“Que examinen nuestra conducta”: exmagistrado César Julio Valencia

Con el argumento de que “no pueden sembrarse sospechas sobre todos los jueces que hemos pasado por las cortes”, un grupo de exintegrantes de la Suprema, organismo que soporta el escándalo de corrupción de por lo menos tres de sus exmagistrados, suscribió un comunicado en que renuncia a la prescripción, si alguna autoridad quiere investigar sus actos. Hablamos con uno de los firmantes, el expresidente de tal corte, César Julio Valencia.

“Eso nunca lo supimos”, dijo César Tulio Valencia sobre la supuesta comisión de delitos por parte de los altos magistrados que los sucedieron. / Foto: Nelson Ríos

Un grupo de expresidentes de la Corte Suprema, entre ellos usted, hizo pública una carta a propósito de los escándalos de corrupción de tres o cuatro de los miembros de la corporación actual. Ustedes renuncian, según dicen, “a cualquier prescripción, fuero, inmunidad o privilegio para que se investigue y juzgue el ejercicio de nuestras funciones como magistrados” ¿Por qué toman esa decisión?

Hicimos esa manifestación bajo la convicción de que nuestras actuaciones en la Corte fueron transparentes. También para someter ante la opinión pública el examen de nuestra conducta, de suerte que sea examinada en cualquier investigación que se considere pertinente realizar y sin que para ello sea impedimento el tiempo transcurrido. No queremos escudarnos en ningún privilegio y, por ello, estamos dispuestos a renunciar a las prescripciones o a cualquier otra prerrogativa. Queremos resaltar que no tenemos nada que ocultar.

En realidad, ¿pretenden que se examine todo lo que hicieron durante sus períodos para eliminar las sospechas que se escuchan por ahí sobre sus fallos o es, más bien, un gesto simbólico contra la corrupción?

No, no es simbólico: es una manifestación seria. El comunicado tiene como fin inequívoco que se produzca, si cualquier autoridad lo considera necesario, la apertura de investigaciones de cualquier naturaleza para que se resuelva de fondo la conducta de quienes suscribimos la carta. De esta manera le enviamos a la sociedad un mensaje de transparencia y le hacemos, también, un llamado de atención por las generalizaciones que se están haciendo: no pueden sembrarse sospechas sobre todos los jueces que hemos pasado por las cortes.

Con todo, parece un poco exagerada esa manifestación dado el tiempo que hace que los firmantes se retiraron de la Corte sin ninguna objeción judicial seria en su contra…

No es el punto. Hemos oído a algunos, estos días, que pretenden tender mantos de duda sobre decisiones tomadas por magistrados de las cortes pasadas. Le insisto, queremos abrir las puertas, de par en par, con el fin de que se constate, bajo la lupa social o judicial, nuestro comportamiento de jueces para cerrar la discusión. No tenemos ningún temor de que nos examinen.

En otro aparte de la carta ustedes también “instan” al presidente de la República a que “conforme un tribunal de honor que, desde una dimensión ética, formule los juicios de reproche por el ejercicio de nuestras funciones como magistrados y haga la más severa sanción pública y social…, si fuere el caso”. Da la impresión de que se han sentido afectados por los ataques del uribismo contra la Corte que ustedes integraron.

Indudablemente, aunque también hay que decir que el país sabe cómo actúa el sector político que usted menciona y que está usando el escándalo de corrupción de magistrados actuales o recién salidos para tratar de aprovechar esa circunstancia y beneficiar a unos miembros de su colectividad que fueron condenados hace años, en procesos desarrollados con total apego a la Constitución y a la ley, como puede constatarlo cualquiera que lea las sentencias con atención.

Si las sentencias son sólidas y se defienden por sí mismas no tendría sentido desacreditarlas, porque la gente no es tonta: se va a dar cuenta de que mintieron…

No olvide que ciertos políticos colombianos parten de la máxima de que de la mentira siempre algo queda. Creo que se exponen a hacer esas afirmaciones aunque después se caigan, porque todavía intentan desacreditar el nombre de los exmagistrados que nunca fueron de su agrado debido a las posiciones erguidas que, en ese entonces, asumimos en defensa de la independencia y dignidad de la justicia. Pescan en río revuelto con fines proselitistas, en vista de la cercanía de la contienda electoral.

Le insisto, pero en concreto: siendo usted de la Civil, la Sala Penal de su época fue la que falló y condenó a funcionarios o aliados de la era Uribe por la compra de votos a congresistas para que aprobaran la reelección (yidispolítica); por los pactos electorales entre paramilitares y políticos (parapolítica) y por el espionaje ilegal del DAS. ¿Tendría sustento, ya no político sino jurídico, la reapertura de esos procesos por la manifestación de unas sospechas?

No. Se violarían la Constitución y la ley si cada vez que un político critica un fallo se reabriera un caso juzgado. La legitimidad de los fallos y de las providencias que entonces produjo la Corte, en su Sala Penal, no está en duda, como quiera que todos se profirieron -como señalé-, con estricta sujeción al debido proceso, al derecho de defensa y al de contradicción. Retrotraer, ahora, esos casos por motivaciones ajenas al derecho sería un estropicio para la democracia y para la seguridad jurídica del país, además de un insulto para los jueces probos que profirieron esas decisiones y quienes nunca tuvieron una tacha en su vida.

Con franqueza, ¿los actos de corrupción conocidos recientemente, de togados de la Suprema, se rumoraban desde su época? Pregunto porque algunos de los encartados (Ricaurte, Bustos y Tarquino) alcanzaron a estar con ustedes, al menos en una parte de sus períodos.

Resultaba muy difícil percibir actos de corrupción individual, entre otras razones, debido a que cada uno se dedicaba a lo suyo, y a la diferente especialidad de las salas (Laboral, Civil y Penal). También a que, en sala plena, se discuten ante todo temas de orden administrativo. No obstante, al final de nuestra permanencia en la Corte, se podía notar la configuración de un grupo que buscaba imponer sus intereses y a sus candidatos personales, por encima de los fines superiores de la Corte Suprema de Justicia, una corporación de tanta prestancia.

¿Qué quiere decir cuando afirma que “se configuró un grupo que quería imponer sus intereses”? ¿Cuáles intereses?

Me refiero a un grupo que manifestaba, por ejemplo, su reiterada pretensión de cambiar el reglamento con el fin de obtener, rápidamente, las mayorías en sala plena para poder imponer a los candidatos con que pretendía llenar las vacantes que se iban presentando. Supe que cuando ya estaba cerca mi retiro y el de otros colegas se decía que esperaran a que nos fuéramos para poder realizar elecciones y lograr que sus candidatos ganaran sin nuestra presencia. Ese tipo de hechos era notorio, como creo que lo percibimos los que integrábamos la corporación. Pero quiero dejar claro que, de lo que le relato a inferir que conocíamos la supuesta comisión de los delitos por parte de algunos, hay mucho trecho. Eso nunca lo supimos.

Precisamente en su comunicado ustedes indican que “un sector de perversos núcleos de intereses…” adelantó prácticas de reproducción del poder en el interior de ella (la Corte)” y a continuación pidieron retirar las funciones electorales de los altos tribunales. ¿Qué estaba sucediendo, entonces, para que se formulara esa solicitud?

Nunca estuvimos de acuerdo con las funciones electorales de las cortes, porque consideramos que además de distraer la tarea principal del juez, que consiste en dictar providencias y fallos, podía prestarse para que se introdujeran a las cortes intereses ajenos a la justicia posiblemente relacionados con intenciones y ambiciones de tipo político, como en efecto hoy constatamos que sucedió.

Según ustedes, “el hallazgo de un juez probo y sabio constituye un patrimonio invaluable de la sociedad por lo que debe conservarse, y eso no es compatible con períodos cortos de magistratura”. ¿Significa que están de acuerdo con el ministro de Justicia, que propone períodos de 15 años en lugar de los 8 actuales pese al nivel de descrédito de las cortes?

Involuntariamente nos faltó escribir, en el comunicado, que desde hace muchos años la Sala Plena pensaba que, en la reforma a la justicia, se debía incluir la ampliación de los períodos de los magistrados para garantizar la estabilidad de la jurisprudencia, sinónimo de seguridad jurídica. No es raro: en los países desarrollados existen períodos extensos para la magistratura. En nuestro caso, siempre dijimos que si se presentaba esa modificación, no se incluyera a quienes estábamos, en ese momento, ocupando los cargos. Extrañamente, en los textos de las últimas reformas, esa salvedad desapareció.

La propuesta más novedosa que exponen es la de integrar un colegio electoral -con todos los “saberes, etnias y culturas”- para la selección de nuevos magistrados que deben ser escogidos entre jueces de carrera, pero también entre académicos y profesionales en ejercicio. ¿La elección de togados por los propios colegas ha sido fuente de perversión?

No creo que la elección de los magistrados por las propias cortes sea fuente de perversión por sí misma. Sin embargo, sí me parece que el sistema de elaboración de las listas de aspirantes por parte del Consejo Superior de la Judicatura, un órgano permeado por la política, limita la amplitud de nombres y la libertad de elegir de la Corte Suprema. En otras palabras, la raíz del mal puede estar no en las listas, sino en el órgano que las elabora y en el cual hubo y hay clara injerencia externa.

¿Por qué subsiste el Consejo de la Judicatura aunque en todas las reformas se piensa en eliminarlo?

No lo entiendo. Es cierto que siempre ha habido un criterio mayoritario en el sentido de que debe desaparecer. Pero el hecho de que se mantenga y de que continúe actuando indica el gran poder político que se instaló ahí.

Curiosamente otra carta de varios expresidentes de las cortes, publicada pocos días antes de la de ustedes, propone que se “retorne al sistema de cooptación en la elección de magistrados”. ¿Es más viable esta propuesta?

Me parece que las dos iniciativas no se contraponen. En últimas, ambas terminan en cooptación. Tal vez difieren en la forma de efectuar la preselección de candidatos.

¿Usted volvería a una corte, hoy?

Sí, pero volvería con el mismo decoro y pulcritud con que trabajé, no sólo durante los ocho años en que fui magistrado y presidente de la Corte Suprema, sino durante toda mi carrera que duró casi 36 años y en los cuales también fui magistrado de tribunal y juez de la República. Mi carrera en la Rama Judicial me honra y pasé por ella sin una tacha, no obstante que casi al final de la misma, y precisamente por actuar en defensa de la dignidad judicial, trataron de configurar, de manera infructuosa y en épocas aciagas de la parapolítica, una denuncia temeraria en mi contra que se cayó sola por su falta de sustento, como bien lo conoció la opinión pública.

Para usted, ¿cuándo y por qué empezó el deterioro moral de las cortes? ¿Cuándo y por qué pudieron llegar a integrar los altos tribunales, abogados sin formación profesional ni moral?

Por lo que expliqué: el problema se origina en la conformación de las listas. Este, que parece un obstáculo de forma, termina siendo de fondo, porque no se incluyen ni los mejores ni los más prestigiosos profesionales del derecho: por ayudar a los amigos y a aquellos a quienes conviene llevar a las cortes con intereses que no tienen que ver con la majestad de la justicia, excluyen de la magistratura y privan al país de los juristas más formados. Observé cómo reconocidos abogados ni siquiera intentan pertenecer a las cortes porque se oponen a someterse a ese camino tortuoso de la elección, según está normado hoy.

Entonces, ¿llegan los mediocres?

Sería injusto decirlo tan tajantemente, puesto que hay abogados y seres humanos valiosos en las cortes. Pero ese método perverso se presta para que “aterricen” o para que “lleguen en paracaídas” algunos mediocres o unos desconocidos de la profesión.

“Arrogancia y pequeñez de espíritu”

Al menos diez exmagistrados de la Corte Suprema firmaron una carta pública esta semana, con el fin de hacer la distinción de su conducta en esa corporación, frente a la de algunos de la época actual, debido al gran escándalo de corrupción que estalló allí después de que la DEA grabara, en Miami, a Alejandro Lyons (fugitivo de la justicia colombiana), mientras estaba siendo extorsionado, irónicamente, por el entonces director anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno. Ambos terminaron convirtiéndose en testigos y revelando los nombres de los cómplices de sus delitos: tres o cuatro exintegrantes de esa corte. En su comunicado, suscrito entre otros por César Julio Valencia – entrevistado hoy-, Jaime Arrubla, Augusto Ibáñez, Arturo Solarte, Isaura Vargas, Nilson Pinilla y Edgardo Villamil, entre otros, los exmiembros de la corte hacen consideraciones y propuestas. Pero, sobre todo, llama la atención su decisión de “renunciar a cualquier prescripción, fuero, inmunidad o privilegio para que se investigue y juzgue el ejercicio de nuestras funciones como magistrados, sin límite”, según dicen, “como reconocimiento a los millares de jueces probos que le han servido a la República”. Y calificaron, duramente, a los involucrados por “la soberbia, arrogancia y pequeñez de su espíritu”.

“Retirarse también requiere valor”

Ante la conformación aplastante de grupos de poder en los altos tribunales, las minorías pueden escoger guardar silencio, pero no por cobardía sino porque consideran inútil denunciar sin pruebas, sólo con base en percepciones o sensaciones. En el mundo del derecho eso no es serio. Frente a lo que me pregunta, no obstante, usted debe reconocer que hubo magistrados que renunciaron para no ser testigos del deterioro interno. Tomar la decisión de retirarse antes de terminar el período también requiere valor, más aún si se expresa su inconformidad. La invito a leer sus escritos de despedida.

Otra crítica se relaciona con la seducción que los contamina cuando se dejan acercar el poder social. Hablo de viajes, invitaciones, regalos, almuerzos o cocteles de los cuales salen comprometidos. ¿Es cierto?

Se comenta que ese hecho ocurre de manera excepcional. Si resultare ser cierto, sería censurable porque un juez debe permanecer a kilómetros de distancia de los interesados en sus fallos.