“Queremos publicar nuestros patrimonios”: nuevo presidente de la Corte Constitucional

Alejandro Linares dice que el escándalo del cartel de la toga afectó a todas las altas cortes, pero que hay varios magistrados interesados en fomentar la transparencia ante los ciudadanos.

Alejandro Linares, abogado de los Andes, fue elegido presidente de la Corte Constitucional la semana pasada. / Gustavo Torrijos - El Espectador

¿Cómo va el estudio de los decretos y leyes para la implementación del Acuerdo de Paz? El año pasado, el presidente de la Corte dijo que acababan antes de 2018 y no se cumplió.

Nos falta gran parte de los decretos que sacó el presidente. También tenemos la Ley de Amnistía, que justamente la vamos a estudiar estas semanas, y la Ley Estatutaria para la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que esperamos estudiar de manera rápida, pero es un tema de altísima complejidad.

¿Estamos hablando de cuánto tiempo para conocer decisiones?

Tenemos un cronograma para que de aquí a Semana Santa evacuemos todo lo que tiene que ver con el Acuerdo. Quizás nos demoremos más con la Ley Estatutaria de la JEP, por su complejidad, pero el magistrado Antonio Lizarazo ya se comprometió a acelerar su estudio. Vamos a tener mucho trabajo y daremos muchas noticias porque estamos comprometidos con este tema.

¿Qué pasa mientras se toma una decisión con el funcionamiento de la JEP? Ya debería haber arrancado.

La JEP debe arrancar en poco. Básicamente porque el acto legislativo 01 de 2017 dice que la JEP empezará a funcionar apenas esté lista, es decir, no depende de nuestra decisión. Con el acto legislativo 01, la JEP ya puede empezar a funcionar.

¿Esta ley estatuaria es la del debate más duro dentro de la Sala Plena? ¿O han tenido otro expediente más difícil?

Creo que los más difíciles fueron los actos legislativos 01 y 02 de 2017. Tuvimos discusiones muy complicadas con los magistrados por estos temas. El primero tuvo que ver con la constitucionalidad de la JEP y el segundo con el blindaje jurídico del Acuerdo de Paz. En este último, por ejemplo, tomamos una decisión unánime y fue difícil llegar a ella.

¿Qué les puede decir a quienes critican a la Corte Constitucional de ser una instancia en donde sólo se blindan las decisiones del Gobierno sobre todo en temas de paz?

Yo diría que aquí nos llegó un trabajo muy fuerte al darnos esa responsabilidad tan grande como es revisar todas las normas, leyes, actos legislativos y decretos para la implementación del Acuerdo. Nos dieron una especie de poder de revisar todo, como si fuéramos una tercera cámara. En esa medida, nos ha tocado un trabajo muy fuerte de revisar si todo lo que sale del Congreso se ajusta o no a la Constitución. El balance, eso sí, es positivo. Esta Corte no es gobiernista. Es una Corte independiente.

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Y ese poder que ahora tienen, de revisar de manera automática lo que aprueba el Congreso, ¿está bien administrado? ¿O era mejor que se lo otorgaran a una instancia diferente?

Creo que esto demuestra la importancia de esta Corte como árbitro de última instancia. Nos genera más trabajo, pero nos exige más para que el estudio que hagamos sea el más ponderado posible.

El año pasado, la Corte Constitucional avaló la realización de una consulta antitaurina en Bogotá, pero la semana pasada cambió de parecer y la tumbó. ¿Qué pasó?

Es un tema sencillo, pues lo que la Corte dice es que quien tiene la capacidad de determinar si la consulta es constitucional o no es el Congreso y no una entidad territorial como el Distrito, en este caso. La decisión se toma siguiendo la jurisprudencia de la propia Corte. El Legislativo es el que tiene la capacidad de determinar si hay o no toros en determinada localidad.

Pero ¿por qué el año pasado le habían dado el aval?

Esa fue una decisión de una sala de revisión que estaba conformada por los exmagistrados María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y el hoy magistrado Alberto Rojas. Este último salvó el voto y explicó, precisamente, que quien tiene la autoridad para avalar estas consultas es el Congreso. Después de estudiar un recurso de nulidad a la decisión de la Sala de Revisión, la Sala Plena tomó los argumentos del doctor Rojas y declaró nulo el aval para realizar la consulta en Bogotá. Lo que está diciendo la Corte es que su jurisprudencia de Sala Plena se mantiene y las salas de revisión deben respetar el precedente de la corporación.

Además de los temas de paz, ¿qué otro caso de relevancia nacional tiene este año en la Corte?

Yo diría que lo más importante es ponernos al día con los demás temas. Con lo que tiene que ver con las tutelas, hemos venido trabajando en paralelo con los temas de paz, porque creemos que la protección de los derechos fundamentales no duerme. En cambio, tenemos demandas de alta relevancia y en gran cantidad que están en salmuera.

¿Y cuáles son los temas de estas demandas?

Por ejemplo, está una sobre determinar si la edad de retiro forzoso va desde los 65 a los 70 años. También hay una importante sobre las causales de divorcio y varios temas en contra de la última reforma tributaria. Esta agenda ordinaria de la Corte está represada.

Si usted tuviera que hacer un cálculo de cuánto tiempo es el retraso de la Corte en procesos, ¿cuál sería el resultado?

Yo diría que es un retraso importante, porque el trabajo que tenemos que hacer por el fast track es enorme. Pero sólo es en temas de constitucionalidad o demandas. Podemos hablar de que el atraso es de más o menos medio año. Deberíamos ser más eficientes, pero la complejidad de los temas nos obliga a ser extremadamente cuidadosos con nuestras decisiones.

¿Es necesario recurrir a la ayuda de la Judicatura para que se cree una nueva sala, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia, para evacuar con mayor rapidez los procesos?

Yo diría que siempre necesitamos mayores recursos. Pero son escasos. Sería buenísimo que cada despacho tuviera un magistrado auxiliar más. Pero lo que vamos a hacer es que, con los recursos que tenemos, vamos a mejorar. Yo soy consciente de que deberíamos pedir más recursos. Pero también hay que ser realistas y, desde el punto de vista fiscal, no nos van a dar más recursos. No es un tema fácil y estamos en constante diálogo con la judicatura y el Ministerio de Hacienda para lograr ese magistrado extra.

Como presidente, ¿va a tomar alguna decisión para que en la Corte Constitucional no se repita un escándalo como el de la Corte Suprema de Justicia por el cartel de la toga?

Estamos comprometidos con que cada día vamos a ser una Corte más transparente. Vamos a tratar de mejorar la página web para que podamos publicar nuestros patrimonios, una idea que ya hemos hablado en Sala Plena. Vamos a mejorar la transparencia interna para que el ciudadano tenga más acceso a los procesos que se llevan y, además, a los propios magistrados. Queremos también publicar las hojas de vida de los conjueces y de los magistrados auxiliares. Adicionalmente, los nueve magistrados titulares ya hemos hablado de realizar unos retiros espirituales para establecer qué otras medidas podemos tomar para fortalecer la transparencia hacia el ciudadano y evitar lo que les ha pasado a las cortes hermanas, que es terrible.

¿Hay garantías para afirmar que en esta Corte no pasa lo mismo que en la Suprema?

Yo diría que nadie puede meter la mano al fuego y decir que sí hay garantías. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es diseñar los procedimientos y herramientas para no pase. Y si pasara, costará mucho trabajo. Tenemos que estar siempre vigilantes y espero que nunca ocurra algo así que desprestigia tremendamente a una Corte tan importante como esta.

¿Qué opinión le merece el exmagistrado Francisco Ricaurte, hoy detenido en La Picota?

Francisco Ricaurte infortunadamente tomó un camino que generó efectos muy negativos sobre el resto de sus colegas en la Rama Judicial. Pero, obviamente, hay que esperar a que se pronuncien los jueces sobre su responsabilidad en los temas por los que es investigado.

¿Y Bustos?

Diría lo mismo: hay que esperar a que actúen los jueces, pero tanto Bustos como Ricaurte han generado un impacto muy negativo sobre todas las cortes. La gente del común no distingue entre la Corte Suprema o el Consejo de Estado, piensan que todos somos los mismos.

¿Cómo le explicaría a un ciudadano que acá se está tratando de trabajar para no cometer esos errores, que no todos los magistrados -se supone- son corruptos?

La explicación que yo daría es que en toda actividad de la vida siempre hay una oveja negra, pero uno no debe calificar a todas las ovejas por el comportamiento de esa oveja negra.

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Hace unos dos años, cuando usted aún era el “nuevo”, era clara la división en la Corte Constitucional sobre quiénes eran los liberales y quiénes los conservadores. Ya no parece tan clara esa división.

Creo que una virtud de esta Corte es que no está dividida en bandos. En temas económicos yo podría ser tildado de derecha, pero en temas sociales soy, por ejemplo, pro matrimonio de parejas del mismo sexo. Lo importante es, como me dijo un magistrado alguna vez, es que según la argumentación uno esté en un lado o en el otro y eso genera mayor deliberación, lo cual es excelente.

¿Usted se atrevería a decir que esta Corte es mejor que las anteriores?

No, creo que es distinta. Una de las virtudes de la Constitución es que debe haber diversidad en las especializaciones del derecho, eso ayuda a mirar desde distintas perspectivas. Esta Corte tiene gente de todo el país, no solo de Bogotá, lo cual es muy positivo a la hora de tomar decisiones.

Sobre el problema de las licencias mineras, ¿cómo se hace para sentar un precedente y que las multinacionales dejen de demandar al Estado?

Quien debe definir el tema, para mí, es el Congreso de la República. Al final del día, los jueces resolvemos los problemas porque nadie más los resuelve. Lo ideal sería que el Congreso saque una ley orgánica para ver cómo se concilian los intereses de la ación sobre el subsuelo versus los intereses de las regiones y de los municipios sobre el uso del suelo. La única forma de hacerlo es hablando entre Nación y municipio, tienen que llegar a un acuerdo. Si no lo hay, el proyecto no debería hacerse. Pero cuando el Congreso no lo hace, nos toca a nosotros pronunciarnos sobre esas consultas, que hacen que se tomen decisiones que pueden afectar a las compañías.

¿Qué va a tener la presidencia de Alejandro Linares que no han tenido las anteriores en la corte?

La oportunidad de utilizar mis experiencias administrativas para modernizar la Corte en su interior, pues ya he desempeñado cargos con estas tareas. Los abogados no somos buenos administradores, entonces yo quisiera continuar con la labor que venía desempeñando el magistrado Luis Guillermo Guerrero de modernizar el tribunal. Estamos tratando de poner varios servicios de consulta en línea y queremos digitalizar el proceso de tutela, para que sea más sencillo y más accesible para los ciudadanos. Después de 25 años, ya es el momento para que la Corte se modernice.

¿Qué otros procesos necesitan de modernización en la Corte?

Mejorar la productividad interna. Nosotros tenemos mucho trabajo, no solo por el control que tenemos que hacer por el fast track, sino porque aquí también nos encargamos del estudio del resto de demandas de constitucionalidad y de procesos de tutela. Tenemos mucho trabajo y lo que tenemos que tratar de hacer es evacuar ese trabajo de una manera muy productiva de manera que saquemos sentencias de muy alta calidad, pero de pronto haciéndolas más cortas y aprovechando más el tiempo en las reuniones de Sala Plena. Son cambios que pueden ser pequeños, pero estoy seguro de que pueden tener un alto impacto en nuestro trabajo.