Radiografía de los 'paras' en Nariño

El exjefe del bloque Libertadores del Sur de las autodefensas fue hallado culpable de 41 crímenes en ese departamento, entre ellos el asesinato de la religiosa Yolanda Cerón.

Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, ingresó a las autodefensas en 1997 y se desmovilizó en 2005. / ‘El Tiempo’

El 19 de septiembre de 2001, cuando caminaba frente a la iglesia La Merced, de Tumaco (Nariño), Yolanda Cerón Delgado fue asesinada a tiros por paramilitares. El impacto para las organizaciones sociales del departamento fue inmenso. Cerón, que hasta 1999 se había desempeñado como religiosa de la Compañía de María, dirigía la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco y trabajaba por la titulación de las tierras de las comunidades negras e indígenas. Por eso, su homicidio constituyó también una amenaza: a los ‘paras’ no les iba a temblar la mano para asesinar a quienes, en defensa de los grupos étnicos, truncaran las pretensiones de narcotraficantes y algunos empresarios. Ahora, trece años después, el Tribunal de Bogotá acaba de condenar al autor intelectual del crimen: Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, comandante del bloque Libertadores del Sur de las autodefensas.

Pérez, hermano de Julián Bolívar, fue extraditado en 2008 junto a otros 13 narcotraficantes y excomandantes de las autodefensas. Su llegada a Tumaco ocurrió en el año 2000, luego de que el jefe paramilitar Vicente Castaño, hoy desaparecido, encomendara la creación de un bloque en Nariño. La directriz obedecía no sólo al interés de expandir el paramilitarismo al sur del país, sino también a la petición de palmicultores, comerciantes, terratenientes e industriales que buscaban contener los crímenes de las Farc y resolver de facto los conflictos por la tierra. Fue así como nació el bloque Libertadores del Sur (BLS), adscrito al bloque Central Bolívar. El progresivo fortalecimiento de esa organización condujo a la creación de tres frentes y una subestructura, cuyos combatientes, según el Tribunal, fueron entrenados “por instructores retirados de la Policía o del Ejército” y recibieron formación política en “historia de Colombia, Constitución de 1991, historia de las grandes guerras y regímenes políticos”, en consonancia con las posturas ideológicas de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez.

La entrada del BLS en Nariño, y particularmente en Tumaco, también estuvo motivada por el valor estratégico de esa zona para el tráfico de cocaína, gracias a su ubicación sobre el océano Pacífico y a la expansión de los sembrados de hoja de coca. Desde finales de los años 90, Nariño ha sido uno de los mayores productores del país, pasando de 3.959 hectáreas en 1999, cuando arribó el BLS, a 14.154 en 2004, un año antes de su desmovilización. Esa circunstancia, además de la extensión de cultivos de palma aceitera y los consecuentes procesos violentos de apropiación y concentración de la tierra, convirtieron al departamento en un botín de guerra para los actores armados.

Además de ejecutar múltiples crímenes contra la población civil, el BLS creó la fundación Educación para la Democracia, la Paz y la Justicia Social (Edupaz), con la cual buscó, según la Fiscalía, generar lazos comunitarios que le permitieran acceder al Concejo y a la Alcaldía de Tumaco. Asimismo sostuvo dos emisoras que difundían el himno de las Auc, música popular y discursos propagandísticos y antisubversivos. En cuanto a sus nexos con sectores económicos, el ente investigador señala a algunos miembros de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño (Sagan) como financiadores del bloque, entre ellos Salvador Escobar, para la época propietario de Lácteos Andinos de Nariño, hoy investigado por la Fiscalía. Igualmente se reporta como colaboradores a un propietario de tiendas de ropa en Pasto e Ipiales, un antiguo dueño de negocios de apuestas y un terrateniente de la sabana de Túquerres (Nariño).

Mientras los empresarios les suministraban recursos financieros a los paramilitares, algunos políticos locales les otorgaron estatus social. Tal fue el caso del entonces alcalde de Barbacoas, Juan Carlos Rueda Cortés, de los concejales de ese municipio y de los miembros de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenavista, que le entregaron dos placas y dos reconocimientos públicos a Rodolfo Useda Castaño, comandante del frente Lorenzo Aldana del BLS, por sus “sacrificios, consagración, trabajo y educación comunitaria” y “porque a partir de su llegada se respetó el derecho a la vida y a la dignidad de cada uno de los habitantes de la región”. Toda una paradoja teniendo en cuenta que ese frente asesinó 255 personas en Barbacoas entre 1999 y 2005. El contubernio que, según el Tribunal, se estableció entre los paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, generó un clima de terror en el departamento y produjo decenas de homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y reclutamientos ilícitos.

Respecto a las relaciones que sostuvo el BLS con sectores de la Policía y las Fuerzas Militares, resultaron señalados los batallones Macheteros del Cauca y Batalla de Boyacá, la estación de Policía del municipio El Rosario (Nariño), la Tercera Brigada, de Cali, la Fuerza Aérea y el DAS. De acuerdo con el Tribunal, esa alianza fue más allá de las acciones conjuntas para combatir a las Farc “e implicó pactos de no agresión e intercambio de información de inteligencia, suministro de armas, munición y material de intendencia, y búsqueda de comerciantes, simpatizantes y militares que apoyaran la causa contrainsurgente”. Incluso, algunos miembros de la Fuerza Pública integraron las filas del BLS, como el suboficial de la Armada Rafael García Moscote, que se desmovilizó con esa estructura. Además se reportaron ocho “falsos positivos” con los cuales el Ejército pretendió mostrar resultados en su lucha contra las Farc y los ‘paras’.

Entre los crímenes por los que Pablo Sevillano acaba de ser condenado se encuentra el homicidio del periodista Flavio Iván Bedoya Sarria, a quien hombres del BLS le dispararon frente a la casa de la cultura de Tumaco el 27 de abril de 2001. Señalado falsamente de ser informante de la guerrilla, Bedoya fue asesinado por publicar, primero en el semanario La Voz y luego en el diario El Tiempo, una entrevista a un comandante de las Farc. El exjefe paramilitar también fue encontrado culpable del homicidio de Alfredo Calderón Forero, gerente regional de Avianca, asesinado por haber impedido que dos personas heridas abordaran un avión. Igualmente, por la ejecución de dos masacres, una de ellas ocurrida el 25 de agosto de 2001 en el corregimiento Llorente, de Tumaco, donde fueron ultimadas nueve personas que se encontraban en total estado de indefensión.

Teniendo en cuenta las afectaciones que causaron los paramilitares a los pobladores de Nariño, el Tribunal ordenó distintas medidas de reparación individual y colectiva. En el caso de Yolanda Cerón, el Centro de Memoria Histórica deberá, previa concertación con su familia y con la Diócesis de Tumaco, reconstruir “una historia de vida emblemática” que redignifique su nombre. Asimismo, el alcalde de Tumaco y el Concejo Municipal deberán declarar un día cívico para conmemorar a las víctimas y “la labor desempeñada por la religiosa Yolanda Cerón, dado el legado y su significado en las luchas de reivindicación por la tierras de las poblaciones aborígenes y negras, históricamente desposeídas”. En el mismo sentido, la Unidad de Víctimas organizará un acto simbólico en el que, con la participación de autoridades locales y regionales, los ‘paras’ del BLS y del bloque Central Bolívar pidan perdón “por las agresiones y violaciones a los derechos humanos cometidos en Nariño, sin disminuir ni justificar su actuar”.

El Tribunal también exhortó a distintas entidades del Estado para que fortalezcan la economía regional y tomen medidas tendientes a mejorar la calidad de vida de los nariñenses, cuyo litoral enfrenta altos niveles de pobreza. La decisión, que le otorgó a Pablo Sevillano la pena alternativa de ocho años de prisión contemplada en la Ley de Justicia y Paz, también incluyó a siete desmovilizados del BLS que participaron en la oleada de crímenes con los cuales los paramilitares aterrorizaron a Nariño.

 

 

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María Flórez

Judicial

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