, un agente de la Sijín que está negociando su colaboración con la justicia luego de ser señalado como enlace entre Andrómeda y Sepúlveda. Los otros tres son los cabos del Ejército Carlos Alberto Betancourt y Luis Humberto Monero y el agente asesor de la Dirección Nacional de Inteligencia Wilson Leonardo Torres. Al mismo tiempo, la Fiscalía avanza en sus pesquisas para determinar cuánta información clasificada terminó en manos de particulares, cuál es el alcance del espionaje al proceso de paz, si hubo o no periodistas y políticos perseguidos por agentes de inteligencia y hasta qué punto se vieron comprometidos elementos de seguridad nacional.

Fuentes que conocen en detalle el informe entregado le dijeron a El Espectador que se están ajustando todos los protocolos para evitar que episodios tan bochornos como este se repitan. Además manifestaron que ya se creó el Comando de Contrainteligencia y otro más para atender las amenazas y desafíos de los tiempos del ciberterrorismo.