Los problemas que tienen a la Universidad Autónoma del Caribe en su momento más oscuro

La Fiscalía anunció que investigará las supuestas irregularidades en el manejo administrativo y financiero en la institución educativa. Además, Estados Unidos le quitó la visa al exrector Ramsés Vargas. Estudiantes y profesores denuncian malos manejos del presupuesto por parte de la rectoría y el consejo directivo.

Aunque el rector de la institución, Ramsés Vargas, fue retirado del cargo, las protestas continuaron porque al parecer el reemplazo sigue siendo cercano a Vargas.Tomada de página de la Universidad Autónoma

Desde agosto del año pasado, las protestas y el descontento de los estudiantes, profesores y comunidad administrativa de la Universidad Autónoma del Caribe se volvieron cotidianas. Aunque desde 2016 venían exigiendo el pago de sus salarios, en 2017 las protestas tomaron fuerza y, con la ayuda de estudiantes, el tema llegó hasta oídos de las autoridades. La más reciente determinación fue la que se conoció por parte de la Fiscalía que anunció que investigará las supuestas irregularidades en el manejo administrativo y financiero de la universidad.

La decisión del ente investigador llegó en un momento clave para la comunidad educativa que, desde el pasado 22 de febrero, inició un paro para exigir la renuncia del rector, Ramsés Vargas, el consejo directivo y la sala general. Por lo menos 13 programas y tres facultades suspendieron clases y dos estudiantes de la Universidad Autónoma comenzaron una marcha desde Barranquilla hasta Bogotá pues, explicaron, a sus profesores no les han pagado cesantías en los tres últimos meses. Para entender qué está pasando en la comunidad educativa, hay que remitirse a sus problemas financieros, tanto su pelea con el Icetex, como las múltiples denuncias en contra de Ramsés Vargas.

La pelea en la universidad es de vieja data. En 2003, el centro educativo y el Icetex firmaron un convenio para asegurar la permanencia de estudiantes de estratos uno, dos y tres inscritos y admitidos en la institución. Las dos entidades acordaron que el Icetex financiaría el 75% de la matrícula y la universidad el otro 25%, mediante un crédito reembolsable. Es decir, otorgaban el crédito del 100% al estudiante, quien quedaba debiendo la mayor parte al Icetex y la menor a la Uniautónoma. Aunque el programa comenzó a funcionar, las irregularidades no demoraron en aparecer.

Según el Icetex, la universidad no hizo el seguimiento que había prometido hacer y solo hasta 2017, Ramsés Vargas envió un certificado en el que informaba que al centro educativo le debían pagar casi $7 mil millones. Al revisar la información en el sistema de Crédito y Cartera del Icetex, la entidad encontró que no hay ni un beneficiario registrado ni reportado oportunamente por la universidad y que, por eso, no podía realizar ningún pago. El desembolso que hace falta para pagar las becas, según la entidad de créditos, lo tendría que asumir el centro educativo.

Lo último que se supo sobre este tema es que el Icetex insistió en que, a falta del seguimiento de la Uniautónoma, el convenio no podía seguir en pie y no iban a pagar su parte del trato.  Además de oponerse a cumplir con los pagos, el Icetex también le llamó la atención al centro educativo por su estado financiero y recordó varias decisiones que ha tomado el Ministerio de Educación respecto a la quejas y situación de la universidad. Para finales de enero de este año, la cartera ministerial le dio un plazo de cinco días hábiles a la universidad para que respondiera por las obligaciones salariales pendientes tanto con sus profesores como personal administrativo.

Detrás de la polémica por los pagos ha estado, precisamente, Ramsés Vargas, quien hasta el primero de marzo, fue el rector de la universidad. Con el agua hasta el cuello por las protestas, la mitad de la universidad en paro y el anuncio de la Fiscalía de investigar lo que ha pasado durante su administración, a Ramsés no le quedó otra opción que renunciar. “Para permitir que la histeria colectiva se atempere y para contribuir a que se retomen las actividades, presento mi renuncia irrevocable al cargo de rector, con la satisfacción de haberle cumplido a la sociedad, habiéndole invertido mi vida, al costo de mi seguridad personal y la tranquilidad de hogar, logramos poner la academia a brillar, ahí están las estadísticas”, escribió el exrector.

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Poco sirvió su dimisión pues los estudiantes salieron de nuevo a las calles a protestar y explicaron que el nuevo directivo, Víctor Armenta, es una persona cercana a Ramsés Vargas. Además, exigieron de nuevo que el consejo directivo y la sala general también debe renunciar. De acuerdo con varias denuncias que ha hecho La W Radio, los problemas financieros de la universidad son imposibles de entender en el contexto de las denuncias que también se han hecho en la emisora sobre los salarios y bonos que recibía el exrector.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Educación, divulgado por La W, Vargas recibía un salario de $95 millones y una bonificación de $69 millones mensuales como un auxilio de seguridad. Líderes de las protestas y de exigencias a la universidad no se explicaban cómo estaba permitido que recibiera ese bono si dentro de la nómina de la universidad estaban incluidos los escoltas de Ramsés Vargas y también estaban incluidos carros blindados. El propio Vargas denunció en una rueda de prensa que él tampoco estaba recibiendo el salario. Sin embargo, el Ministerio de Educación aclaró que no es cierto.

La cartera ministerial, dirigida por Yaneth Giha, es otra de las entidades que también ha intervenido en el problema. Cuando empezaron a conocerse las denuncias de la falta de pago a los profesores, el ministerio le pidió al entonces rector Vargas que le explicara qué estaba pasando. Lo hizo, pero no con los parámetros y detalles que debía cumplir. Por eso, el pasado 28 de febrero la ministra Giha emitió una serie de órdenes para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. Entre otras cosas, les ordenó a los directivos abstenerse de autorizar giros de recursos al exterior con cargos a la universidad y revisar los contratos laborales de quienes no prestan servicios de manera personal en la institución.

También estableció que el rector Vargas debía fijar un plan de reducción de gastos, el cual debía incluir, entre otros, restricción de autorizaciones de viáticos, tiquetes, desplazamientos de personal (nacional o fuera del país) y publicaciones onerosas. Veinte días después de que se conocieran las directivas de Ministerio de Educación, se conocieron dos datos que volvieron a golpear la reputación de Ramsés Vargas: las fotos de una mansión en Boca Ratón (Estados Unidos) en donde presuntamente estaría radicada su familia y está avaluada en US$3 millones; y la autorización del Consejo Directivo de aprobar una beca por más de $84 millones para que pudiera realizar un curso de verano en la Universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos.

La sede de la Autónoma en Miami y el Polideportivo en Barranquilla

Además de los cuestionamientos por la falta de pagos a docentes y personal administrativo, de los líos con el convenio con el Icetex y las denuncias por millonario salario del rector, los estudiantes también protestaron por los negocios que habría hecho Vargas. Según la revista Semana, en los últimos 54 meses, el exrector vendió el único equipo de fútbol de una institución educativa que hace parte de la división profesional de fútbol colombiano. “También vendió una sede en Valledeupar, un apartamento en Miami, un vehículo que la universidad tenía en la Florida, cerró la sede de Miami North Miami para trasladarla a Doral, hipotecó el parqueadero, eliminó el servicio de buses nocturnos para los estudiantes y profesores que salían después de las 8:00 p.m”, señaló la revista.

Según varios estudiantes que lideran las protestas en Barranquilla, el cambio de sede de la universidad de Miami no sirvió para mejorar la situación de quienes asisten a la sede que abrió la polémica exrectora de la institución, Silvia Gette, condenada por soborno. La exdirectiva, quien cuenta todavía con un proceso pendiente por los delitos de enriquecimiento ilícito, estafa, abuso de confianza y hurto, inauguró la institución en la capital de la Florida en 2012 y hoy, por falta de pago, ya no existe. Según La W, Cristine Rodríguez, la arrendataria del predio en donde funcionaba la universidad, dio un plazo de cinco días para que el rector Vargas se pusiera al día con el pago.

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La transacción no se realizó y el Departamento de Educación de la Florida prendió sus alarmas pues, además, ya sabía que los maestros de la institución no estaban recibiendo su salario. El 19 de febrero pasado, el secretario de un tribunal local del condado de Miami Dade, Harvey Rubin, emitió una orden de desalojo para la Universidad Autónoma del Caribe en Miami. La posición de la universidad, sin embargo, mostró otra realidad. A través de un comunicado de prensa, los directivos explicaron que el cierre era "consecuencia del pánico que las falsas noticias, las desinformaciones y manipulaciones mediáticas han causado en el sector financiero colombiano”.

A esta situación, ya bastante complicada, hay que sumarle también la denuncia que han hecho cientos de estudiantes sobre la situación del polideportivo de la universidad. Imágenes reveladas por La W muestran que el estadio de béisbol, las piscinas y las canchas de fútbol sintéticas están en completo abandono. Seis de las 12 hectáreas en donde están localizados estos escenarios deportivos todavía hacen parte de la institución. El resto y 30 más que estaban situadas en un terreno en donde se suponía se iba a construir la sede campestre de la universidad, las habría vendido Vargas.

La familia Vargas en la junta directiva

Quienes están en cabeza de las protestas para mejorar la situación en la Uniautónoma, además de pedir la renuncia del rector Vargas, exigieron también la dimisión del consejo directivo. ¿La razón? Gran parte de los miembros, denunciaron, son familiares de Ramsés Vargas. De acuerdo con las denuncias, cuando el exrector se posesionó, modificó el reglamento de la universidad y en lugar de tener a nueve miembros en la junta, la amplió a 19 asientos y aprovechó el cambio para posesionar a su papá, mamá, esposa, y varios familiares. Según una emisión de La W, hay por lo menos 14 miembros de su familia en el consejo.

Hasta ahora, no hay noticia de que ningún integrante de la junta haya presentado su renuncia. Sin embargo, tras la renuncia de Vargas se han dado otras dos decisiones. Por un lado, el Ministerio de Trabajo anunció que formuló nuevos cargos en contra del centro educativo por una presunta violación de normas relacionadas con la salud y seguridad social en el trabajo. Además, la cartera ministerial anunció que levantó todas las acreencias de la universidad para determinar cuánta plata realmente debe la Uniautónoma. Por otra parte, La W confirmó que Estados Unidos le quitó la visa al exrector Vargas.

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-Redacción Judicial

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