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El denominado caso Hyundai revivió a raíz de una serie de capturas realizadas por la Fiscalía esta semana, que revelaron un episodio de corrupción por parte de servidores de la Rama Judicial y de particulares y que ponen en entredicho a un poderoso empresario colombiano: Carlos Mattos. El origen de este escándalo se remonta a septiembre de 2015, cuando Hyundai Motor Company de la República de Corea le quitó la representación de la marca en Colombia a Mattos, dueño de Hyundai Colombia Automotriz S.A. Fue el fin de una relación comercial de casi 25 años.
La casa matriz coreana le entregó esa representación al grupo ecuatoriano Eljuri, pero Mattos no se quedó quieto y acudió a los estrados judiciales en Colombia para que los carros de la marca no pudieran ser vendidos en el territorio nacional si no era a través de su compañía. Corea quería el divorcio, él no. En abril de 2016, el juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá, Reinaldo Huertas, determinó como medida cautelar que solo Mattos podía hacer negocios con Hyundai Corea mientras la demanda contra esa multinacional se estudiaba.
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Para ese entonces, parecía una pelea entre dos privados y nada más. El periodista Daniel Coronell, sin embargo, arrojó un manto de duda sobre la determinación judicial cinco meses después. En una columna publicada en la revista Semana el 24 de septiembre de ese año, Coronell reveló lo siguiente: "El señor juez (Reinaldo Huertas) compró su carro nuevecito y de contado, menos de una semana después de haber entrado en vigencia la medida cautelar que favorece los intereses de Mattos".
Coronell cuestionó la celeridad con que el juez en cuestión había manejado el proceso. Mattos radicó la demanda contra Hyundai Corea a finales de febrero de 2016 y, a principios de abril el juez ya había tomado la decisión de vetar temporalmente el negocio entre Hyundai Corea y el grupo ecuatoriano Eljuri, con su empresa Neocorp. Miles de automóviles Hyundai se quedaron represados en los puertos del país, Neocorp no podía comercializarlos. Mattos pedía una indemnización por encima de los $770.000 millones. Mattos pidió más medidas cautelares ante otro juzgado civil de Bogotá, pero esta las rechazó por considerarlas "no razonables".
En noviembre de 2016, el pleito llegó a su fin. Mattos y Neocorp afirmaron en un comunicado conjunto que, en la casa del empresario colombiano, habían llegado a un acuerdo. "Con esta firma comienza la culminación de uno de los casos empresariales más importantes del año", dijeron las partes. La cifra de la indemnización a Mattos nunca se hizo pública, pero se supo que fue menor a su solicitud original. Neocorp retomó la compraventa de automotores Hyundai. Hasta ahí, parecía un final feliz.
Arrestados y culpables
Durante 13 meses del caso Hyundai no se habló más hasta que, en enero de este año, la Fiscalía hizo público que avanzaba en en la fase uno de esta investigación, por la manipulación en el sistema de reparto en el Centro de Servicios Judiciales de los juzgados civiles de Bogotá. En ese momento, el ente investigativo anunció que abriría imputación formal contra Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito; Edwin Fabián Macías Castañeda, exempleado de ese mismo despacho; y Wilmar Andrey Casas Mendoza, actual empleado de la Rama Judicial.
La hipótesis era entonces mucho más clara: la demanda que presentó Carlos Mattos en contra de la casa matriz coreana había sido direccionada. Las audiencias estaban programadas, supuestamente para el 12 de enero de este año; no se realizaron. El caso, de nuevo, parecía no tener rumbo hasta que, el pasado 16 de mayo, se produjo la primera captura: la del ingeniero Edwin Enrique Angulo Martínez, adscrito al Grupo de Soporte Tecnológico de la Seccional de Administración Judicial.
De acuerdo con la Fiscalía, Angulo Martínez contactó a varios contratistas y les habría exigido dinero para incidir en el proceso de selección del proveedor de equipos tecnológicos para los diferentes despachos judiciales. La Fiscalía ya le imputó los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos. De estos, el ingeniero solo aceptó el primero ante el Juzgado 8 Penal de garantías de Bogotá en audiencia realizada el pasado 21 de mayo.
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Luego, esta semana fueron detenidos Wilmer Andrey Patiño Rodríguez, Wilmer Casas Mendoza, Ramón Orlando Ramírez Fuentes y Carlos Arturo Gómez, quienes habrían aceptados los cargos que les imputó por la Fiscalía de cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. A estos funcionarios también les imputaron cargos por la manipulación en el sistema de reparto, los judicializaron a puerta cerrada y aceptaron cargos.
Casas, por ejemplo, fue quien accedió irregularmente al sistema de reparto de proceso el 29 de febrero de 2016, día en que Mattos radicó su demanda contra la casa matriz de Hyundai y que terminó en manos del juez Sexto Civil del Circuito, Reinaldo Huertas, quien falló en favor de sus intereses. Esa anomalía se descubrió por una denuncia de la coordinadora del Centro de Servicios Administrativos para los juzgados civiles, laborales y de familia, Jenny Andrea Barrios, que terminó conociendo la Fiscalía.
A estas cinco detenciones se sumó la de Luis David Durán, uno de los abogados que hace parte del equipo jurídico del empresario Carlos Mattos, quien ayer aceptó haber participado en la manipulación del reparto de la demanda. Igualmente, el miércoles pasado fue arrestado en Barranquilla Edwin Fabián Macias Castañeda, quien fue escribientedel Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá. Esta detención se ordenó por los delitos de utilización ilícita de transmisores o receptores, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático y cohecho propio. Macías también aceptó cargos.
Ante esta oleada de admisión de responsabilidades en el caso Hyundai quedan varias preguntas por resolver. ¿Qué pasará con Carlos Mattos, especialmente ahora que hasta su propio abogado aceptó haber participado en un fraude que benefició al empresario? ¿Investigará la Fiscalía a Mattos? Detenidos tantos funcionarios judiciales, incluida gente de su propio despacho, ¿llamarán a imputación de cargos al juez Reinaldo Huertas?