¿Quién es Julián Bedoya, el congresista de los escándalos?

 Julián Bedoya, el representante a la Cámara, hasta ahora desconocido por la opinión pública, acaba de cobrar protagonismo nacional por cuenta de su pasado. Hoy oficia como presidente de la Comisión de Acusación del Congreso y esta semana trascendió que había sido designado para investigar ni más ni menos que el más grave escándalo de corrupción denunciado en la Corte Constitucional: un supuesto soborno pagado al magistrado Jorge Pretelt a cambio de favorecer una tutela de la firma Fidupetrol.

La primera verdad que quedó al descubierto sobre Bedoya es que no es abogado titulado de la Universidad de Medellín, tal como él lo ha afirmado. Según se pudo establecer, sí estudió cinco años de derecho en esa institución educativa, pero jamás se graduó, según le confirmó el decano de derecho, Juan Carlos Vázquez, a la revista Semana.

Dicho de otro modo, el hombre encargado de indagar si hubo coimas para favorecer a Fidupetrol en el trámite de una tutela no tiene ni siquiera tarjeta profesional. Lo grave es que en la página web de Congreso Visible se da por hecho que Bedoya sí es abogado titulado. Una circunstancia mucho menos grave que la denunciada este viernes por la FM de RCN. Según el medio radial, Bedoya fue expulsado de la Escuela de Oficiales General Santander de la Policía en el año 2000 porque intentó quedarse con un arma oficial.

De acuerdo con la investigación, cuando estaba ad portas de graduarse como teniente, en desarrollo de una práctica de polígono, Bedoya ocultó en un baño de la escuela el arma que le había sido asignada para el entrenamiento. Por esa razón, fue expulsado fulminantemente tres días antes de que se graduara como teniente de la policía. Todo parece indicar que sus huellas aparecieron en el arma 9 milímetros encontrada en la cisterna de un baño, aunque, según él, todo se trató de un montaje.

Un compañero del curso de Bedoya le contó a este diario que cuando Bedoya fue acusado de robarse el arma, su primera reacción fue culpar a otro de sus compañeros. Los superiores de la época estaban sorprendidos, pues su rendimiento en la escuela era bueno e, incluso, pertenecía al grupo de criminalística, donde estaban los mejores alférez. “Era una persona muy callada y reservada. Tenía buena relación con los altos mandos, pero poco se relacionaba con sus compañeros”, dijo la fuente.

Aunque no es muy conocido en Bogotá, los pasos de Bedoya sí han sido documentados por la prensa antioqueña. Por ejemplo, antes de ser congresista ofició como diputado de las toldas liberales, e incluso llegó a ser el presidente de la Asamblea en 2012 de ese departamento. Se dice que su padrino político es Adolfo León Palacio, quien fue el que le llevó la grabación de un consejo de redacción privado a la gerente de Teleantioquia, Selene Botero, que terminó por cobrar la cabeza del director de ese noticiero, Juan Pablo Barrientos.

El diputado Palacio reconoció que esa grabación en la que Barrientos se queja de algunos diputados por sus continuas inasistencias y otras prácticas políticas le había llegado a su oficina y que en compañía de Julián Bedoya fueron a pedir la cabeza de Barrientos. Con una particularidad: tanto Bedoya como Palacio, según escribió el propio Barrientos son discípulos políticos del congresista Cesar Pérez García, condenado a 30 años de prisión por la masacre de 43 campesinos en Segovia, Antioquia en 1988.

No es todo. Además de participar en estos hechos, en octubre de 2012 trascendió una acalorada discusión en la asamblea de Antioquia que terminó a los puños. Los protagonistas de la gresca fueron Julián Bedoya y Rodrigo Mesa, este último conocido por aquella frase según la cual “darle plata al Chocó es como perfumar un bollo”. Mesa declaró que aunque Bedoya era un hombre de 28 años en ese momento y él tenía 60, él debió tener más respeto, aunque al final saldó la discusión asegurando que el tema no era personal y que hasta amigos eran.

La discusión se generó por un proyecto de ordenanza que pedía al Gobierno regional la autorización para comprometer vigencias futuras por 300 mil millones de pesos en un plan de infraestructura. Bedoya era quien más estaba cabildeando ese proyecto, pero Mesa se le oponía. El asunto llegó a mayores cuando en el debate aparecieron insultos respondidos de lado y lado y al final una agresión. Varios escoltas los terminaron separando. Bedoya sostuvo entonces que sí hubo una discusión acalorada pero que no agredió al diputado.

Rodrigo Mesa, el diputado del escándalo por su frase contra Chocó.

Por último, según versiones conocidas por El Espectador, a la senadora antioqueña Sofía Gaviria le han llegado denuncias según las cuales Bedoya presiona y atemoriza a los alcaldes de la región a través de supuestas fichas políticas que tiene en la Contraloría de Antioquia. Bedoya y Gaviria han tenido enfrentamientos públicos desde hace tiempo, pero estas denuncias en particular que ya trascendieron a la opinión pública comenzaron a generar suspicacias en el organismo de control, pues se trata de un señalamiento muy grave contra un parlamentario.

Este es, grosso modo, el perfil del representante investigador encargado de impartir justicia en uno de los más bochornosos incidentes en Corte Constitucional. En resumen, el parlamentario no es abogado como dijo, fue acusado de intentar robarse un arma en sus tiempos como aspirante a teniente de la policía en el año 2000, es muy cercano a un diputado antioqueño que ventiló un consejo de redacción privado que cobró la cabeza del director de entonces, Juan Pablo Barrientos (quien se había convertido en una piedra en el zapato para la asamblea por sus denuncias), según reporta la prensa protagonizó una gresca en la Asamblea hace menos de dos años y, para rematar, sin sorteo, se autodesignó como investigador en el caso del magistrado Jorge Pretelt.

Muchos se preguntan si un congresista con estos antecedentes puede tomar las riendas de la investigación más importante de los últimos tiempos. La acusación contra Jorge Pretelt no es menor. Su colega de la Corte asegura que el abogado Víctor Pacheco le contó que Pretelt le pidió $500 millones a cambio de interceder por una tutela de Fidupetrol que pretendía tumbar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había condenado a esa fiduciaria a pagar $22.500 millones.
El magistrado Mauricio González se ratificó en su denuncia hace dos días en el despacho del congresista Julián Bedoya. En la Comisión de Acusación hay incomodidad por las últimas revelaciones en torno al pasado del parlamentario antioqueño. Mientras Pretelt fue apartado de la presidencia de la Corte Constitucional mientras se aclara lo sucedido, algunos empiezan a pedir lo mismo en relación con el representante que hoy investiga al magistrado.