Radican impugnación contra fallo que restituyó en su cargo a Gustavo Petro

La acción fue presentada por la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y Procuraduría General.

Ante la Sala Civil de Asuntos Agrarios del Tribunal Superior de Bogotá fueron radicaron tres recursos de impugnación contra el fallo que restituyó en su cargo a Gustavo Petro Urrego como Alcalde Mayor de Bogotá.

En las acciones, que fueron presentadas de la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y la Procuraduría General, se busca que se suspenda inmediatamente el fallo emitido el pasado martes.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tiene un plazo de 20 días para resolver estos recursos. Se ha podido determinar que el Ministerio Público argumentó que el Tribunal hizo incurrir en un error al Presidente de la República ya que restituyó a un alcalde que estaba inhabilitado.

"El Tribunal interpretó de manera incorrecta el Pacto de San José de Costa Rica, donde queda claro que las medidas cautelares no hacen parte del bloque de constitucionalidad", señaló el procurador General, Alejandra Ordóñez Maldonado en la tarde de este viernes.

En este punto aseguró que se desconoció el ordenamiento jurídico colombiano al ordenar el acatamiento de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin importar las decisiones emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado que ratificaron la función de la Procuraduría para investigar y sancionar disciplinariamente a funcionarios públicos elegidos por voto popular.

“La Sala Civil de Restitución de Tierras interpreta de manera indebida e incorrecta el bloque de constitucionalidad”, manifestó Ordóñez Maldonado al hacer referencia a los puntos principales de la acción judicial que busca que se deje en firme la sanción disciplinaria emitida el pasado 13 de enero.

Para la Procuraduría el Presidente de la República restituyó en su cargo a un alcalde que tiene una inhabilidad para ejercer cargos públicos, argumentando que la sanción disciplinaria ya ha sido dejada en firme por diferentes organismos colombianos administradores de justicia. 

Los argumentos de la Procuraduría

“La Sala Civil de Restitución de Tierras interpreta de manera indebida e incorrecta el bloque de constitucionalidad. Es claro que las medidas cautelares no hacen parte del bloque de constitucionalidad; lo que hace parte del bloque de constitucionalidad es el Pacto de San José y las medidas cautelares están fundadas en el reglamento interno (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y, como consecuencia de ello, pretenden que el reglamento interno haga parte del bloque de constitucionalidad y no es así”.

“Desconoce de manera deliberada las reiteradas decisiones de los organismos de cierre: De la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura. Incluso, digo deliberada, porque funda su decisión en un salvamento de voto cuando las jurisprudencias de las altas cortes han definido la competencia que tiene la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria de los funcionarios públicos, incluidos los de elección popular”.

“La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce derechos o ampara derechos del señor alcalde de Bogotá, no de sus electores. Por tal razón no tiene legitimidad el tutelante, el ciudadano, al cual se le protegen unos derechos que ya el Consejo de Estado había decidido”.