Radican nueva demanda contra decreto que decomisa la dosis mínima

Por otro lado, la Corte Constitucional negó una demanda contra el mencionado decreto porque no es la competente para estudiar este tipo de normas.

Los ciudadanos Sahiet Meza García y José Manuel Marín presentaron ante el Consejo de Estado una acción de nulidad contra el Decreto 1844 de 2018 “mediante el cual se faculta a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos”. Para los demandantes, esta norma vulnera la Constitución Política y contradice las interpretaciones que fijó la Corte Constitucional en la sentencia (C-221 de 1994), que despenalizó el consumo de la dosis personal. (Le podría interesar: Ya entró en vigencia el decomiso de dosis mínima por parte de la Policía)

En la demanda, los ciudadanos explicaron que el decreto vulnera el libre desarrollo a la personalidad por “la represión a los usuarios que el Ejecutivo ha ordenado a través del acoso policial” y que, con ello, incrementa el riesgo de los usuarios terminen investigados por tráfico de estupefacientes. “Vale la pena señalar que en América latina el encarcelamiento por delitos relacionados con drogas es una de las principales causas de la crisis del sistema punitivo y de las cárceles en particular”, argumentaron.

También manifestaron que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en concreto la sentencia C-221 de 1994, rechaza la posibilidad de que el Estado “se asuma como dueño y señor de la vida y del destino de cada persona”, y que la Constitución Política de 1991 es libertaria y democrática y no autoritaria ni totalitaria. “Tenemos en este escenario dos opciones respecto a lo que pretende la medida: si la medida de multa administrativa fundamentada en el Código de Policía tiene un carácter sancionatorio o ¿se trata de una medida humanitaria en favor del enfermo?”, cuestionaron los demandantes. (Lea: Radican demanda contra decreto de la dosis personal)

Para Sahiet Meza García y José Manuel Marín, el decomiso de la dosis personal contribuye a la estigmatización del consumidor por parte de la sociedad y de la Policía. “La persecución policiva de la dosis para uso personal genera incluso una problemática que afecta el derecho a la igualdad material, toda vez que la destrucción tiene un impacto distinto de acuerdo con la posición socio económico del procesado, pudiendo llegar a representar un problema para el drogodependiente que no cuente con la facilidad para acceder inmediatamente a otra dosis”, explicaron.

A pocos días de haber entrado en vigor el decreto, según la acción de nulidad, se cuenta con cifras alarmantes de persecución ciudadana. “El decreto hace referencia a la convivencia en el espacio público, sin embargo, seguimos sin poder conectar la medida con la convivencia en el espacio público. Sin lugar a duda, la medida desencadenará una persecución de los eslabones más débiles en la cadena de la droga, es decir, los consumidores”, concluyeron los demandantes. (Le sugerimos: Comparendo por porte o consumo inferior a dosis mínima valdrá más de $208.000: Policía)

Por otro lado, la Corte Constitucional negó una demanda de la congresista Katherine Miranda contra el mencionado decreto. El recurso, que buscaba declarar el decreto como inconstitucional, fue rechazado porque el alto tribunal no es competente para revisar este tipo de normas.